El Gobierno, afirmándose en su triunfo electoral, ha iniciado un ambicioso plan de acciones que, bajo el nombre de reformas, incursiona en aspectos de la mayor importancia de la organización del país.
Es un plan audaz, desde que el triunfo electoral no ha sido tan contundente como otros anteriores de sus adversarios, pero sin perder tiempo el Gobierno ha propuesto cambios en las áreas fiscal, previsional y laboral. Areas que comprometen severamente a las provincias argentinas, al conjunto de los habitantes, sean activos o jubilados, y a la clase trabajadora en sus derechos adquiridos.
Derechos que se han ido logrando a lo largo de muchos años y muchas luchas, y que incluyen el legado dejado por la doctrina peronista, que como sabemos tiene un fuerte sello en la cultura nacional.
El Gobierno ha sostenido negociaciones con los gobernadores en las cuales se considera triunfante, a pesar de que hay –más allá de discusiones jurídicas– una clara ventaja en favor de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente han llegado a un acuerdo que permitiría reformas fiscales en beneficio de las empresas, perjudicando a los profesionales y trabajadores independientes de la clase media, sector que contradictoriamente es la base de su voto.
Este es a cara descubierta, un gobierno integrado por empresarios ricos que tienen, lógicamente, mentalidad de empresarios ricos.
Hay hacia el futuro un castigo a la clase pasiva, a los jubilados y pensionados, que aportarán un enorme caudal de la Anses para la redistribución de dinero estatal planeada. Los aumentos a los jubilados y pensionados no tendrán la progresión que se había establecido con anterioridad, y que podemos afirmar que era de estricta justicia. Esta elección indica esa mentalidad ya mencionada: la vejez de un empresario rico no depende de su remuneración jubilatoria.
El Gobierno hizo propuestas muy amplias en las que muy claramente mostró su juego, o, si se prefiere decirlo así, “mostró la hilacha” de su mentalidad. Viene por todo, y lo anuncia, aunque haya modificaciones en algunos rubros –eso es propio de toda negociación–. Pero muestra cuáles son sus objetivos, de los cuales ésta es solamente la primera etapa. Con paciencia y considerando que tiene largos años por delante, irá tratando de imponer su paquete completo. Tiene tiempo hasta 2023... por lo menos, según su estimación.
Claro que esto es un primer escarceo, y las cosas no son lineales. Las propuestas tienen que ir al Congreso nacional, y allí deben ser ratificadas por los representantes del pueblo y los de las provincias. Seguramente habrá objeciones y modificaciones que pueden ser importantes. Y habrá la esperada protesta social: manifestaciones callejeras, actos, declaraciones, presiones, acaso huelgas.
El avance sobre los derechos de los trabajadores tiene una larga historia, no sólo durante la dictadura, sino también desde Alfonsín, Menem y De la Rúa. Y los trabajadores se abroquelan en la CGT y en los respectivos gremios para la tormenta que se viene. Lo primero es la defensa del derecho laboral de inspiración cristiana, que considera desigual la relación empresario-trabajador, al ser este último el eslabón débil. Y de allí la defensa de la representación gremial, los convenios colectivos, las horas extras y las indemnizaciones por despido, entre otros institutos. Así como las obras sociales sindicales, que garantizan la salud de los trabajadores.
Para los empresarios sería conveniente que el salario se discuta hombre a hombre, que las horas del trabajo estén a su disposición –sin considerar descanso o vacaciones– y que el despido no obtenga remuneración. Pero eso es antediluviano, y sobre todo, antiperonista. De allí que el Movimiento nacional defienda irrenunciablemente el derecho laboral, a los trabajadores y trabajadoras y a los jubilados.
Defender la fuerza de los gremios y de la CGT es algo fundamental para el país.
*Poeta, crítico literario y ensayista.
