El peso de la ideología. Frente a la referencia sobre cualquier servicio público, se ha vuelto popular responder que “alguien lo paga”. Esto, tan cierto como intencionado. Esta respuesta del orden del sentido común lleva una gran carga ideológica (y como tal invisible) ya que supone que para soportar el gasto público todos tendrían que aportar en la misma proporción, o con relación a su uso, independientemente de su capacidad contributiva. Las posturas sobre “rebelión fiscal” apuntan a la misma cuestión, sin impuestos no hay Estado posible.
El minarquismo, como filosofía política, se resiste a pagar la educación pública, la jubilación en sistemas solidarios o de reparto, o incluso la salud pública. En su lógica todos estos servicios tendrían que ser privados. El mayor referente teórico de estas posiciones es Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y utopía, de 1974. El autor allí plantea las bases del Estado mínimo “limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos”. Concretamente, el Estado de Nozick se traduce en tres funciones estatales: defensa, seguridad y justicia. El mercado deberá desde esta perspectiva proporcionar todos los demás bienes y servicios. Incluso en el Estado ultramínimo, señala Nozick, hasta la seguridad debería asegurarse en forma privada (armas para la autodefensa).
Educación pública, ¿afuera? La discusión sobre el Estado mínimo en Argentina es una “batalla ideológica” que está frente a nuestras narices. Por ejemplo, la propia razón de ser de la universidad pública. Ha circulado mucho en estos días la información sobre los estudiantes extranjeros que estarían aprovechando las ventajas que la liberal Constitución Nacional otorga “a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Los medios oficialistas han hecho circular la friolera de 20 mil brasileños que estudiarían Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los datos oficiales disponibles para 2022 en la Facultad de Medicina señalan que en total los inscriptos son 50.994 estudiantes para las 16 carreras que allí se estudian (https://informacionestadisticauba.rec.uba.ar/). De aquí surge que el 22% son extranjeros (11.218 estudiantes). Se debe señalar que es un requisito de admisión en la UBA tener residencia (permanente o temporaria) en el país. El otro dato que se hizo circular profusamente es que cada uno de estos estudiantes (ya sea nacional o extranjero) “costaría” 700 dólares por mes. La conclusión a la que velozmente se llega con datos inchequeables es que se quitan los recursos a los que más los necesitan.
En lo inmediato, esta minibatalla previene sobre el conflicto inmediato: que el presupuesto de las universidades públicas está congelado a los valores de 2023, por lo cual las autoridades de las instituciones han advertido que en poco tiempo deberán cerrar sus puertas. Se espera que se solucione esta cuestión, pero prepara el terreno para la discusión siguiente: si se debe arancelar el sistema universitario, primero a los extranjeros y luego (porque no) a todos. Ya no hay lugar para “m’hijo el dotor” en la Argentina libertaria.
Pican los mosquitos. También se puede observar la nueva lógica en la respuesta estatal frente a la epidemia del dengue. La diputada Lilia Lemoine, en una entrevista en TN, lo puso blanco sobre negro: “Si tuviéramos un gobierno kirchnerista, ya habrían comprado todas las vacunas”. Desde esta perspectiva, ya no sería función del Estado proveer vacunas, en todo caso se deberían comprar en las farmacias, como pasa con la vacuna antigripal. Si hay dengue, el ministro del área puede recomendar usar pantalones o remeras de manga larga y acusar a la casta (¿los laboratorios?) que lo presiona.
Dentro de los cambios que se evalúan para el mandato de Javier Milei, se propone retornar al sistema privado de jubilaciones y pensiones. Es un misterio cómo podría instrumentarse con gran parte de los trabajadores en la informalidad o revistando como monotributista. El surgimiento de las AFJP fue una de las grandes reformas de Carlos Menem en 1994. En un principio fueron 26 empresas pero luego las más pequeñas fueron compradas por las más grandes, quedando unas diez. Los memoriosos recuerdan las masivas propagandas televisivas y los promotores recorriendo cada lugar de trabajo.
En 2008, el sistema de las AFJP fue eliminado por Cristina Kirchner para volver a integrar a todos los aportantes en el sistema de reparto, en una de sus medidas más polémicas. A fines de 2023 surgió el reclamo de unas 20 mil personas que lograron el milagro de jubilarse por el sistema privado y que estaban cobrando unos 20 mil pesos por mes. El Estado resolvió poner la diferencia para alcanzar el haber mínimo. Las “excesivas comisiones” cobradas por las AFJP (AFP en Chile) es uno de los problemas mencionados por el Banco Mundial para explicar la crisis del sistema previsional privado en América Latina.
Se debe evaluar que el gasto previsional fue el 45% del Presupuesto 2023, y la caída de los ingresos frente a la inflación de los jubilados y pensionados se transformó en un problema para el Gobierno, ya que los adultos mayores junto con los más jóvenes conformaron una extraña alianza que llevó al triunfo a La Libertad Avanza.
Otra vez la realidad. El mercado no financiero, por ahora, no da las respuestas que el Gobierno necesita. La ideas utópicas a lo Nozick deberán esperar porque la coyuntura manda. La triple combinación de los aumentos de precios de marzo, más la caída de la recaudación impositiva y el atraso cambiario (que la mayoría de los economistas señala en voz alta), comienzan a matizar las expectativas que genera un nuevo gobierno con el malestar propio de 2023. La esperanza es que la medición de abril esté en una cifra para volver a octubre (8,3%). El impacto de la suba de las tarifas públicas será el próximo elemento que observar en el clima social. La ley Bases 2 parece estancarse entre las demandas de los gobernadores dialoguistas, que reclaman por el retorno de flujos a las cajas jubilatorias provinciales, entre otras cosas. ¿Es hora del cambio en el cambio?
