Por estos días, la Argentina ingresa a una etapa clave de su escenario sanitario, político y socioeconómico. Lo que ocurra en este tiempo, y de qué forma atravesaremos el invierno, podría reconfigurar el futuro inmediato.
Ante la gravedad extrema, los poderes ejecutivos nacional y provinciales acordaron endurecer las restricciones. Unidos más por el espanto que por el amor, dejaron de lado internas varias, que exceden pero incluyen los colores partidarios.
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a hablar en privado, tratando de despejar desconfianzas mutuas tras largos meses. Se entendieron, mas hay algo en esa relación política que se rompió y costará arreglar.
Por si el Presidente se llegara a olvidar, el viernes volvió a flamear la bandera de las inquinas en manos de Axel Kicillof, que volvió a pasar facturas públicas por la supuesta permisividad porteña.
La mayor interna que se dejó de lado, más allá de estas chicanas tan menores como inoportunas, es la resistencia a aumentar las restricciones.
El desborde sanitario de la segunda ola fue vislumbrado por casi todos nuestros gobernantes desde marzo último. Por el hartazgo social, la crisis económica y la previsión de que lo peor llegaría más adelante, nadie se animó a endurecerse por temor a pagar altos costos políticos.
El Presidente fue uno de ellos, al cerrar los ojos para no limitar la circulación nacional de Semana Santa, cuando ya había señales claras del tsunami viral. Después impulsó medidas, con mayor o menor nivel de consenso, y entró en colisión con la Ciudad y la Corte Suprema, que castigó la violación de autonomía que da la Constitución.
Sin embargo, quienes gobiernan las provincias y hasta las intendencias de cualquier parte del país tienen potestad legal de agravar cierres (no de morigerarlos). En la Casa Rosada hubo irritación con las provincias que miraron para otro lado o que pedían más dureza a Nación, pese a que estaban capacitadas para hacerlo. “Quieren cargarnos a nosotros con todo el peso”, admite una fuente presidencial.
No hubo más remedio que dejar de lado, por un momento, estas inquinas y lanzar una nueva fase dura. El Gobierno no quiere hablar de fase 1 no solo por una cuestión simbólica: no descartan que haya que ir a una cuarentena aún más cerrada si estas nuevas restricciones no dan los resultados esperados.
El Ministerio de Salud nacional, tras una reunión áspera con los ministros de todo el país, les hizo saber que ese escenario futuro es una hipótesis de máxima. Y con no pocos cortocircuitos les notificó que según sus parámetros, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Formosa y Neuquén (en esta caso limitado a su capital) están consideradas bajo colapso sanitario. Los cinco distritos niegan ese estadio.
También se niega preocupación por la velocidad de llegada de las vacunas. Otra vez se cayó en la ansiedad de anunciar que a fin de mes, que sería la semana próxima, llegarían desde México 4 de los 24 millones de dosis compradas a AstraZeneca. Voceros oficiales mexicanos dieron mensajes de que se enviarían 1 millón y en los primeros días de junio.
Convendría que en esta detonación de dificultades, oficialistas y opositores establezcan algún tipo de tregua para la disputa política y el achaque de culpas. Ya habrá tiempo para ello, si lo desean tanto. Actuar con anteojeras puede servir, y mucho, para ganar elecciones, hacer lío y tener rating. El drama que atravesamos demanda más altura.
