La denominada Ley Ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para su tratamiento incluye la derogación de la Ley 25.542 (Ley de Defensa de la Actividad Librera), que así se define en su artículo inicial: “Todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. La “liberación” del “precio de tapa” a raíz de la derogación despertó el rechazo de, prácticamente, todos los sectores de la actividad.
Al mediodía de ayer, la Cámara Argentina del Libro emitió un comunicado al respecto, al que adhieren: Capla, Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines; Calicha, Cámara Argentina de Librerías del Chaco; CALI, Cámara Argentina de Librerías Independientes; Calipacer, Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República; Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata; Caledin, Cámara de Libreros y Editores Independientes; Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires; FEL, Fundación El Libro; UEEA, Unión de Escritoras y Escritores de Argentina; SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Se destacan los siguientes párrafos:
“El establecimiento de un único precio para cada libro que se publique en nuestro país ubica a todas las librerías en situación de igualdad permitiendo la coexistencia y competencia en múltiples puntos de venta. La pluralidad y diversidad de librerías es fundamental para garantizar el acceso al libro y a la lectura en todo el territorio nacional. Caso contrario, son las grandes cadenas, plataformas y grandes superficies las que acaparan el mercado de venta del libro, eliminando a la competencia, concentrando el mercado, determinando qué se lee y por consiguiente, qué se publica”.
“Se introducen, así, tres principios: primero, la función de que las librerías deben desempeñar para garantizar que un bien cultural como el libro pueda llegar a quienes lo demanden; segundo, el rol que la librería debe asumir en la defensa de la singularidad de la cultura y de la industria que la promueve, y, tercero, el papel que las librerías mipyme y pyme tiene como motor económico local”.
“La ley contribuye a mantener la cultura del libro y la lectura. Al no competir principalmente en términos de precio, los editores y autores se centran en contenidos, incentivando la producción de libros de mayor valor y calidad y las editoriales pequeñas y medianas apuestan de este modo a la innovación en contenidos, y a la pluralidad de voces en la edición, lo que conlleva a una mayor participación de colaboradores en el proceso editorial en su conjunto. Esta medida también contribuye a la producción editorial local, la preservación del patrimonio literario y a la promoción de la lectura. Prueba de esto son las más de 500 editoriales pymes que producen material de calidad en Argentina y las más de 1.500 librerías a lo largo y ancho del país”.
Realiza, además, una comparación con la situación del mercado internacional del libro: “Son muchos los países del mundo que cuentan con leyes que establecen el precio fijo en la venta de libros, como Alemania, Francia, España, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Japón y Corea del Sur, entre otros. Estos países cuentan con industrias editoriales fuertes y desarrolladas, con una gran población lectora y velan por la preservación y desarrollo de las librerías pequeñas y medianas. Asimismo, podemos decir que la ‘ley de pvp” es actualmente modelo para otros países de nuestra región que están trabajando arduamente para conseguir un logro semejante (México, Chile o Colombia). Podemos además añadir que en países como Inglaterra, luego de que se derogó el acuerdo de precio fijo, desaparecieron un tercio de las librerías independientes”.
Un día antes, los organizadores de la Feria de Editores (FED) también emitieron un comunicado en contra de la derogación de la ley, que lleva la firma de más de 100 editoriales y librerías independientes, el mismo subraya: “La ley parte de la premisa de que las librerías son espacios fundamentales de la vida cultural y en la cadena de valor del libro. (…) Uno de los malentendidos más comunes es que, si se elimina la ley de precio fijo, el precio de venta al público cae, lo cual ha resultado falso en varios países (…) Los jugadores de mayor tamaño obtienen un gran descuento de parte de las editoriales en un primer momento porque ofrecen comprar volumen; luego, cuando han monopolizado una cuota de mercado mayoritaria, retiran ese descuento (caso Amazon) y fijan un descuento menor ante la falta de competencia. Este ciclo se observó en varios países”. Por último, la FED señala el “consenso acerca de la protección de las pequeñas y medianas librerías, como es el caso de Alemania, Corea del Sur, España, Italia, Japón, México, Noruega, etcétera. En Argentina, el consenso a favor de esta ley es ampliamente mayoritario”.
En un extenso mensaje de audio que difundió a través de las redes sociales, el editor Hugo Levin, miembro de La Fundación El Libro y titular del sello Hugo Benjamín, explicó la relevancia de la Ley 25.542 (sancionada en 2001), para mantener la bibliodiversidad en la cultura argentina: “Pone al librero en igualdad de condiciones con otros comercios que deciden sacrificar ganancia o ganar más cantidad de clientes. Hace más de 20 años el gran objetivo era impedir que las grandes cadenas de supermercados (o grandes superficies de venta) ofrezcan libros a precios de descuentos. No es que no puedan vender libros más baratos: para ello pueden comprar libros saldos de edición, o editar sus propios libros dentro de la ley, como lo hacen con productos a los que colocan su marca”.
