El trío que forman Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui constituye una barrera inexpugnable que complica la comunicación con Mauricio”, reconoce con expresión de fastidio un dirigente que pertenece a la génesis del PRO, y agrega: “Recién después del sacudón producido por el asunto del Correo, lo observé (a Macri) con actitud de escucharnos a todos”. El Correogate le ha pegado duro al Gobierno. Más allá de las explicaciones hasta aquí dadas, una encuesta que maneja el entorno del Presidente le muestra una caída de su imagen que rondaría los nueve puntos junto a un efecto colateral que agrava la preocupación: también la imagen de María Eugenia Vidal se ve perjudicada por el affaire. Por eso, el lunes pasado, antes de partir hacia España, Macri se reunió con una mesa chica para realizar un análisis político del nuevo escenario que ha generado el escándalo del Correo, que se vio aun peor por el caso de Avianca, la low cost que comenzará a operar en el mercado aerocomercial argentino, en el que aparece involucrado otra vez Franco Macri. Participaron de ese núcleo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Como ocurre en todo gobierno, a éste también lo atraviesan las inevitables alternativas de las internas. La puja de egos de la actual administración es mucha. Como lo describe el testimonio con que abre esta columna, el trío Peña-Quintana-Lopetegui genera la tirria y el enojo de la mayoría de los miembros del gabinete. “Les falta calle y, encima, son soberbios”, se quejaba días pasados un encumbrado ministro. Quienes han hablado con el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, le han escuchado adjudicar el innecesario conflicto con la Asociación Bancaria a la miopía de Gustavo Lopetegui.
El viaje a Madrid puso a Macri frente a una realidad compleja: relanzó la relación bilateral severamente dañada durante los doce años del kirchnerato y cosechó la aprobación de la crema empresarial española. Sin embargo, no hubo ninguna concreción significativa ni atisbo de que la vaya a haber en el futuro inmediato. La razón es muy simple: la incertidumbre política. El de Macri es un gobierno débil desde el punto de vista de su poder institucional. Es el primero que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, no domina ninguna de las dos cámaras del Congreso y que enfrenta la necesidad de asegurar una perspectiva de permanencia en el poder para concretar los cambios estructurales a los que aspira. Para eso debería contar con una cuota de poder mayor –no para imponer sino para negociar acuerdos con las fuerzas de la oposición– sobre los planes que tiene para la Argentina después de doce años de un gobierno populista. Esta incertidumbre política es la que está frenando las inversiones que requiere el país para reactivar una economía que no termina de arrancar. Para el oficialismo, las elecciones legislativas de octubre venidero serán claves. Si no gana, la gobernabilidad de sus dos últimos años de gestión será muy difícil.
Los indicadores económicos no les sonríen ni al Gobierno ni a la gente. La actividad industrial en enero cayó un 1,1%, el costo de los alimentos no para de subir. En muchos casos, el plan de precios transparentes no ha servido ni para hacer los precios transparentes ni para que bajen. Muy por el contrario, hasta aquí los más favorecidos son los que más tienen. A todo esto hay que sumar los despidos y los aumentos de las tarifas, fente a los que algunos funcionarios se colocan como si fueran simples comentaristas de la realidad.
En el diálogo que Macri mantuvo con Mario Vargas Llosa en Madrid, mencionó el caso Odebrecht. “Nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como el caso Odebrecht”, dijo. Las novedades judiciales en la Argentina en las que ya están implicados Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez tienen como uno de los funcionarios bajo sospecha al titular de la Agencia Federal de investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. En la causa que lleva el fiscal federal Federico Delgado, se espera mayor celeridad de parte del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
El Lava Jato avanza en toda América Latina menos en la Argentina. Hay falta de acción de todos los costados. En lo judicial pareciera ser el único lugar donde no hay grieta.
Los arrepentidos están contando todo en Brasil, uno de los que hablan es el CEO para Argentina, lo que debería hacer Canicoba Corral es pedir al país vecino interrogarlo. Pero en la Argentina los jueces no pueden hacer pedidos al exterior directamente: como son relaciones de Estado a Estado, se hace a través del Poder Ejecutivo, vía Cancillería. El acuerdo que se firmó en Brasil sostiene que los arrepentidos van a colaborar con todos los países que se vieron involucrados. Dicho acuerdo es de colaboración recíproca hasta junio; si alguien quisiera demorar las cosas, sólo lo lograría hasta esa fecha. De todos modos, antes, la Argentina podría pedir el interrogatorio y automáticamente se lo darían. Hay que comparar con Panamá y Colombia, en donde hubo avances que aquí brillan por su ausencia.
Leonardo Meirelles, el operador cambiario “arrepentido”, declaró haber transferido US$ 594.518 mediante cinco transferencias a la cuenta de Arribas en el Credit Suisse, utilizando para hacer el depósito una empresa que la Justicia brasileña ya dictaminó como “fantasma” constituida solamente para pagar sobornos. Lo único que habría que linkear es si esas transferencias tienen vínculo o no con el soterramiento del Sarmiento. Hay que recordar que uno de los socios de la obra es Angelo Calcaterra, primo de Macri. El enlace no es difícil de hacer. Si la plata de Suiza no hubiese llegado a la Argentina, el delito no se juzgaría acá, pero sí en Brasil.
Envalentonados por estos avatares judiciales que complican al Gobierno, un grupo de 15 diputados del Frente para la Victoria decidió pedir el juicio político de Macri por “responsabilidad en el mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Resulta curiosa esta iniciativa visto lo que fueron los doce años del kirchnerato, plagados de delitos de corrupción frente a los que ninguno de los firmantes nada hizo. Es, una vez más, la evidencia contundente de la doble moral del kirchnerismo.
Producción periodística: Santiago Serra.
