En La política como vocación, el sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) define el Estado como “…aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí, el monopolio de la violencia física legítima”. El ejercicio de ese monopolio tiene su base de sustento en la noción de legitimidad que convalida la utilización de la violencia.
Un Estado se vale del poder para ejercitar los atributos conferidos por el propio pueblo. La sumatoria de individualidades da origen al pacto, acuerdo o contrato social entre gobernantes y gobernados a través del cual las personas ceden derechos en pos de ser garantidos por el Estado.
Buscar justicia por mano propia ya no es válido, castigar infractores tampoco, legislar mucho menos. El Estado toma ese rol y se convierte en garante absoluto de la vida y bienestar de los individuos.
La serie de medidas que hoy está impulsado el gobierno deben ser analizadas a la luz del tipo de Estado que se intenta forjar.
Aumento de tarifas de servicios públicos, inflación, despidos, reclamos salariales, salir del status “país en default” para volver al mercado financiero mundial permiten repensar en qué medida la escasez de recursos se asocia a la búsqueda de éxito en la gestión. Hoy, el aparato burocrático estatal enfrenta el desafío de hacer más con menos. ¿Cómo convertir en palpables, logros materiales tornando más eficientes los recursos con los que se cuenta? La competencia pareciera casi desleal: la escasez restringe capacidades dejando límites porosos entre opciones y estrategias. Quienes quedan al descubierto son los propios gobernantes que asumieron montados en el discurso cuasi motivacional de la esperanza y hoy deben explorar vías alternativas frente a la carencia de recursos presupuestarios.
Para Oscar Oszlak, la escasez de recursos financieros no es un obstáculo para la innovación o la reforma del Estado; pero tampoco su afluencia es condición necesaria y suficiente para lograrlas: “Más que en términos monetarios, las innovaciones y reformas estatales en la Argentina han probado ser bastante más costosas en términos de vencer resistencias, transformar culturas o asumir seriamente responsabilidades por los resultados de la gestión”.
Bajo este contexto, indudablemente estamos en vísperas de una necesaria reforma holística cultural: pautas, modus operandi, lógica del esfuerzo, liderazgo y capacidad visionaria.
La administración presidencial impulsa políticas y en ocasiones frente al cuestionamiento social se retracta o bien lanza contra medidas para apalear las posibles desavenencias sectoriales. La comunicación es el canal por excelencia a la hora de alcanzar un resultado acogedor frente a políticas que moverán estanques de aguas en estado latente. Reglas claras, progresividad en las medidas, identificación y certeza en el grado de afección que recaerá en los sectores sociales, impacto económico en el sector productivo son algunos de los aspectos no sólo para evaluar sino para comunicar a la hora de lanzar cambios en la gestión.
Los extremos siempre son malos. Podemos pensar en un Estado con funciones reducidas a su mínima expresión: administración de justicia, defensa y seguridad, relaciones exteriores, educación, salud. Apenas cinco carteras ministeriales y, por el contrario, en un modelo hiperestatal. La utopía leninista de extinción del Estado no prosperó. La del liberalismo absoluto tampoco. Los extremos constituyen vicios. Es preciso el término medio aristotélico.
El gigantismo no necesariamente es condición de eficacia. La anemia es la antesala al raquitismo. La medida justa es el desafío para un líder que sabe tomar decisiones pero que previamente cuenta con un mapa mental de los riesgos que conlleva y los actores que podrían resultar perjudicados. Toda medida pide para sí costos a pagar. ¿Qué sucede cuando el costo social es mayor al beneficio esperado?
(*) Analista Política Nacional e Internacional. Magister en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA). En Twitter: @GretelLedo
