La política democrática empezó a moverse esta semana para lograr que en la Argentina sea delito negar el terrorismo de Estado. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició el miércoles pasado una discusión que concluirá el próximo martes. De esa forma, el 7 de noviembre será un día histórico: legisladores de distintos espacios políticos, junto a representantes de organismos de derechos humanos, académicos y especialistas en investigaciones de pasado reciente tienen previsto anunciar la presentación de un proyecto de ley unificado para que el negacionismo pueda ser penado en nuestro país.
Se trata, sin dudas, de una excelente noticia para celebrar las cuatro décadas ininterrumpidas que este año celebra la democracia en la Argentina.
El objetivo que se proponen los representantes de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio, de Hacemos por Nuestro País y del Frente de Izquierda es encontrar un consenso entre los distintos proyectos de ley que se han presentado en los últimos años, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para poder sintetizarlos en una sola propuesta que permita condenar el negacionismo.
Si esto se confirma, dirigentes de las principales coaliciones políticas que llevaron candidatos presidenciales a competir en la primera vuelta estarían representados para combatir los discursos que niegan los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Solo quedarían afuera de esta iniciativa los que militan en La Libertad Avanza y los miembros del PRO que se aliaron con los libertarios.
En ese sentido, la discusión política busca que la reciente división de Juntos por el Cambio no impida que legisladores de la principal fuerza opositora puedan participar de esta propuesta en defensa de la Constitución y el sistema republicano. Es por esa razón que representantes de la Coalición Cívica ya formaron parte de este debate y se está convocando también a dirigentes de la Unión Cívica Radical para que se sumen a esta fundamental discusión pública y parlamentaria. El legado de Raúl Alfonsín y su prédica democrática, que incluyó la creación de la Conadep y el respaldo al Juicio a las Juntas, así lo amerita.
El martes 7 puede ser un día histórico: hacia una ley contra el negacionismo.
Hasta el momento hay seis proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso, a los que ahora se sumarán dos nuevas iniciativas. La discusión entre las distintas resoluciones apunta a resolver cuatro cuestiones clave: cuál será la pena por negar el terrorismo de Estado; si la condena afecta solo a funcionarios o también a civiles; cuál será el organismo encargado de velar por el cumplimento de la ley; y cuál es la capacitación que deberá impartir el Estado para contrarrestar el delito de negacionismo.
Alemania, Francia, Bélgica y Suiza fueron los primeros países en penalizar los discursos negacionistas durante la década del noventa. En 2008, una decisión del Consejo de Europa llevó la decisión a un nivel regional, y desde entonces todos los países del bloque europeo penan el negacionaismo. Fuera del continente, la negación del terrorismo de Estado está condenado por ley también en Israel, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Camboya.
De esta manera, Argentina podría convertirse en el primer país de América en impulsar una reglamentación en defensa de los derechos humanos y el respeto al orden democrático.
Los proyectos de ley que ahora se discuten en el Congreso argentino coinciden en advertir que la criminalización del negacionismo plantea una serie de aspectos problemáticos, entre los que se destacan: la determinación de cómo decide cada ciudadano relacionarse con el pasado reciente; los alcances de la libertad de expresión; la armonización del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión, con las disposiciones convencionales en la lucha contra la discriminación y las formas de intolerancia; el cuestionamiento de la utilización de reglas de enjuiciamiento criminal para realizar las exigencias del derecho a la verdad; y los déficits en la construcción de la lesividad en estos delitos, al sostener que no se puede verificar que estas expresiones atenten contra un interés o derecho ajeno.
Argentina podrías ser el primer país de América en condenar el negacionismo.
La idea de los diputados y senadores es que los próximos días sea aprobado en la Comisión de Derechos Humanos el dictamen favorable del nuevo proyecto legislativo. Luego será necesario saber si se deberá ampliar la discusión a otras comisiones parlamentarias y, por último, también debería reformarse la legislación penal competente. Por lo que la futura discusión de una ley contra el negacionismo en el recinto parlamentario no podría darse antes del balotaje que se realizará el 19 de noviembre.
En ese caso, un flamante presidente electo conocerá entonces si será delito negar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina entre 1976 y 1983. Y, cuando asuma el próximo 10 de diciembre, lo esperará también un nuevo escenario político, ya que los legisladores de La Libertad Avanza tendrán un impulso muy fuerte en el próximo Congreso.
En su tesis doctoral, Negacionismo y derecho penal: el rol del derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado, la abogada y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, Valeria Thus sostiene que luego de los genocidios de Auschwitz, Armenia, Camboya, Ruanda, Bosnia, Bangladesch, a los que también hay que sumar los cometidos por las dictaduras de Sudamérica, se inició un debate en la jurisprudencia internacional sobre la relación que se establece entre el deber de la memoria y el derecho penal, a partir de un par de interrogantes fundamentales: ¿puede un Estado exigir que las personas reconozcan y no banalicen las violaciones a los derechos humanos cometidas por ese propio Estado en el pasado? ¿Es posible criminalizar ese negacionismo?
Se trata de dos cuestiones que vienen marcando el debate sobre cómo actuar frente al pasado y, lo que es aún más importante, cómo mirar hacia el futuro. Ambos interrogantes son las que buscarán ser respondidos por estas horas y de manera urgente en la Argentina.
