Si no fuera por lo dramático de sus consecencias, lo sucedido hace un año en la Argentina bien podría haber sido catalogado como uno de los chistes de mal gusto que solían hacerse durante los 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Dicho sea de paso, una práctica absolutamente inadecuada para la esencia de la conmemoración, que se refiere a la matanza ordenanda por el rey Herodes I de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, con el objetivo de eliminar a Jesús. Pero volvamos a la actualidad.
El hecho político vernáculo en cuestión fue la conferencia de prensa de aquel jueves 28 de diciembre de 2017, en la que hablaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el ministro de Finanzas –cargo que no existe más–, Luis Caputo, y el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Anunciaban el nuevo índice de inflación para 2018 –iba a estar entre el 15% yel 17%– y las proyecciones para los años subsiguientes –10% para 2019, 5% para 2020% y casi cero a partir de 2021. Todo –absolutamente todo– fue un error.
El año pasado terminó en un clima de cierta euforia. El oficialismo había ganado las elecciones y la mayoría de la dirigencia política–incluyendo la opositora– daba por descontado que nada podría frenar la reelección de Mauricio Macri. Nada de aquella euforia ha quedado ni en el Gobierno ni en la mayoría de la ciudadanía. El fin de año transcurre en medio de una retahíla de anuncios que perjudican fuertemente el bolsillo del ciudadano de a pie: aumento del costo del transporte público, aumento del gas, aumento del agua y aumento de la electricicdad.
Otra vez. En la semana que pasó, el riesgo país escaló hasta los 837 puntos. De ese número elevadísimo, que aleja a la Argentina de cualquier posibilidad de acceso a créditos a tasas de interés que no superen el 4% o 5%, un 5% se le puede atribuir al contexto internacional, otro 5% a los mercados emergentes y la renta financiera, y el 90% a la política económica interna. La Argentina tiene este altísimo riesgo país por cuestiones locales, que son la suma –imposible de medir– de la mala praxis del gobierno de Macri y de la herencia de Cristina Fernández de Kirchner, verdadero combo que no hace más que repetir los vicios de la economía y la política de una buena parte de la historia nacional.
En los hechos, el que ahora se ha hecho cargo de la política económica en Argentina es el Fondo Monetario Internacional.
Y esto –más allá de las chicanas de la oposición– es la estricta verdad. Fue así en junio, cuando el Fondo cometió su propio error al subestimar la dimensión de la crisis y luego, ya más severamente, en septiembre, momento en el que armó un programa muy ortodoxo, muy difícil de violar, con información de carácter diario al Fondo. En este contexto, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía tienen muy poco por hacer.
Lo que el Fondo Monetario pide ahora en términos de ajuste recesivo tiene dos aspectos importantes a señalar: el primero es que no se lo puede incumplir porque de su cumplimiento depende la llegada del dinero que es fundamental para evitar el default; y el segundo es la corrección de lo que no se quiso hacer en el año 2016. Recuérdese que ese año se pasó en medio de una discusión sobre si aplicar políticas de shock o políticas gradualistas, discusión que tuvo algún sustento porque varios alocados rentistas del exterior financiaron a la Argentina dos años a cambio de ganacias que no se obtenían en ninguna otra parte del mundo. Los que dentro del oficialismo advirtieron sobre lo peligroso de este esquema que ya había fracasado en otras gestiones –que no era poco– fueron catalogados de pesimistas o de antigobierno.
De la misma manera, hoy es muy difícil para aquellos mismos inversionistas alocados, pseudoarrepentidos, pensar a favor de algo para Argentina, porque le han hecho la cruz.
La carga impositiva, sacando la “anécdota” reciente de las retenciones y del impuesto a la renta financiera, es la misma que dejó CFK y que Macri no pudo o no quiso bajar. Cuando el tándem de Dujovne y su viceministro hicieron la reforma tributaria muy mediocre y modesta el año pasado, no daba nada, porque en verdad ningún impuesto se puede bajar cuando se tiene el agujero fiscal de nuestro país. Es imposible de bajar.
Nueva baja. La renuncia del secretario de Energía, Juan Carlos Iguacel, es una anécdota más de un gabinete que ha mostrado desde el inicio mismo de la gestión una absoluta disfuncionalidad de su área económica.
Su personalidad extrovertida, su avidez de protagonismo y sus diferencias con Dujovne fueron su “tumba” política. Claro que no todo es culpa suya. A nadie se le ocurre pensar que haya hecho el anuncio de los aumentos sin una venia del Presidente. Al ahora ex secretario de Energía le ha pasado lo mismo que a su predecessor, Juan José Aranguren: exhibir una absoluta falta de estrategia y visión política para manejar el complicado asunto de los ajustes tarifarios, que nadie discute en cuanto a su esencia pero que una mayoría rechaza por el cómo de su instrumentación.
La vuelta a los primeros planos de Marcos Peña y de Gustavo Lopetegui muestra que la campaña electoral ya está en marcha. La incompetencia de gestión Peña está fuera de toda duda y la falta de perspectiva política de Lopetegui, también.
El “señor Excell” –como lo llaman varios de los miembros del gabinete nacional– goza de poca simpatía y aprobación en muchos despachos de la Casa Rosada y sus adyacencias.
Solo la manifiesta desarticulación de la oposición y el factor CFK hacen que el Gobierno aún mantenga la esperanza de tener alguna chance de ganar la elección presidencial del año que está a punto de comenzar.
El peronismo unido estaría hoy en condiciones de alcanzar la victoria. Pero la ex presidenta lo divide, así como divide profundamente al resto de la sociedad argentina. Esa es la apuesta casi excluyente del Gobierno.
Producción periodística: Lucía Di Carlo.
