La peor de las herencias de la década en que Carlos Menem gobernó el país, con el voto de los argentinos, no fue la corrupción, la impunidad o la exclusión. Todas ellas juntas construyeron un legado cultural político, económico y social que lleva años desandar, porque incorpora mecanismos de acción y pensamiento que se tornan normales pese a sus vicios de origen.
Por ejemplo, Menem nos enseñó a no escandalizarnos con el enriquecimiento en la función pública, el pago de coimas, la domesticación judicial, el capitalismo de amigos y la hechura de leyes a medida según la ocasión.
El tema es que ya empiezan a notarse los efectos de la herencia cultural kirchnerista, nada menos que en aquellos que se construyeron políticamente como lo opuesto. En apenas dos semanas de gestión, Macri ha mostrado algunos rasgos de procedimientos más parecidos al nestorismo pragmático que al republicanismo declamado.
El primer caso fue la decisión de promover con un decreto la llegada a la Corte Suprema de los abogados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz. Aunque la medida tuvo un retroceso elegante, mostró la hilacha (la misma que muestra el kirchnerismo cada vez que puede: la primera impugnación a Rosatti para que llegue a la Corte lleva la firma de Alessandra Minicelli, esposa de Julio De Vido, el funcionario por el que Rosatti renunció como ministro de Justicia K al no avalar sobreprecios en la construcción de una cárcel).
Una segunda muestra la dio la modificación por decreto de la reglamentación de la Oficina Anticorrupción, para que la politóloga Laura Alonso pudiera asumir como su jefa. Hasta ahora, uno de los requisitos era ser abogado. Institucionalmente hubiera sido más prolijo que el cambio se instrumentara para la próxima gestión.
La tercera, que no parece la vencida, ha sido la intervención por decreto de la Afsca y la Aftic. Ayer, PERFIL adelantó que el Gobierno ya tiene planeado en enero otro DNU para eliminar ambos organismos y crear uno nuevo, lo que consagra la reforma de una ley (en este caso la de Servicios de Comunicación Audiovisual) a través de una medida del Poder Ejecutivo.
La presión oficial para que la procuradora Alejandra Gils Carbó deje su cargo amenaza con erigirse en otra posible prueba de “makrichmo”. Y esto recién empieza.
En algunos de estos episodios son atendibles las explicaciones y justificaciones gubernamentales. Que aún no pudieron construirse consensos legislativos. Que los funcionarios afectados no cumplieron con el rol que las leyes les habían asignado, etc. etc. Se toma nota.
También se toma nota del patetismo con el que el kirchnerismo (en su fase política y mediática) se indigna por estas iniciativas del Gobierno, cuando ellos hicieron de la arbitrariedad, el doble estándar y la moral reajustable un sello de fábrica.
Por eso, más allá de todo y de todos, debería aprenderse que el fin nunca justifica los medios. Nunca. Aunque lo tengamos inyectado en nuestro cuerpo social desde hace décadas.
