La inflación sigue siendo el tema convocante a la hora de listar las preocupaciones de la población y más en un crucial año electoral. No es el único, claro, a diferencia de otras economías, más y menos desarrolladas, en que la conjunción de pandemia y efectos de la guerra, pusieron en un lugar desacostumbrado para su historia: alzas de precios que llegaban a alcanzar los dos dígitos… anuales.
A diferencia de lo que una coalición política análoga hiciera quince años atrás, la opción de ocultar la inflación tuvo su arranque melancólico, pero no pasó de allí. Quizás la proliferación de medios y la activa participación de economistas en las redes hubiera levantado más críticas y desenmascarado la treta burda del remake del “dibujo patriótico” del IndeK intervenido. Marco Lavagna continuó con la tarea de devolver la seriedad a una institución que en todo el mundo mide para conocer mejor. La reciente divulgación de los curiosísimos datos censales de La Matanza (el más notorio, pero quizás no el único caso) que oscila entre la mala praxis, la desidia y el fraude estadístico a secas, muestra que no es una aberración aislada la idea de no impedir que las cifras arruinen un relato.
Los precios siguen similares al último trimestre del 2022 y las reservas no aumentaron
Desde que asumió, el equipo de Sergio Massa puso a la inflación como objetivo sin aislarlo de uno más político: mantener la sensación de pleno control de la gobernabilidad. La aceleración del IPC motivada por la incertidumbre de la salida abrupta de Martín Guzmán y por haber desnudado la falta de apoyo del ala K (mayoritaria) de la misma coalición a las medidas que precisaba tomar para no desbarrancar, atentaba contra ese objetivo supremo de Sergio Massa. Todo lo que promovió desde entonces, en estos seis meses de gestión, apuntó en esa dirección.
Si faltaban dólares, valía desdecirse una vez más y lanzar el programa Soja Dos y luego, cuando hizo falta, tachar la etiqueta de última oportunidad y acudir al Soja Tres. Si hacía falta ajustar más el cepo que heredó de Guzmán, no hay problema. Si había que patear pagos privados para oxigenar las reservas, ¡adelante!, luego se verá cuando llegue el momento de pagar. Si los precios seguían indomables, se reflotaba el control y si las cuentas no coincidían con lo acordado con el FMI, un programa “superador” como Precios Justos en el que las empresas accedían a desacelerar las remarcaciones a cambio de acceder al cada vez más esquivo dólar oficial. Si las tarifas se continuaban depreciando por el capricho de no ajustarlas como el resto de los precios y esto era señalado como una fuente de desequilibrios fiscales, se deshacía de posturas rígidas y se avenía a una “readecuación tarifaria” quitando subsidios y segmentando los precios según múltiples parámetros patrimoniales y de ingreso.
Medio año más tarde del inicio de esta política, el resultado es ambiguo: la inflación sigue firme en un escalón similar al último trimestre del año anterior, las reservas no aumentaron lo suficiente en un año de precios récord para aguantar el embate de la sequía en un año electoral. Pero la estrategia de comunicación ayuda a camuflar estos efectos por la sencilla razón que son tantos los precios para un mismo bien, tantas las tarifas aplicadas en todo el país para un mismo kilovatio, tal cantidad de dólares según producto, retención e impuestos; que esa abundancia de números, se dificulta cada vez más saber cuál es el precio. Casi una relatividad estadística que, en todo caso, sólo sirve para ganar algo de tiempo.
