La presión impositiva desmedida y el agobio burocrático generalizado sentaron a los fundamentos de la política económica de las últimas dos décadas en el banquillo de los acusados. Tanto como la década de la convertibilidad fue caricaturizada como la culpable la megadevaluación con default del año 2002. El péndulo de la opinión pública careció en aquel momento como ahora de interlocución en el liderazgo que quienes se supone que, por su situación, su capacidad para tener más información y una visión de largo plazo pueden conversar y convencer a la ciudadanía que luego emite su juicio a través del voto.
Este año electoral-presidencial, la economía vuelve a estar en el centro de la escena. Es lógico: no solo por transitar una dinámica inflacionaria que ya traspasó con comodidad la barrera psicológica del 100% anual (132% da la proyección del promedio enero-mayo para todo 2023), sino también porque el ingreso por habitante está aún un 15% debajo de cuando comenzó esta fase de la crisis en 2018.
El argumento oficial de la pandemia, primero, de la guerra en Ucrania después y la sequía récord del último año, no alcanza a disimular el fracaso de los postulados con los que el gobierno que asumió en diciembre de 2019 abordó lo que parecía una situación terminal.
La gran paradoja se da con el sector agroindustrial: vinculado con expresiones políticas “opositoras” y demandantes de cambios radicales en los fundamentos del esquema cambiario y tributario, terminó generando las divisas con que el Gobierno terminó haciendo distribución de ingresos y recursos para un perfil industrial que no terminó de despegar. Y cuando se secó su aporte, toda la economía sufrió la escasez de dólares y se ralentizó la reactivación de todos los sectores vinculados. Una calamidad que puso un ladrillo en la construcción que ese gran motor pretende hacer para el futuro próximo: traducir en poder de influencia en la construcción de las políticas públicas de la importancia que mostró el sector tiene en la dinámica de toda la economía.
La peculiaridad que, además, tendrá esta campaña electoral es que el ministro de una economía en terapia intermedia será uno de los participantes con chances de tomar la posta en el próximo turno. Pero a diferencia de otros ministros exitosos (Luis Arce, en Bolivia o el paradigma de la región, Fernando Cardoso, en Brasil), Sergio Massa ingresará a la arena política mostrando las dificultades que tuvo que atravesar y su posición como reaseguro frente al descontrol.
Es muy difícil y sería un milagro que pudiera mostrar, de acá a octubre, números positivos de toda una gestión. Su efímera antecesora Silvina Batakis ya expresó, en una entrevista que ayer publicó PERFIL, que el rebrote inflacionario sobrevino cuando Martín Guzmán renunció sin acuerdo previo. ¿Será un nuevo chivo expiatorio o es parte de la intrincada interna oficialista?
Otra característica de este tiempo político que, para los vientos antiintervencionistas, para desmontar lo que se considera una estructura del estancamiento se requerirá de los oficios de “expertos en mercados regulados”, como acuñó el ex CEO de Repsol al referirse a los empresarios argentinos habituados a transitar pasillos de ministerios y agotar el juego de favores que la política le viene ofreciendo desde hace años.
La misma idoneidad profesional que los defensores acérrimos del “Estado presente” deberían haber exigido como condición necesaria para poder llevar a buen puerto su proyecto estatizante e intervencionista.
La magia y las personalidades providenciales pueden servir para una aparición pública fulgurante o aun para ganar una elección, pero, al menos en el caso de Argentina, probaron su inoperancia a la hora de cumplir con sus promesas electorales. Una lección aprendida que debería ser compartida por toda aquella agrupación que pretenda imprimir un cambio sostenido en el tiempo.
