La lectura de la plataforma electoral de La Libertad Avanza con que este espacio político ganó las elecciones nacionales muestra una preocupante liviandad. Las propuestas programáticas son del tipo “la energía es el motor indispensable para el crecimiento económico”, una obviedad que revela pereza intelectual, pero además una alta subestimación del electorado. Es un síntoma de los tiempos políticos de Argentina en el siglo XXI. Los debates entre candidatos no aportaron demasiado: no hubo voluntad de ir el meollo de los problemas. Sergio Massa preguntando reiteradas veces por sí o por no lo que él no hubiera podido contestar, y el presidente electo esquivando respuestas con la maestría de un Nicolino Loche.
En energía solo algo quedó claro: Javier Milei no cree en las causas antropogénicas del cambio climático. Esto lo emparienta con Jair Bolsonaro y Donald Trump y con las posturas negacionistas de las corporaciones ligadas a la producción de carbón e hidrocarburos. Para tener una opinión definitiva hay que esperar al 10 de diciembre, y hacer una lectura profunda del discurso ante la Asamblea Legislativa, que esperemos que sea leído.
Es fundamental prestar atención a la posición explícita que adopte el presidente electo en materia de cambio climático –y en caso de ser esta positiva–, este debería informar al Congreso de la elaboración y el envío de un “plan de transición energética de largo plazo”, que contemple las inversiones en obras y desarrollos futuros, y su financiamiento.
El programa energético del futuro gobierno de Javier Milei –que comienza en solo ocho días– presenta todavía incógnitas de una magnitud inconmensurable. Ante la realidad de lo todavía indefinido, existe la posibilidad de un salto al vacío de consecuencias imprevisibles, pero paradójicamente, también existe la posibilidad de que nada ocurra por falta de ideas y de capacidad para hacer algo útil.
Me propongo en este artículo poner sobre el tapete algunas cuestiones relevantes que deberían ser aclaradas por el presidente electo al asumir su mandato.
La primera y más importante por su impacto internacional es definir su propia posición técnica y política frente al cambio climático (CC) y sus causas. Milei se autodefinió en el primer debate de candidatos como un “negacionista del cambio climático”, toda vez que aseguró que no ha sido causado por acciones humanas. De esta afirmación, que considero audaz y temeraria, se podría inferir que nuestro país no cumplirá con los acuerdos de la COP de París (2015) de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este caso, Argentina se expone a represalias de diverso tipo de la comunidad internacional que podrían ser muy negativas para nuestra economía. Si esto no fuera así, lo mejor sería que el presidente electo aclare este punto “urbi et orbi” en la Asamblea Legislativa.
En otro orden de ideas, Milei ha afirmado a través de medios periodísticos que aspira a una privatización de YPF. Esta afirmación, todavía ambigua, encierra grandes interrogantes, teniendo en cuenta que YPF es una empresa cuasi monopólica en el abastecimiento nacional de naftas y gasoil con una participación en el mercado nacional del 60% del total. En la actualidad, YPF es una empresa en la que la voluntad empresarial se concentra en la mayoría de acciones que posee el Estado nacional (51%) siendo el 49% perteneciente a inversores privados. Está contraindicado, y es realmente inconcebible, que el presidente electo haya hecho este anuncio sin haber reparado que –de no haber ciertas salvaguardias ex ante– estaría privatizando y –posiblemente extranjerizando– un fuerte monopolio. Es importante que Milei sea asesorado sobre los pormenores del histórico fraccionamiento de la empresa Standard Oil de Nueva Jersey en los Estados Unidos en 2011 en función de la ley antitrust (ley Sherman). Quizá cambie de opinión.
La situación heredada. Es alarmante el desequilibrio que hereda el nuevo gobierno en materia de subsidios energéticos, que es de similar magnitud al que dejó el gobierno de Cristina Kirchner el 10 de diciembre de 2015. Se trata de un problema sistémico y su solución requerirá de un programa específico y sofisticado de fijación de tarifas justas que el nuevo presidente debería anunciar al menos en sus lineamientos. La experiencia indica que deberían evitase errores del pasado a la hora de intentar solucionar el problema.
Otra herencia negativa que recibe el nuevo gobierno es un déficit crónico de inversión en infraestructura energética; que abarca: a) la generación eléctrica; b) el transporte eléctrico en alta y extra alta tensión; c) las redes de distribución eléctrica en el AMBA; d) gasoductos. El déficit de inversión se debe a los desequilibrios de la economía energética basada en el congelamiento tarifario prolongado en contextos de altísima inflación de los últimos 13 años.
La definición de un plan de reducción de los subsidios para la electricidad y el gas natural debe consistir en: a) focalizar subsidios en la población en estado de pobreza y pobreza extrema; y b) la reducción programada del resto de los subsidios hasta su total extinción.
En este contexto, uno de los anuncios que sería deseable del nuevo gobierno es la eliminación por ley del Congreso de los subsidios al gas, “falsamente denominado subsidios al gas en zonas frías”, que fue sancionado por el Parlamento argentino con el voto mayoritario de los legisladores de ambas cámaras parlamentarias. En este caso, se pondrá a prueba la “muñeca presidencial” teniendo en cuenta que solo cuenta con 38 diputados y siete senadores nacionales. El subsidio al gas debería mantenerse para la Patagonia, algunas localidades del sur de las provincias de La Pampa y Mendoza y la zona cordillerana, donde las temperaturas son similares a las de la Patagonia.
Uno de los más importantes desafíos de la nueva gestión será sin duda asegurar y controlar precios de competencia de la energía, asegurando que estos retribuyan costos económicos auditados en el caso de los servicios públicos regulados, o que se alineen con los precios de frontera y que no existan conductas monopólicas en perjuicio de la población abastecida. Los costos de los servicios públicos deben ser monitoreados y auditados por el Estado concedente de estos.
Asimismo, debe ser eliminado todo tipo de subsidio a la oferta de hidrocarburos en el mercado interno que redunde en un beneficio corporativo, y en perjuicio del interés de los consumidores del tipo “barril criollo” o “plan gas”, excepto que este resulte de un estudio de costos objetivo y auditado o resulte inferior a los precios de importación del producto a subsidiar.
El nuevo gobierno debería promover el uso de los biocombustibles en tanto y en cuanto sean producidos en forma “certificada”, y que no sean producto de la tala indiscriminada de bosques nativos. El nuevo gobierno deberá generar los incentivos para promover la mezcla de biocombustibles certificados en el parque automotor privado y en transporte público para contribuir a la mitigación del cambio climático.
Un sistema energético que requiere una profunda reorganización y reforma y, por otro lado, necesita inversiones cuantiosas que aún no han sido debidamente cuantificadas, porque no existe un plan estratégico de largo plazo que las haya estimado en forma razonable. Es condición necesaria para su materialización un saneamiento económico general, equilibrios fiscales, la eliminación de la inflación crónica, la existencia de un mercado de capitales nacional que canalice hacia la inversión productiva, el ahorro de los argentinos y la recuperación del crédito externo.
Dentro de ese contexto, la reorganización debe incluir una reforma del funcionamiento de Cammesa, cuya función debe concentrarse en la realización del despacho nacional de cargas y en administrar el mercado. Cammesa debe abandonar el rol central que ejerce de canalizador serial de subsidios estatales. Al mismo tiempo debe cesar en forma inmediata la intervención de los entes reguladores ENRE y Enargas, y proceder a cubrir las vacantes de los respectivos directorios mediante concurso público de acuerdo con lo previsto en la legislación. Debería asegurarse la independencia de los directores de los entes reguladores de los partidos políticos y de cualquier otro poder corporativo, para impedir la cooptación de voluntades de los directores, un verdadero mal a erradicar de la política argentina.
Finalmente, hay dos temas pendientes de resolución que debería encarar el presidente electo: 1) proceder a revertir al concedente las concesiones hidroeléctricas otorgadas en 1993 conforme a lo establecido en los contratos respectivos; y 2) realizar una auditoría de lo actuado por el Estado nacional en la expropiación de YPF y determinar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes en las anomalías dirimidas en la Corte de Nueva York.
* Exsecretario de Energía. Presidente del IAE Gral. Mosconi.
