La Argentina podría constituir un claro ejemplo de país del eterno retorno. Por décadas (quizás con altibajos hace más de siete decenios) tropieza y cae fruto de similares dislates económicos.
Podría constituir una actualización del mito de Sísifo, aquel que está condenado eternamente a empujar una pesada roca hacia la cima de una colina, pero que antes de lograr su cometido, su esfuerzo se desmorona.
Quizás podría constituir la evidencia de la república de las oportunidades desperdiciadas: en nuestro caso, cuando luego de largos años reaparece la supersoja, o el “obsequio” del FMI decidiendo ampliar su capital para beneficiar a los países menos desarrollados, por lo cual la Argentina recibirá 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro, utilizables, entre otras cosas, para pagos vitales a fin de evitar el default.
En este contexto, en medio del curso de negociaciones para evitar la cesación de pagos internacionales, la vicepresidenta presiona para que se suspenda el cumplimiento de las deudas al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Todo ello a pesar de que el Gobierno se comprometiera a seguir oblando las cuotas de intereses devengados hasta pactar una reestructuración completa.
En otro orden, se suspendieron las exportaciones de carne, en una medida antiinflacionaria que ya se ensayó, sin éxito, durante la anterior presidencia Kirchner, y que desató un paro agropecuario generando el encarecimiento de los cortes cárnicos, justo lo contrario a lo perseguido.
A causa de medidas similares, entre 2011 y 2015 las ventas totales al exterior cayeron, mientras que entre 2006 y 2021 aumentaron sus exportaciones Paraguay, Brasil y Uruguay a partir de los mercados que tuvo que abandonar la Argentina por incumplimiento forzoso.
La carencia de un plan para encarar el desmanejo económico determina, entre otros factores, que la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (17,6%) haya echado por tierra la pauta oficial de 29% anual, y todo indica que hasta el acto electoral próximo el Gobierno mantendrá el atraso cambiario y tarifario, los (ineficaces) controles de precios, además de postergar un hipotético acuerdo con el FMI. Todas esas distorsiones constituyen presiones en las variables económicas, que inevitablemente habrán de liberarse, pudiendo generar en tal caso abruptos saltos del tipo de cambio y un mayor estallido inflacionario. Para aquellos memoriosos, constituye un recuerdo muy poco grato del llamado Rodrigazo de 1975.
En cambio, la preocupación oficial por la canasta de los argentinos, no tiene su correlato con los reiterados aumentos de impuestos, que representan 40% de los precios finales aproximadamente.
En este contexto, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (La Nación, 1-6-21), la Argentina tardará más de seis años en recuperar su producto bruto interno (PBI) a los niveles prepandémicos, lo que implica la proyección de restauración económica más lenta de todos los países del grupo.
A escala global, los datos revelan que varios países se están recuperando con mayor rapidez, por lo cual las proyecciones de crecimiento económico mundial están al alza, escenario que contradice el escudo argumental del Gobierno, que responsabiliza por el desastroso estado de la economía local exclusivamente a la pandemia, drama que azotó por igual a todo el universo.
La OCDE reafirma un concepto ignorado por el gobierno de nuestro país, atento solo a sus necesidades judiciales y electorales: “Los países deben centrarse en reformas estructurales que puedan impulsar el crecimiento a mediano plazo de la productividad y el empleo” fomentando la inversión en lugar de ahuyentarla.
Estas verdades obviamente se universalizan y trascienden fronteras, como para hacerle decir a Tomás Mosciatti (importante analista político chileno, y uno de los líderes de opinión más influyentes de aquel país): “El peligro está en que Chile se parezca a la Argentina…” . Lamentablemente.
*Economista. Presidente honorario de la Fundación Gramenn Argentina.
