La cifra final no sorprendió: 94,8% al fin y al cabo es casi la anunciada tendencia a que la inflación se encaminaría en 2022 al 100% anual. Esto es un dato, pero la percepción y la interpretación están sujetas a las expectativas y a la lógica de un año electoral.
Para el oficialismo, la impostura del éxito por no haber llegado a los tres dígitos o hasta la idea que era un triunfo de la política del ministro Massa de haber contenido la anunciada debacle que en julio dejó la salida intempestiva de Martín Guzmán, también de la misma coalición.
Para los detractores de la política oficial desde 2019, el IPC del año pasado llegó a un número récord desde 1990 a pesar de las tarifas todavía congeladas, el atraso del tipo de cambio oficial, el cepo al dólar, los controles más o menos sutiles de precios y el freno a las subas de jubilaciones. Una madeja de restricciones y regulaciones muy difícil de desarmar sin pegar un salto inflacionario cuyos últimos espejos fueron la desprolija salida de la convertibilidad en 2002 y el sálvese quien pueda del “Rodrigazo”, en 1975.
El tercer trimestre del año pasado tuvo una inflación promedio de 6,9% (125% anualizada) y el cuatro trimestre bajó a 5,5% promedio mensual (89% anualizada). La promesa incluida en el presupuesto del 60% anual implica continuar bajándola hasta lograr un 4% mensual en cada mes. No parece demasiado para lograr a este ritmo salvo que para llegar a la meta habría que revisar los instrumentos y, sobre todo, la sustentabilidad (el legado de Guzmán proclamando este valor para la política económica sobrevivió a su gestión). Usar y hasta abusar de programas como el Soja 2 y el Soja 3, los Precios Justos o el intercambio de control de precios por acceso al cada vez más escaso dólar oficial, son de corto plazo y no resistirían el embate de algunos factores exógenos o los propios efectos del plan de ganar tiempo y lograr apoyos ante el vacío de alternativas.
La promesa de llegar al 60% de inflación este año implica un 4% mensual
En primer lugar, las perspectivas de los saldos exportables por la sequía amenazan con mermar la producción entre US$ 10 mil y US$ 15 mil millones en total. Un agobio más para la acentuada escasez de divisas sólo aliviada por la proyección de una caída en los precios de la energía durante el año. También la advertencia de industriales por las dificultades de abastecer normalmente la cadena de producción mutó de una prédica a una consecuencia macroeconómica: la desaceleración de la reactivación tiene que ver, sobre todo, con estas dificultades dentro de un modelo que pretende enfrentar el ahogo externo desalentando exportaciones y restringiendo al máximo cualquier competencia externa.
Por último, los que tomaron nota del número final emitido por el Indec fueron los sindicatos. La mayoría de los gremios está liderada por dirigentes que llevan en sus puestos mucho más tiempo que la vigencia de los políticos de cualquier partido con los que tengan que negociar. Por eso, siempre encontrarán flancos por donde colar sus negociaciones con probabilidad de éxito: aspectos regulatorios y encuadres legales, tratamiento impositivo favoreciendo siempre a los trabajadores formales en relación de dependencia, financiamiento y restricciones al traspaso en las obras sociales sindicales, entre otras cuestiones siempre son materia de “conversación” por estos auténticos expertos en mercados (laborales) regulados. Pero en una economía que se acostumbra a funcionar con casi el 100% de inflación anual, saben que, para mantener el apoyo de sus afiliados, precisan gestionar paritarias que al menos acompañen la suba del IPC. En momentos que incluso se lanza el globo de ensayo de un nuevo índice de precios o que se cuestiona la forma en que se computarán los múltiples valores de las tarifas de servicios públicos o cómo se computan los precios de productos fuera del programa que monitorea el Gobierno, la actualización real de las paritarias difícilmente converja con el interés del oficialismo. Y si se pide la prueba de amor, habrá entrelíneas y cláusulas gatillo que amortiguarán el impacto de un año electoral con poca vocación para inmolarse en el altar de un eventual plan de estabilización sin propia tropa para sostenerlo ni garantía de éxito en el tiempo que falta para las PASO.
