No es cierto que Alberto Fernández no haya estado involucrado en el escandaloso asunto de la liberación de los presos que indignó a la inmensa mayoría de la sociedad. Este episodio, que tuvo su origen en la inexplicable prisión domiciliaria otorgada a Amado Boudou, continuó con la desembozada gestión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en pos de la obtención del mismo beneficio para Ricardo Jaime y Martín Báez.
Tras una versión errónea –que señalaba que el Presidente se había enojado con esta actitud de Pietragalla– se hizo público un apoyo abierto del jefe de Estado hacia su secretario.
En el medio apareció el titular de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Cipriano García, diciendo que “hay que lograr la liberación de la mayor cantidad de presos posible”. Ya no quedaron pues dudas. Era un intento indiscutible de utilizar la pandemia para avanzar en un plan con un objetivo claro: la impunidad. Todo esto, agregado a la irresponsable decisión de otorgarles a los detenidos teléfonos celulares para que se comunicaran sin restricciones con quienes quisieran, tuvo como resultado el motín del penal de Villa Devoto.
En el documento que se firmó en la tarde del viernes 24 de abril se incluía la palabra “conmutación” de penas.
El cacerolazo del jueves fue una cachetada para el Gobierno. El tardío mensaje de AF intentando despegarse del operativo impunidad que quisieron montar sectores de su gobierno no alcanzó a frenar la indignación de mucha gente que incluso lo votó.
El episodio, además, generó internas fuertes dentro del gabinete. No son un secreto las diferentes posturas que en este caso –como en otros– vienen manifestando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de esa cartera, Juan Martín Mena.
Mena es un cuadro del kirchnerismo. Losardo, una abogada destacada que históricamente trabajó al lado de AF, quedó descolocada y disgustada con la maniobra de Pietragalla Corti invocando la figura del amicus curiae para pedir la virtual liberación de Jaime y de Báez. “Fue una disputa caliente, pero estuvo manejada”, afirman desde el entorno de la ministra.
Los derechos humanos de los presos deben ser respetados absoluta y puntillosamente. Eso no significa su liberación ni consagrar su impunidad. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, fue muy claro al fijar su posición sobre el tema y la de la asociación: “Hay que respetar las normas de aislamiento e higiene. Para eso hay que utilizar dependencias de la Escuela de Policía, cuarteles de la Gendarmería y de las fuerzas de seguridad, para darles albergue durante el tiempo que dure la cuarentena”, dijo con total claridad.
Otra de las falacias fue decir que las excarcelaciones serían solo para los detenidos por delitos leves y no para narcotraficantes, asesinos, femicidas y violadores. Los hechos demuestran que esto no se ha cumplido. Hay más de un violador con domiciliaria a metros de donde viven sus víctimas, sin ningún tipo de control.
Este conflicto también interpela al Poder Judicial. Casos como el del juez que le otorgó la domiciliaria a un individuo con graves trastornos psiquiátricos que vive en situación de calle y no tiene domicilio, o el del juez Víctor Violini –un militante kirchnerista devenido juez–, que abrió las puertas de las cárceles bonaerenses a unos 2.300 presos, o el de los jueces de Neuquén Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri, integrantes del Tribunal de Impugnación, que liberaron a una persona acusada de abusar de su propio nieto, son escandalosos.
Otras de las falacias por parte del poder político y de los sectores K ha sido la de querer asimilar la situación a lo ocurrido en España y en Italia, donde las domiciliarias fueron muy pocas y limitadas a personas con delitos leves. Nada que ver con lo que sucedió aquí.
Loteos del poder. Esta semana hubo dos. El más resonante fue en la Anses, con la cesación de Alejandro Vanoli y la designación en su reemplazo de Fernanda Raverta. Vanoli había quedado muy golpeado por su irresponsabilidad al mandar a cientos de miles de jubilados y pensionados a hacer largas colas en medio del frío para cobrar sus magros haberes. No fue el único tema. La mala implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, más otros desmanejos, lo dejaron colgando de un piolín.
Las voces dentro del poder que no quieren a Vanoli –que no son pocas– subrayaron que para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue un verdadero placer pedirle la renuncia. Igual, ya le dieron otro puesto. Parece que el Presidente volvió a olvidar su promesa de volver para ser mejores.
El ascenso de Raverta representa la apropiación de ese organismo por parte de La Cámpora. "La Anses ya es nuestra", expresan sin tapujos conspicuos referentes de la organización K. No es un dato menor. La Anses es caja para proyectos políticos electorales y para hacer negocios. Y el kirchnerismo las domina todas. Las otras dos son el PAMI e YPF.
Hablando de la empresa petrolera, ahí también hubo novedades de peso y de pesos: la designación del nuevo CEO. Se trata de Sergio Affronti. Sus antecedentes profesionales son muy buenos, pero el dato más significativo es su vinculación con Miguel Galuccio, es decir, con Cristina Kirchner.
En el juego de la oca que se vive dentro del poder, la vicepresidenta sigue avanzando. Mal que le pese al Presidente, esa es la verdad. La situación no deja de ser paradojal porque, en el colectivo social, la valoración de AF sigue siendo muy positiva. Su figura se ha venido consolidando a partir de la cuarentena. Habrá que ver cómo lo afecta el bochornoso tema de la liberación de los presos.
La cuarentena fue un acierto sanitario y político que, más allá de la comunicación llena de contradicciones del anuncio de la fase 4, ha permitido al Presidente consolidarse en el poder. La relación fluida con los intendentes del conurbano bonaerense lo ha ayudado y le ha permitido dejar a un lado tanto a Axel Kicillof como a La Cámpora.
Todo esto no hace más que acentuar la evidencia de un gobierno bicéfalo en el que el kirchnerismo busca avanzar en su objetivo doble de lograr impunidad y manejar las cajas del Estado para consolidar su poder. Alberto Fernández debería presentar mucha atención a esto. Lo ayudaría recordar la frase de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
