El actual modelo extractivista-financiero es un sistema que explota y lastima a los pueblos, que sobreexplota la naturaleza, expandiendo los límites productivos, imponiendo actividades no decididas por los habitantes de los territorios y creando enclaves financieros contrarios a las relaciones y prácticas de las economías locales preexistentes. Cree que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos y no respeta las políticas de vida de comunidades indígenas, campesinas y poblaciones que sufren la segregación económica y espacial tras el velo del crecimiento económico. Un modelo que se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad, y con criminalización y represión del que piense distinto, abriendo así un nuevo capítulo de violación de derechos humanos básicos.
La técnica experimental de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) es una de las caras extremas de este extractivismo que corre todo el tiempo sus fronteras, consolidando además una matriz energética basada en los hidrocarburos, postergando indefinidamente el desarrollo de energías alternativas y compatibles con los ciclos de la naturaleza.
Por estas razones el fracking ha sido prohibido en Francia, en Bulgaria, en Vermont (Estados Unidos) y en Québec (Canadá). Además, se han dictado moratorias (suspensiones) por el principio precautorio en el estado de Nueva York y diversas regiones de Europa. También fue prohibida en una decena de municipios de nuestro país.
Y la elegida en la Argentina para desarrollar a gran escala esta técnica tan cuestionada fue la corporación Chevron, quien cometió, en Ecuador, delitos que técnicamente pueden considerarse como de “lesa humanidad”. Allí arrasó durante treinta años con más de 500 mil hectáreas de la Amazonia ecuatoriana e hizo desaparecer comunidades y ecosistemas enteros. Por ello fue sentenciada a pagar, luego de 16 años de disputa judicial, la suma de 19 mil millones de dólares, la mayor condena ambiental de la historia.
Bajo el paradójico título de “Soberanía hidrocarburífera” y con la misma pluma que la leonina legislación minera de la década de los 90, la Presidenta de la Nación dictó el decreto 929/13 que otorgó una serie de beneficios impositivos, tributarios y financieros que serán una pesada carga difícil de desmontar en el futuro. Este decreto junto al acuerdo celebrado con Chevron para la explotación en Neuquén del yacimiento Vaca Muerta (el emprendimiento de hidrocarburos no convencionales más grande de la Argentina) se convertirán prontamente en los mayores símbolos de entrega de soberanía de la última década.
Pero la crítica no sólo debe estar posada sobre el Gobierno nacional. La denominada centroizquierda –u oposición mediática– hace alianzas con el radicalismo, que es uno de los mayores impulsores del fracking en Neuquén (y en provincias como Mendoza); la vieja izquierda sólo reclama “nacionalización” o “control obrero”; y otros piden simplemente “mayor control público”. Ninguna cuestiona el modelo de (mal) desarrollo que se esconde atrás del fracking, no se trata solamente de quién se apropia de la renta.
Con sus luchas, quienes nos están marcando un camino son las asambleas, comunidades indígenas y pueblos que defienden sus territorios. Ellos están reconstruyendo y resignificando conceptos elementales para saltear la encrucijada que nuevamente el capital transnacional puso sobre la región: derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, vivir bien, justicia ambiental, eco-socialismo, bienes comunes, alternativas al desarrollo. Estos lenguajes, que parecen tan ajenos a la agenda mediática/política de nuestro país, forman parte del diálogo cotidiano de estos pueblos.
Con esa inspiración resulta imperioso que promovamos un serio debate sobre la relación con la naturaleza (en realidad como parte de ella), que permita superar la concepción del desarrollo como crecimiento infinito y el modelo extractivista como si fuese un destino inevitable. ¿Estamos preparados para darlo?
*Ambientalista. Candidato a diputado nacional por Nueva Izquierda.
