El doctor Arturo H. Illia fue derrocado la madrugada del 28 de junio de 1966, hace casi cuarenta años. El general Julio Alsogaray, y un pelotón de la Policía Federal a órdenes del coronel Luis Perlinger, lo obligaron a abandonar la Casa Rosada. Si una parte importante de los oficiales subalternos del Ejército se hubiese podido enterar de la actitud del teniente de Granaderos Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, jefe de la guardia en Balcarce 50, desde el 27 de junio, que estaba dispuesto a defender al presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y hubiesen imitado su ejemplo, la cadena de mandos se habría quebrado y el golpe habría fracasado.
Se cuenta que dicho joven oficial comunicó al jefe de las tropas desplegadas en la Plaza de Mayo que ordenaría abrir fuego a su sección de treinta hombres –un sargento, un cabo primero y 28 conscriptos– si intentaban penetrar por la fuerza en la sede gubernamental.
Sorprendidos, los altos mandos militares se comunicaron con el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, coronel Marcelo Delía, pidiéndole que ordenara a su oficial desconocer el deber y la tradición de la escolta presidencial. Esa tradición había sido quebrada por primera vez cuando el coronel Alejandro Lanusse, jefe de los granaderos, se abstuvo de respaldar a Eduardo Lonardi (aunque fuere simbólicamente) frente al golpe palaciego de Aramburu y Rojas en noviembre de 1955.
Mientras Rodrigáñez, de 24 años se aprestaba a combatir, su jefe Delía les contestaba a los generales que concurriría a la defensa de la legalidad con todo el regimiento si se producía un enfrentamiento. El teniente volvió a negarse a rendir ante una orden personal del general Alsogaray y sólo desistió cuando el propio Illia lo relevó de resistir. Retirado con el grado de coronel, su actitud valerosa seguramente le granjeó la simpatía de muchos camaradas. Había hecho honor a su misión y a la lealtad a su mando directo, con cuyo aval plantara bandera.
Pero a los cientos de tenientes y capitanes a cargo de compañías, escuadrones y baterías en todo el país les habría sido imposible enterarse ipso facto de la resistencia de Rodrigáñez durante un día y su noche, y menos pretendido imitarlo, dada la verticalidad radial en las comunicaciones castrenses y la lejanía de las unidades del interior, que sólo se enteraron ex post facto.
Este caso remite a la famosa cuestión de la “obediencia debida”. Aquel jefe de la escolta presidencial eligió priorizar su misión en lugar de someterse a sus superiores golpistas, lo que suponía una fidelidad suprema a la razón de ser de los granaderos y a las tradiciones sanmartinianas.
Una escena del cruce de los Andes en los libros de la escuela primaria de mediados de siglo XX representa a un centinela patriota apuntando con su arma e impidiendo el paso al general San Martín cuando intentaba vulnerar el reglamento redactado por él mismo, el que prohibía entrar al polvorín del Plumerillo con botas y espuelas por el peligro de chispazo y estallido. Un ejemplo de obediencia debida a la misión impuesta contrariando la jerarquía militar por un soldado raso, que fue respetado y felicitado por el Gran Capitán.
En el golpe de 1976 ya no hubo ningún joven granadero que defendiera, con o sin el aval de su jefe de regimiento, a la presidenta y comandante en jefe, Isabel Martínez de Perón. El valor de la “desobediencia debida” en defensa de la Constitución había sucumbido a los desastres de la guerra civil, sustituida por la obediencia ciega en ambos lados de la contienda. Esa que una justicia tuerta imputa a uno solo de los contendientes.
*Sociólogo. Ex teniente de Artillería (1965-1970).
