El domingo, en El Observador, se publicó un análisis de las políticas sociales en las últimas cuatro décadas en un artículo de Aldo Isuani, “La política social en cuatro décadas”, que forma parte de un libro de Gustavo Gamallo: De Alfonsín a Macri, democracia y política social en Argentina (1983-2019). Su lectura me impulsó a analizar esto con los lentes de la perspectiva de género. En primer lugar, las políticas sociales son mucho más que los beneficios económicos que se crean para compensar la postergación de sectores de la población. Por eso la política social debe analizarse desde la acción de todas las áreas de gobierno y no meramente el área específica social, y muchas veces son otras áreas las más importantes y a las que debemos prestar más atención porque las políticas adoptadas allí tienen un impacto mucho mayor sobre el bienestar y la distribución de los bienes entre los distintos sectores de la población. Como se señala en el artículo, las políticas sociales están vinculadas a la calidad y posibilidad de la vida democrática y a la libertad. Libertad que no es plena en la medida en que la carencia de recursos y la desigualdad más que la pobreza la restringen. La pobreza se puede aliviar con subsidios, pero la desigualdad es la que no se arregla con dinero, requiere cambios estructurales que son más complejos y que generan mayores conflictos entre los sectores. Esos son los principales motivos por los cuales los gobiernos no plantean cambios estructurales. Si la libertad condiciona las políticas sociales, eso fue lo más importante en la presidencia de Alfonsín. Salíamos de una dictadura y de las más nefastas, sangrientas y crueles, en la que al atropello a la libertad de vivir se acumulaba el atropello a otras libertades asociadas a los derechos sociales. En ese marco no solo el Programa Alimentario Nacional fue una política social diferente, porque se promovió recuperar el derecho a comer en la casa y no recurrir a la olla popular o el comedor comunitario. El PAN y otros programas sociales como Deporte con Todos y el plan de alfabetización, entre otros, se centraron en las mujeres como las principales beneficiarias. En ese período hubo dos proyectos que implicaban cambios estructurales que no se pudieron concretar por la oposición de actores importantes: la reforma del sistema educativo producto del Congreso Pedagógico Nacional y el Seguro Nacional de Salud.
Hay un aspecto de la política social que no se menciona y que desde la perspectiva de género es clave, me refiero a los programas de salud sexual y reproductiva. La primera batalla ganada fue la derogación, en 1987, del Decreto 659, llamado López Rega, porque lo estableció en 1974 con la prohibición de toda acción directa o indirecta en hospitales y servicios públicos y en las obras sociales de planificacion familiar, como se llamaban en esa época. Los avances que se lograron establecer fueron eliminados por el gobierno de Menem. En el gobierno de Duhalde y luego de Néstor Kirchner se avanzó con la sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue un logro de la lucha feminista después de diez años de insistir en el Congreso Nacional. Este logro puso en evidencia otras carencias, como la Ley de Educación Sexual Integral –ESI– y el aborto. En el gobierno de Cristina Kirchner se aprobó la ley de ESI, pero no se pudo plantear la discusión de la ley de aborto. Fue Macri el que permitió esa primera discusión en el Congreso, a pesar de no acordar, y se aprobó en Diputados, pero sucumbió en el Senado. Fue al comienzo del gobierno de Alberto Fernández que se logró aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El movimiento feminista, con la incorporación masiva de jóvenes y adolescentes, festejó su sanción. Esa política social tiene un gran impacto, pero requiere que sea una realidad para todas las mujeres, niñas y familias. ¡No olvidemos esta política social!
