La causa AMIA acumula tras 26 años miles de fojas y a medida que pasa el tiempo cada vez es menor la expectativa. El primer juicio terminó en un escándalo y derivó en numerosos procesos por encubrimiento, uno de los cuales terminó con condenas para los funcionarios judiciales Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y Carlos Telleldín, quien también enfrenta un juicio por su presunta participación en al venta de la camioneta usada en el atentado. Desde la muerte de Alberto Nisman, en 2015, pasaron por la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA unos siete fiscales, cinco y un coordinador durante la gestión de Alejandra Gils Carbó en la Procuración, y uno nuevo con Eduardo Casal.
El fiscal Sebastián Basso comenzó con dedicación parcial y, desde septiembre, tiene dedicación exclusiva. En diálogo con PERFIL, explicó que “se avanza tratando de determinar los puntos no aclarados de la investigación”. En paralelo la denominada “causa principal” están los juicios a Carlos Telleldín (último tenedor de la Traffic que habría sido usada en el atentado), que es llevado adelante por los fiscales Roberto Salum y Santiago Eyherabide, ex ocupantes de la UFI que aceptaron continuar con la tarea del juicio.
Salum también está a cargo de las apelaciones por el proceso de encubrimiento en el que fueron condenados los funcionarios judiciales Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y Carlos Telleldín, por recibir 400 mil pesos para señalar a una banda de policías. En ese proceso también fue absuelto el ex presidente Carlos Menem. En paralelo, ante la Cámara de Casación Federal se apela lo resuelto en el juicio por encubrimiento, algo que también sigue a cargo de Salum.
Basso contó que recibieron recientemente información adicional sobre Salman Raouf Salman, quien vivió en la Argentina con la identidad falsa de Salman El Reda, fue identificado en un escrito presentado por el fiscal Alberto Nisman en 2009 como el integrante del Hezbollah que habría orquestado la logística del atentado. En julio, bajo la actual gestión de la fiscalía pero con el gobierno anterior, Estados Unidos había sancionado a Salman y ofreció 7 millones de dólares por su captura.
“De Paraguay se recibió información que acredita que Salman vivió allá y que tuvo múltiples identidades, lo que avala que se trata de un miembro activo de Hezbollah”.
El fiscal también explicó que hubo intercambios por el tema con Brasil, aunque sin elementos concluyentes aún. Consultado sobre cuál fue la última medida de importancia en el expediente, señaló el congelamiento de activos de los acusados en el caso y del Hezbollah, a lo que se llegó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF).
“Siempre fuimos realistas en cuanto a lo difícil que es asumir un caso tan complejo y a tantos años del hecho; pero por eso mismo, pensamos que quien asume debe extremar sus esfuerzos al máximo; algo que no siempre hemos visto en la UFI Amia post Nisman”, explicó Miguel Bronfman, abogado de las querellas de AMIA y DAIA. Valoró igualmente que se haya decidido otorgarle dedicación exclusiva al fiscal Sebastián Basso, que en un primer momento se desempeñó a tiempo parcial.
Diana Wasserman, de Memoria Activa, reivindicó el trabajo de los anteriores fiscales y reiteró las críticas contra Basso con quien, aseguró, no tienen contacto. “A las querellas no nos presentó nada, estamos esperando que cambie el procurador para realizar la recusación formal contra Basso”. El fiscal es sobrino de una camarista fallecida que fue parte del entramado de encubrimiento que culminó en el juicio del año pasado.
