La pandemia evidenció cruelmente vulnerabilidades que afectan a las personas mayores pero, una vez superada esta emergencia sanitaria, el fenómeno del envejecimiento de la población del planeta seguirá demandando a los Estados respuestas de fondo desde el derecho y, sobre todo, desde la política.
Hoy, el aumento de la expectativa de vida promedio mundial (71 años para varones, 75 años para mujeres) configura una gran oportunidad de plenitud individual y colectiva en nuestras sociedades. Pero, a la vez, entraña desafíos políticos y distributivos serios a corto y mediano plazo.
La comunidad internacional reconoce al envejecimiento como una de las mega-tendencias demográficas para este siglo. En 2019, la cantidad de personas mayores de 65 años superó los 700 millones. Ese mismo año, por primera vez en la Historia, los adultos mayores superaron en cantidad a los niños menores de cinco años.
De por sí, poder problematizar la vejez es un éxito, porque refleja los avances económicos, sociales, científicos y médicos que la humanidad ha logrado en las últimas décadas.
Por eso mismo, una vez pasada la pandemia, la situación general que plantea el envejecimiento poblacional demanda un correlato tanto en los instrumentos jurídicos internacionales, todavía desactualizados, como en las políticas públicas que reconceptualicen la vejez.
Antecedentes. Argentina tiene un pasado y un presente muy ricos en el reconocimiento y promoción de los derechos de los adultos mayores. Ya en 1948, el país propuso ante la Asamblea General de la ONU, la necesidad de un instrumento legal específico, inspirado en la Declaración de los Derechos de la Ancianidad impulsada por Eva Perón e incorporada en la Constitución Nacional de 1949.
Seis décadas más tarde, bajo nuestra gestión de la Embajada ante la ONU, la Asamblea General creó en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento, para perfeccionar la protección global de los derechos humanos de los adultos mayores. Tuve el orgullo de presidir este Grupo, donde los Estados debaten codo a codo con expertos internacionales y organizaciones de personas de edad, y trabajan para construir consensos muchas veces muy arduos. El país coordina el grupo desde entonces.
En las Américas, la OEA marcó un hito al adoptar en 2015 la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.
El camino a una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores es todavía incierto, por las resistencias de algunas potencias de asumir el costo fiscal que supondría dar ese salto.
Mientras tanto, la emergencia del Covid-19 vino a recordar que los adultos mayores son de los primeros en pagar los grandes desequilibrios globales, ya no sólo económicos y sociales, sino además los naturales, como una pandemia. La tasa de mortalidad por COVID-19 en adultos mayores de 80 años fue cinco veces mayor que el promedio.
Cuando más se necesita solidaridad internacional e intergeneracional, lo que se advierte, en muchas partes del mundo, es una escalada de “viejismo”, de discriminación por edad y estigmatización de las personas mayores, que agrava sus vulnerabilidades económicas y sociales, y se traduce en insuficiente acceso a políticas públicas, sistemas y servicios. Así, la tercera edad corre el riesgo de pasar de ser un grupo vulnerable a uno marginado.
Dilemas. Hay al menos dos maneras de aproximarnos a la problemática general de las personas mayores. Por un lado, como se observó desde la pandemia, la relación entre la llamada “tercera edad” y las enfermedades aparece como un determinante. Incluso, la OMS ha propuesto incluir a la vejez en su sección de “síntomas generales”.
Pero, por otra parte, asociar directamente tercera edad con enfermedad o fragilidad refleja “viejismo”. Ante el COVID-19, se vio que las “personas de riesgo” abarcan todas las franjas etarias. Así, la tercera edad es una etapa más de la vida, y las personas mayores pueden transitarla tan sanas como otras. Estar enfermo no es parte central de sus identidades. Hay varias “vejeces” posibles, dicen los expertos.
Otro dilema que surge es el económico. La conquista global de una mayor expectativa de vida a partir de los 60 años plantea desafíos tanto para los mayores -que necesitan mantener sus ingresos de activos en economías con alto desempleo- como para los Estados con problemas para financiar sistemas previsionales y sanitarios en expansión. Todo agudizado por el impacto de la pandemia y sus restricciones.
Para 2050, todos los países del G20 tendrán al menos 10% de su población con 65 años o más (más de un tercio en Italia, Japón y Corea del Sur). La edad media en ese grupo de países, que era de 28,3 años en 1990, pasó a 32,9 años en 2015 y llegaría a los 42,2 años en 2050.
Los países -sea en foros como el G20, o individualmente- han comprometido grandes esfuerzos fiscales para mantener a flote, primero, y recuperar después la actividad de sus economías. La crisis golpeó especialmente a las personas mayores y acentuó la necesidad de mantener a muchos mayores laboralmente activos.
Aun cuando la economía global se reactivara, como después de la crisis de 2008, los Estados deben considerar la importancia de garantizar el derecho de los mayores a continuar laboralmente activos y aportar experiencia y conocimientos al sistema económico, en el contexto de lo que ya se conoce como “geronto globalización”.
Los pilares construidos en la evolución de la perspectiva de derechos humanos sobre personas mayores, que tiene como siguiente escalón una Convención Internacional, pueden arrojar luz sobre estos desafíos. Algunos de ellos son de gran actualidad social y económica, como los derechos de autonomía, inclusión y participación. Pero también el derecho a la identidad, de protección y cuidados y, finalmente, los procesales.
El G20, que como en la crisis de 2008 está jugando un papel relevante en la gobernanza global y que sumará en sus países unos 700 millones de mayores para 2030, había ya reconocido en 2019 la importancia de “promover una sociedad sana y activa en su envejecimiento”.
La post-pandemia abre una gran oportunidad para jerarquizar a los mayores y coordinar los esfuerzos de las agencias internacionales, gobiernos, sociedad civil, sector privado y académico, para mejorar su vida, la de sus familias y las de las comunidades en las que viven. Avanzar para garantizar una vejez saludable y plena no es un objetivo de unos pocos, es asegurar derechos en una etapa a la que todos nosotros esperamos llegar un día.
*Embajador de la Argentina en los Estados Unidos. Sherpa argentino en el G20.
