La denuncia de la diputada Elisa “Lilita” Carrió sobre la existencia de un “lobby” o una “mafia” de todo el sistema político para proteger a Julio De Vido tiene consecuencias y muestra distintas caras que irradian gran inquietud en todos los ámbitos, especialmente en los políticos, judiciales, empresariales, y en el gobierno nacional. Todo es muy serio porque Carrió siempre luce como la lapidaria “fiscal de la República”.
Hay acusaciones que tendrán que ser fundamentadas o aclaradas en los Tribunales. Y se entrelazan con el Lava Jato brasileño, esa hecatombe moral que ha tirado abajo a una jefa de Estado, impactando en un acrecentamiento de una recesión impresionante, en la desconfianza profunda y en grandes movilizaciones populares.
De Vido no fue un ministro más en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Estuvo a su cargo el universo de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina.
De pronto, un arquitecto de confianza de Kirchner que se había radicado hacía años en el extremo sur tentando suerte laboral se convirtió, sin tener los conocimientos indispensables, en el hacedor de las obras del Estado, de las construcciones, de los giros millonarios a provincias para determinados trabajos, que tuteaba a los gobernadores y éstos le rendían pleitesía. Manejó, como se sabe, miles de millones de dólares, cuyos destinos se siguen investigando, y esas indagaciones van todavía a mitad de camino o no se iniciaron. Y tuvo como funcionarios a sus órdenes a dos personajes (Ricardo Jaime y José López) que ya fueron enjuiciados severamente por corrupciones de todo tipo y color, más otros que están por ingresar en los pasillos del Palacio de Justicia.
Sin embargo, el dueño de aquel emporio, al cual cierto mundo empresarial le rendía pleitesía, un hombre que fue sorteando todos los obstáculos y acusaciones, ha salido hasta ahora indemne y bien parado sobre la tierra. Es sorprendente.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, admitió de inmediato que hay “sectores” de la política que protegen a Julio De Vido, tal como denunció Carrió. El presidente Macri ordenó avanzar “hasta las últimas consecuencias” para que aclare el supuesto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht en la Argentina. Por supuesto que Odebrecht, como se confirmó, entregó coimas millonarias, está demostrado y no tiene escapatoria. Se trata en especial de transacciones que se dan en el hemisferio sur o en países en desarrollo. La corrupción muestra todo su rostro.
Dos mujeres dirigentes del Frente Renovador y sus alianzas, la diputada Graciela Camaño y la dirigente Margarita Stolbizer, ex aliada de Carrió, le pidieron a la “fiscal de la República” que se hiciera cargo como integrante del Gobierno y se presente en la Justicia para dar elementos fundamentados y nombres.
En funciones, De Vido era aplaudido constantemente por los empresarios, en especial los de la construcción, que dependían de su poder en cientos de licitaciones, y por los gobernadores e intendentes. No era de extrañar que lo endiosaran, de espaldas a la opinión pública y cuidando, protegiendo y acrecentando sus bolsillos. Ellos, junto con la red de jueces, dirigentes partidarios, compañías extranjeras o argentinas y funcionarios de otras áreas de todo tipo de nivel, no querrían ser señalados como cómplices o pedigüeños si a De Vido una vez apresado le pidieran que rinda cuentas, aportando nombres comprometidos. Si todo esto fuera realidad, sería una afrenta nacional y a la Constitución. Y muchos fueron sus copartícipes.
Si se concluye que es verdad, este caso es la radiografía de la historia argentina. Gobernantes encargados de entregar favores, terratenientes que nunca pagaban impuestos, empresarios que crecieron inconmensurablemente al amamantarse de prebendas oficiales. Un país, como escribió Carlos Nino, fuera de la ley.
