Entre los economistas, hay cada vez más consenso sobre un contexto global favorable para el desarrollo de la Argentina, pero para aprovechar esa oportunidad real se requieren reformas estructurales que hagan al país más competitivo. La modernización impositiva es una de esas reformas y uno de los desafíos clave para el próximo gobierno.
¿Cómo funciona hoy nuestro sistema impositivo? De acuerdo a un documento elaborado por un equipo de trabajo de IDEA que reunió a CEO’s de empresas y asesores técnicos, la recaudación tributaria en nuestro país alcanzó en los últimos años un nivel récord, consistente con el permanente aumento del gasto público. Los niveles de recaudación tributaria crecieron hasta alcanzar su pico en 2015, donde la suma de lo recaudado por la Nación y las provincias rondó el 32% del PBI. Hoy, ese número se encuentra cerca del 29% del Producto Bruto y la Argentina está en el podio de los países que más recaudan en la región.
Sin embargo, hay dos hechos que distorsionan la recaudación y amplifican la presión tributaria del país: el nivel de informalidad laboral (con 34% de los trabajadores asalariados fuera del régimen laboral formal y que aumenta a más del 40% si se tienen en cuenta también a los no asalariados); y los altos niveles de evasión tributaria. Así, la presión tributaria recae sobre quienes invierten y producen de manera formal en la economía.
Por eso, la recaudación tributaria no es lo mismo que la presión tributaria: la mayor recaudación ha recaído sobre la misma cantidad de empresas y de personas. Los mismos pagando más sin ampliar la base tributaria.
En todas nuestras crisis fiscales, la decisión fue recaudar más a través de la creación de nuevos impuestos o de aumentos en las alícuotas para poder financiar el déficit.
Muchos de los impuestos que mantienen gran preponderancia en nuestro sistema nacieron como temporales: el IVA nació con una alícuota de 13%; aumentó luego a 16%; a 18% y hoy alcanza 21%, el segundo más alto de la región luego de Uruguay. El impuesto a los Bienes Personales que nació como un tributo de emergencia fiscal en 1991 y tan solo por nueve períodos fiscales. Sin embargo, hace pocos años se incrementó su alícuota. El impuesto a los débitos y créditos que se creó en 2001 por una emergencia y solamente por un período fiscal; pero hoy está cumpliendo veintidós. También se cuentan los impuestos sobre las exportaciones, las retenciones, con una alícuota que aumentó, alejándose de las prácticas internacionales y la necesidad de fomentar las exportaciones.
En el caso de los impuestos provinciales, la principal distorsión se concentra en el impuesto a los ingresos brutos, que se destaca por su encadenamiento y encarecimiento sobre la producción, atentando contra la competitividad de los bienes producidos localmente. Casi un tercio de nuestra recaudación viene de impuestos distorsivos. El conjunto de retenciones a las exportaciones y a las importaciones (2,9% del PBI), el impuesto a los ingresos brutos (3,8% del PBI), sobre transacciones financieras y de capital (2,1% del PBI) y el impuesto PAIS (0,3% del PBI) suman en total más de 9% del PBI de recaudación.
La suma de estos tributos distorsivos en la región de Asia-Pacífico supera levemente el 2% del producto, al igual que el promedio de Latinoamérica y el Caribe, mientras que, en los países considerados desarrollados, pertenecientes a la OCDE, la suma de la recaudación por estos tributos es inferior al 1% del PBI.
Es decir que mientras en el mundo estos impuestos tienden a desaparecer, nosotros tendemos a incrementarlos. Cobramos “malos impuestos” que afectan a las exportaciones, aumentan los costos de bienes locales, bajan la rentabilidad de las compañías e impactan en la informalidad. El sistema actual genera muy poco incentivo para entrar en la economía formal.
Además del nivel de la carga tributaria, una de las mayores falencias del sistema tributario se relaciona con la burocracia asociada al pago de los impuestos y su baja efectividad en la recaudación: existen 148 diferentes tipos de tributos y tasas a lo largo de nuestro país, de los cuales solamente diez significan el 91% de toda la recaudación, mientras que el resto solo le quita competitividad a la economía. Según una encuesta realizada a CEO’s de las empresas socias de IDEA, más del 90% de los que respondieron afirman que una simplificación impositiva mejorará la competitividad de las empresas.
La acumulación y el crecimiento de tributos no deseados tiene un impacto sustancial en el nivel de inversiones, la cantidad de empresas que producen en el país y el nivel de precios de los bienes para los consumidores locales.
La Argentina es uno de los países que más recaudan en términos del PBI de la región, pero con una estructura tributaria regresiva y que atenta contra la competitividad. Además, contamos con una complicación adicional: niveles de informalidad laboral estancados hace años y niveles de evasión tributaria que nos colocan en el podio de la región. Esto significa que sobre quienes recaen los tributos en el sector formal, la presión tributaria efectiva es notablemente elevada.
Además, tampoco se alcanza a lograr el equilibrio fiscal en momentos donde no hay financiamiento local ni internacional y donde la demanda por la moneda local alcanza niveles históricamente bajos.
En el último Coloquio de IDEA, que se desarrolló del 4 al 6 de octubre en Mar del Plata, se presentaron tres ejes principales de propuestas para mejorar el sistema. En primer lugar, competitividad y la simplificación tributaria, con reformas que tengan como prioridad el crecimiento económico basado en reducir la burocracia tributaria y garantizando la seguridad jurídica para promover la inversión y generación de empleo.
El segundo eje presentado tuvo como objetivo reducir la informalidad en la economía: fomentar la adopción de medios de pagos digitales y promover la bancarización de los usuarios, tanto consumidores como vendedores, para mejorar la trazabilidad y reducir la evasión tributaria; puentes para incentivar a las empresas a poder seguir ampliando sus ventas y facturación sin un salto tributario que los limite e invite a tener prácticas no deseadas bajo el actual sistema; por último, transparentar la carga impositiva de los distintos bienes para que, como sociedad, podamos comprender el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana.
El tercero y último se centró en la coparticipación federal de impuestos. El sistema por el cual se rigen los porcentajes de distribución secundaria hacia las provincias quedó desactualizado y vetusto, por eso debe formar parte de las futuras discusiones de cambios tributarios.
*Economista de IDEA.
