El primer censo argentino fue realizado en 1869, cuando el presidente era Domingo Faustino Sarmiento. Quizás era, junto con la educación pública, un símbolo de modernidad.
Antimodernidad. El naciente Estado nacional se preguntaba a sí mismo cuántas personas lo habitaban. Era un esfuerzo impresionante para un país cuyos mapas eran imperfectos (con buena parte de la Patagonia en manos de la población originaria) y épocas en que la población se movilizaba a caballo o, en mejor caso, en carreta. Por ese motivo, aquel censo insumió tres días para su realización y tres años para conocer sus resultados: 1.877.490 habitantes. Un enorme territorio vacío. Ese censo impulsaría a la generación del 80 a promover la inmigración masiva de personas, mayoritariamente venidas de Europa. El segundo censo realizado en 1895 mostraba que la población se había duplicado: 4.094.911 habitantes.
Sin embargo, en torno a la realización del censo de 2022 se observó un clima negativo. Lejos de la alegría modernista, surgieron innumerables reparos. Las objeciones iban al corazón del clima actual: para qué el Estado quiere todos esos datos, cuánto cuesta ese operativo, por qué se declaró feriado el día del censo. Quizá cuestionamientos que no recibió Sarmiento en sus días. Algunos arguyen que las tecnologías de datos pueden superar la realización de las viejas encuestas de lápiz y papel, de hecho se presentó la novedad de poder responder por internet, opción a la cual accedió la mitad de la población.
También surgieron cuestionamientos sobre si esos datos estaban seguros, a prueba de hackers (¿o a prueba de políticos?). No se puede dejar de observar que muchos datos que se guardan en oficinas municipales, provinciales y nacionales pasan a integrar la masa del big data, presta a la microsegmentación electoral. Pero esta situación en particular, la objeción al censo, se enmarca en un contexto donde el hartazgo empieza a predominar primero contra la política y finalmente en el Estado.
Guerra social. Los memoriosos recordarán un proceso con algunas características similares al actual, pero mucho más acelerado, que ocurrió entre 1988 y 1991, con la degradación veloz de la economía tras la caída del Plan Primavera. A mediados de 1988, Raúl Alfonsín, con su ministro Juan Vital Sourrouille (que venía del mundo académico, como Martín Guzmán), buscaba estabilizar a un país que miraba cómo el dólar subía astronómicamente en las vidrieras de las casas de cambio.
Para eso se lanzó aquel plan que desdoblaba el tipo de cambio, se aumentaban los servicios públicos, se anunciaban privatizaciones de las empresas públicas y se elevaba al infinito la tasa de interés, y el Banco Central comenzó a licitar un sinnúmero de bonos con los nombres más diversos (lo que Roberto Lavagna inmortalizaría como “festival de bonos”).
A partir del Plan Primavera, en el peronismo, pero aun en el radicalismo, se hablaba de un Alfonsín ajustador. En poco menos de seis meses, el último intento de Alfonsín para parar la crisis se derrumbaba. Para mayo la inflación se disparaba casi al 80% mensual (llegaría al 3.000% en el año 89), y el valor del dólar casi se triplicó en cuestión de días. La sociedad respondía con furia y violencia.
Las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en octubre se adelantaron para el 14 de mayo, pero no alcanzó para calmar la calle mientras los saqueos se multiplicaban en todo el país. El 29 de mayo, Alfonsín declaraba el estado de sitio con decenas de detenidos y muertes por la represión policial. Algunos hicieron una traducción perdida en el tiempo: “Fue un golpe de mercado”. La furia continuó en los inicios del gobierno de Carlos Menem, que también asumía en forma adelantada. La peor versión de la anarquía se apoderaba de la Argentina: la sociedad contra el Estado. Un año después, Menem hizo su interpretación del mandato, dólar uno a uno y liquidación del Estado peronista.
Se empieza a vivir una situación con algunas comunalidades, pero en cámara lenta, aunque en aquel momento no existía el desarrollo del sector agropecuario como hoy, ni el colchón de un Estado que otorga millones de planes sociales, trayendo una paz social inestable. No obstante, la pobreza que en aquellos días era oscilante ahora es estructural. La mitad de los argentinos dependen del Estado para sobrevivir, pero tampoco están conformes.
El mensaje que durante años transmitieron los economistas liberales en la televisión ha surtido efecto, la única explicación heurística que tiene la sociedad para interpretar el momento es el déficit fiscal y el gasto público, pero en definitiva se trata de la idea de que el Estado se ha convertido en el gran obstáculo para el desarrollo.
¿El regreso del Carlo? En estos días circuló un paper de fuente dudosa que intentaba explicar lo que haría un gobierno de Juntos por el Cambio (o su sustituto) si ganara las elecciones. No esperaría el agónico derrotero de los inicios de Menem ni el dudoso gradualismo de Macri. Todas las medidas en los primeros días de gobierno. Cien horas, cien medidas.
Estas van desde apertura del cepo al dólar (con fuerte devaluación), hasta apertura de la cuenta capital, cauterización de las Leliq con un bono a largo plazo (¿no temblaría parte del sistema bancario?), liberación de los precios de los servicios públicos, decirle adiós a cualquier precio controlado, eliminación de buena parte de los programas sociales, apertura de las importaciones (las textiles en la mira), reforma laboral completa, cambio de signo monetario, privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas, bancos estatales, cambios en la coparticipación, la infaltable reforma del Estado con reducción de ministerios al mínimo indispensable. Hasta se propone una privatización del PAMI y una reforma drástica de la Anses, entre muchas medidas más (dijimos cien).
¿Qué actor político podría liderar este proceso ultraliberal? ¿Qué bloque histórico bancaría este proyecto? ¿Existirá una alianza parlamentaria para votar este programa en el Congreso o se haría a puro DNU? Entre 1988 y 1989, hubo una explosión social desconocida en la historia argentina, esta llevó a la reconfiguración del país, los daños sociales fueron tan profundos que elevaron a Néstor Kirchner a refundar el “Estado presente”.
Hoy da la impresión de que en buena parte de la sociedad la procesión va por dentro y esta amargura emerge en el rechazo de cualquier política estatal (censo incluido). En definitiva, los meses por venir traerán cambios imprevistos e inimaginables, y sobre todo sin garantías de nada.
*Sociólogo (@cfdeangelis).
