El alzamiento de un sector de la policía bonaerense contra el orden constitucional, uno de los cinco hechos más graves desde la recuperación democrática marca un capítulo más en la saga de crear las condiciones objetivas para que un golpe blando se materialice en el país. Al igual que en Paraguay cuando se destituyó a Fernando Lugo, en Brasil con la caída de Dilma y en Bolivia con la destitución de Evo Morales (por citar los casos más próximos), el golpe palaciego está al orden del día en la región y nuestro país no es la excepción.
Y nuestras instituciones no están a la altura de la gravedad de lo acontecido. Si así lo estuvieran la exoneración de los cabecillas del alzamiento sedicioso sería una mínima respuesta del conjunto de la clase política frente al alzamiento subversivo. Lejos de esto, nada ha sucedido ni sucederá bajo la percepción de “no hagan olas” y que barriendo la basura debajo de la alfombra, la fiesta continúa. No lo hará.
Ha transcurrido el capítulo hasta hoy más dramático del camino a la desestabilización del gobierno constitucional y lo ha hecho sin pena ni gloria a punto tal que los medios opositores o no ni siquiera trataron el tema del alzamiento sedicioso en su gravedad real y se han dedicado a discutir la decisión del gobierno nacional de quitar recursos a la CABA adjudicados por decreto durante el macriato.
Un solo dato muestra la razonabilidad del decreto presidencial recuperando coparticipación: El presupuesto de la CABA es de 480.000 millones de pesos anuales para un distrito con una población de 2,9 millones de habitantes, mientras por caso La Matanza tiene un presupuesto anual de 10.000 millones de pesos para un distrito con 2,2 millones de habitantes. Así de asimétrica e injusta es la coparticipación actual de la CABA respecto al resto de las provincias, y para colmo, reiteramos, esa asimetría había sido incrementada por decreto presidencial.
Retomando el tema principal de esta columna, lo dijimos hace un mes en PERFIL. Cuando pierde elecciones la derecha conservadora argenta se repliega en los aparatos de medios y judicial, como garantía de continuidad de sus intereses, sus exigencias y su confrontación con el proyecto popular – democrático electoralmente triunfante.
Esta contradicción entre proyectos antagónicos está siempre sobre determinada, y hoy la contradicción dominante se instala en el aparato judicial asociado a los medios de difusión opositores, subordinado a los cuales se ordena y organiza la oposición política, nucleada fundamentalmente en la coalición de derecha conservadora Juntos por el Cambio.
De los aparatos judicial y de medios surge la “línea” de la oposición que, aunque no tiene “intelectuales orgánicos” activos que construyan su discurso e impulsen su práctica, tiene jueces y periodistas que cumplen esa estratégica función.
Descripto brevemente este escenario combinado de oposición – aparato judicial, de medios y coalición política-, volvamos a lo sugerido por Eduardo Duhalde oportunamente, advertencia que muchos supusieron equivocadamente producto de un estado de delirio cognitivo, permanente o temporal, del ex senador presidente.
En una perspectiva conceptualmente ampliada un golpe de Estado (calco del francés coup d’État) es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad.
Como vemos, de ninguna manera el coup d’Etat se reduce a una asonada militar. El fragote puede asumir diversas formas, incluso la de un formato aparentemente “constitucional”, vía acefalía u otros recursos bastante habituales en la región.
En esa etapa estamos: Se están creando las condiciones de un golpe blando en el país y desde hace mucho tiempo sabemos que la utilización de las fuerzas de seguridad en esta tarea es una estrategia muy habitual en la región y nuestro país no es la excepción como no lo fue en el pasado cundo los golpes militares dominaron el paisaje regional.
*Director de Consultora Equis.
