Mucha guerra de consensos, mucho La Moncloa, mucho contrato social, mucho Rousseau, pero esta semana quedó más expuesta todavía nuestra polarización 2019: heladera llena versus tren que frena. Ahí parece estar puesto el foco para captar el voto en la provincia de Buenos Aires, y más específicamente en el Conurbano.
Qué fue la presencia del eterno denunciador del vaciamiento de los ferrocarriles Pino Solanas en la presentación del libro de Cristina Kirchner si no un “bue, me trago tu tragedia de Once, pero juntémonos para echar a los que hambrean al pueblo”. Qué otra cosa fue al día siguiente la sonrisa de un emblema de los familiares de las víctimas de esa tragedia, María Luján Rey, junto a Mauricio Macri en la inauguración del viaducto del ferrocarril Mitre si no un “bue, banco hasta un gobierno con inflación récord de alimentos con tal de que no haya más muertos en las vías como mi hijo”.
Esa disyuntiva de la urgencia por el voto del Gran Buenos Aires esconde un debate de más de fondo que si uno rasca puede encontrar entre algunos funcionarios y economistas y por ahí estaría piola que creciera en la campaña: ¿cuán viable es a largo plazo seguir concentrando 15 millones de personas alrededor de la Capital Federal?
En su libro Y ahora qué, Axel Kicillof, referente económico del kirchnerismo, dice que el Conurbano es hijo del plan de Juan Domingo Perón de convertir un país industrial con una “existencia dispersa” de trabajadores, en un país industrial. “Mucha concentración de la población, pero no en el esquema de miseria y villas, sino en trabajo formal con prestaciones sociales y Estado de Bienestar”, algo que a su criterio desarmó “la política económica neoliberal”. En el Gobierno, en cambio, como dice el ministro de Producción, Dante Sica, no ven con malos ojos una paulatina relocalización de familias que viven en industrias protegidas en el cordón bonaerense que consideran poco competitivo, en otras provincias donde crecen servicios para el campo, las energías renovables, el petróleo no convencional, el litio. El ex viceministro Sebastián Galiani, de hecho, machacaba que la migración interna en la Argentina es muy baja respecto de la de Estados Unidos, y que no vendría mal que aumentara como una forma de desconcentrar la población.
El lúcido economista de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, lo plantea así: “Si uno mira la inflación y las corridas, son un síntoma de los desequilibrios macro de la historia del país; si uno mira la macrocefalia de que el 40% de la población viva en una partecita, habla de la mala asignación de recursos en el pasado”.
Obviamente que hay mil preguntas. ¿Hay laburo para mucha gente en las explotaciones de los recursos naturales como funcionan hoy? ¿Puede haber desarrollo con hacinamiento en zonas urbanas si aún cuando hubiera trabajo se detonan los servicios públicos o la infraestructura? ¿Qué habría que producir para generar mucho empleo en un mundo donde la mano de obra china te compite a muerte? Si hubiera que desconcentrar el Conurbano, ¿se puede hacer una transición rápida sin costo social? En todo caso, ¿no hay otras estrategias? Estaría copado un debate ahí sí de mil puntos de consensos. Pero más fácil es heladera llena contra tren que frena. Chupala consenso.
Palacios. Mientras tanto, el martes pasado el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, sorprendió en plena votación que volteó el reclamo indemnizatorio de la familia de un dibujante desaparecido en una planta de Techint en 1977, con un inusual “quiero corregir mi voto”. Ya habían circulado el resto de las opiniones de los ministros, cuando Rosenkrantz se retiró a su despacho a reescribir su opinión. Por eso la votación que salió 3 (Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz) contra 2 (Rosatti y Maqueda) recién se conoció el jueves.
Si bien el fallo era esperado por la jurisprudencia de un caso similar de 2017 llamado Villamil, marcó otro hito en la sinuosa forma de actuar de Rosenkrantz, uno de los miembros de la Corte propuestos por esta administración. Sus colegas ven comportamientos extraños en sus vínculos con las grandes empresas. Hay otro capítulo de arenas movedizas que hace ruido: una demanda de la firma de estaciones de servicio Axion, hoy de Pan American Energy, de quien Rosenkrantz fue apoderado cuando era abogado, contra el Municipio de Quilmes por el cobro de un impuesto municipal. El hoy funcionario se excusó de opinar, pero lo hizo recién después de tomar conocimiento del expediente, como consta en registros oficiales.
