Paradojas argentinas

Inspirado en una nota de PERFIL del 14 de enero, que relataba cómo la SIDE presionó a Javier López Biscayart para que direccione una causa en un sentido determinado, el abogado Alejandro Pérez Cárrega denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez, por no haber realizado la denuncia de esa visita ante la Justicia Federal.
La consejera oficialista María Laura Leguizamón concluyó que la denuncia de Pérez Cárrega tenía determinada consistencia, avanzó en la investigación de los hechos y le comunicó a López Biscayart que prepare su defensa.
Más allá de que si el juez debió haber hecho la denuncia ante la Justicia –quizás interpretó que en el hecho no hubo delito– debería evaluarse también que fue el propio magistrado quien, ante la presencia de los espías, labró un acta para que constara el hecho. Luego, en una resolución sobre su competencia, López Biscayart relató que los agentes alegaron que esa causa debía tener un rumbo concreto, ya que era de “un supuesto interés del Presidente de la Nación y del titular de la AFIP”.
Además, en esa misma resolución, el juez se quejó de que esa “colaboración generosa” de la SIDE le fue reticente desde el Estado para, por ejemplo, investigar el caso Skanska. “De lo expuesto, me persuade la necesidad de poner en conocimiento de lo acontecido al titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, para deslindar las responsabilidades del caso”, siguió escribiendo López Biscayart. Es decir que al menos el Presidente y los siete senadores y siete diputados que forman parte de la Comisión Bicameral conocían formalmente el hecho, pero nadie parece investigarlos: una clásica paradoja argentina.