En la Capital Federal y el conurbano bonaerense hay cuarentena para rato. A la ampliación de ayer hasta el 8 de junio seguirá seguramente otra que se extenderá hasta fin de mes. Los especialistas que asesoran al Presidente han dicho ya que se espera que los casos positivos de coronavirus comiencen a bajar recién hacia la segunda mitad del mes de agosto. Los números de la última semana acentuaron la centralidad absoluta del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero no solo eso fue lo que generaron esas cifras; también marcaron el comienzo de un enfrentamiento entre los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof. El dedo acusador partió desde la Provincia de Buenos Aires. Las diferencias de criterio en el manejo de situaciones tan complejas como las del presente siempre existen y es válido discutir sobre ellas; pero lo que sucedió en estos días fue otra cosa: una acusación al jefe de Gobierno porteño de generar las condiciones para que la pandemia se expanda a ambos lados de la avenida General Paz.
Las cifras muestran que el aumento de casos en CABA es producto del incremento en la cantidad de testeos que se están haciendo, predominantemente en las villas 31, 1-11-14 y 21. Las condiciones de hacinamiento en las que viven sus habitantes hacen de imposible cumplimiento las recomendaciones del aislamiento social preventivo. Es verdad que el gobierno porteño demoró su llegada a esos lugares. Grueso error. Pero hay que decir que lo mismo le cabe al gobierno bonaerense: los testeos en los llamados barrios populares empezaron tarde.
Resulta desconcertante que, ante esta circunstancia, el Presidente y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, no hayan buscado amalgamar un criterio de trabajo común. Argentina es la nación que tiene una de las cuarentenas más largas del mundo. Eso es consecuencia de la acertada decisión de AF de imponer el aislamiento social preventivo tempranamente.
Ahora, lo que está faltando son las medidas concomitantes para hacer la cuarentena vivible. Y esto es algo que el Presidente minimiza permanentemente. Lo hace con pose de ofendido. Parece que hablar de los efectos colaterales de la pandemia es una apostasía.
Efectos colaterales. Este acápite corresponde a un rubro de creciente impacto psicofísico, socioeconómico, sanitario y político. Ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad y mayor consumo de alcohol son algunas de las consecuencias psíquicas de la cuarentena. Las socioeconómicas –cierre de comercios y fábricas, caída de los salarios e impagos, falta de comida en las zonas marginales– son producto de la brutal caída de la actividad económica.
Las afectaciones médicas tienen que ver con una combinación muy riesgosa en la que se observan situaciones de gente que tiene miedo de concurrir a los hospitales y centros médicos privados y, a su vez, de indicaciones desde esas mismas instituciones para que los pacientes no concurran a la consulta en caso de que los síntomas que experimentan no correspondan a los del coronavirus.
Esto es algo que debe ser modificado de inmediato. He aquí, pues, el desafío: qué hacer para compatibilizar la cuarentena con estos hechos que forman parte de la vida misma. Es propio de esta Argentina atravesada por la grieta pensar este desafío en términos de procuarentena y anticuarentena. La antinomia anula cualquier posibilidad de discusión y de evolución. Esto ha sido ya repetido hasta el cansancio. Por eso es increíble que no se aprenda.
Al borde del default. La renegociación de la deuda navega por aguas procelosas. El Gobierno está convencido de que está haciendo todo bien. Sus acólitos, también. Cree que la pandemia le juega a su favor. La actitud del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional de un supuesto apoyo a la Argentina da vuelo a esas ilusiones. La actitud y la estrategia del ministro de Economía, Martín Guzmán, son objeto de controversias no solo desde sectores opositores e independientes. Se lo critica desde las entrañas del oficialismo por su dogmatismo, al que agrega cierta cuota de soberbia. Sin embargo, su poltrona es intocable. El Presidente lo sostiene con convicción y firmeza.
Muchos de los que conocen al detalle los números y los vericuetos de la negociación sostienen que el Gobierno no lo está haciendo bien. Observan que hay una buena predisposición de los acreedores de antemano que está siendo desaprovechada, circunstancia que achacan a la existencia de restricciones internas políticas dentro del oficialismo que dificultan peligrosamente las gestiones.
La oferta que se hizo es de 46 dólares cada 100, mientras los acreedores reclaman entre 58 y 62 cada 100. No se está tan lejos, a pesar de que esas diferencias representan miles de millones de dólares.
No es ese aspecto de la economía el único en el que reina un estado de confusión. En lo que respecta a lo vernáculo, las cosas no son muy diferentes. El proyecto de la diputada Fernanda Vallejos –apoyada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni– de incorporar la participación del Estado en las empresas que pidieron ayuda al Gobierno es producto de la miopía intelectual que producen los ideologismos. “Espanto” es la palabra que define la reacción que la sola enunciación de esta iniciativa produjo en todos los sectores empresariales.
Algunos ya han hecho saber que, si esto prospera, procederán a cerrar dejando un tendal de gente en la calle. ¿Imagina alguien al Estado manejando las decenas de miles de empresas que han pedido ayuda al Gobierno para poder subsistir? La diputada ha dicho que esto nada tiene que ver con la confiscación. Nadie le cree.
Lo grave no es solo que existan iniciativas como estas sino también el silencio del Presidente, que no hace más que generar mayor incertidumbre acerca del presente y el futuro de Argentina, el país del mañana mejor que nunca llega.
