Son los tiempos de Elon Musk. Soñemos con un viaje al pasado de dos años hacia atrás. “Este es un gobierno liberal, cada uno tiene derecho a tener su ideología” decía el ex presidente Duhalde en diálogo radial con Nancy Pazos. La frase no sonaba extraña por el contenido, sino por la oportunidad. En ese momento, la Corte Suprema emitía un fallo sobre tarifas de gas a partir de una demanda colectiva o “de clase” promovida por Cepis, que contenía argumentos varios, salvo de corte liberal. En especial, la resolución del tribunal, no hacía referencia a valores de mercado, saltos injustificados de precios, cargos ocultos o promesas incumplidas por parte de las empresas de servicios públicos. Por el contrario, el fallo hacía alusión a posibilidades de los usuarios, a criterios de gradualidad en los aumentos y la preeminencia de los derechos humanos sobre las reglas y pretensiones del mercado. En tal sentido, si fuera válido el argumento de Duhalde, el presidente Macri tendría un aparente gran obstáculo en la Corte liderada por Ricardo Lorenzetti. No por los incuestionables antecedentes jurídicos de sus integrantes, sino por la contradicción entre un gobierno orientado a reducir la intervención del Estado en materia energética versus un tribunal permeable a procesar demandas colectivas de usuarios que pongan en riesgo el objetivo definido por el propio Macri en su primer discurso temático desde Vaca Muerta. En particular, la disminución progresiva de los subsidios a la energía que hoy suman 125 mil millones de pesos y representan más de un cuarto del déficit del Estado Nacional. Sin embargo, que la Corte intervenga en este tipo de reclamos colectivos, nada dice respecto a un sistema jurídico a contramano de las políticas del Gobierno, sino que habla de la incapacidad del Gobierno para diseñar soluciones que deberían emanar de su propio ámbito general de actuación y liderazgo político. Si hay un área donde Argentina debería volver al mundo con urgencia, es precisamente en este terreno de la administración de justicia. Yendo no demasiado lejos, ni a Rusia ni a Mongolia, sino a Estados Unidos, el padre del esquema constitucional que inspiró a Alberdi para su aplicación en el Río de la Plata, la política de la Corte de Suprema americana es altamente restrictiva en cuanto al tratamiento de demandas “de clase”, cualquiera se trate la materia. Más aún, el máximo tribunal de aquel país funcionó hasta la muerte del juez Scalia en febrero de 2016, con una verdadera muralla de contención conservadora, aunque liberal en la faz económica, integrada además del propio Scalia, por los jueces Roberts, Kennedy, Thomas y Alito. Tras la desaparición de aquel famoso jurista conservador ungido por el propio Ronald Reagan en 1982, el ex presidente Obama intentó reemplazarlo hacia el fin de su mandato por el juez Garland. El objetivo era claro. Inclinar la balanza hacia el grupo de los jueces liberales, aunque más intervencionistas en el plano económico, formada por Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kagan. La misión fracasó y el flamante presidente Trump selló la nominación del juez Gorsuch, reponiendo el status quo vigente hasta la muerte de Scalia. Ello implicó la continuidad de la tradición jurídica americana de contención de las demandas colectivas de consumidores y trabajadores que ponen en peligro los intereses de las empresas, piedra angular de un sistema económico donde, con vaivenes como el New Deal de Roosevelt, el liberalismo gozó de buena salud a lo largo de la historia. En ese aspecto, resulta delirante pensar en la intervención del tribunal americano en casos, como el argentino, referidos a la imposibilidad de pago de los servicios por parte de millones de usuarios y no en situaciones puntuales que alcanzan a particulares dañados por algún delito cometido por una corporación. Más aún, cuesta imaginar al bloque de jueces americanos integrado por Scalia en su momento, no dando batalla como la que brindaron y ganaron en dos casos con votaciones cinco a cuatro, como AT&T vs. Concepción o AT&T vs. Italian Colors, donde protegieron los intereses de dos grandes empresas versus dos grupos de particulares que buscaban la vía de la demanda colectiva y no el arbitraje privado. En síntesis, si Macri veta la iniciativa opositora del Congreso, mejor que evite tirarle el muerto a la Corte y vuelva a hablar desde Vaca Muerta, aunque en tono grouchomarxista. “Estas son mis tarifas, si no les gustan, tengo otras”.
