La elevación a juicio oral del escándalo Skanska vuelve a exponer un caso testigo de la podredumbre de negocios públicos y privados, con protección judicial y mediática.
La investigación la inició hace 14 años el juez penal económico López Biscayart, que avanzó sobre el pago de coimas de la empresa constructora sueca a funcionarios para la ampliación de un gasoducto. Fue revelada en exclusiva por PERFIL en noviembre de 2006. Y nadie agita en su totalidad ese hecho de corrupción, acaso porque salpica más de lo que se ve.
Los principales acusados son Julio De Vido y José López, nada que sorprenda. Sin embargo, en aquel momento, connotados medios y colegas –que mucho después se rasgaron las vestiduras por la corrupción K– omitieron durante meses lo que este diario iba descubriendo y contando. Había que cuidar a Kirchner.
Con la misma lógica, la Justicia le sacó la causa a López Biscayart. Se la dio a Oyarbide, que volteó pruebas claves con la anuencia de una sala de la Cámara Federal y sin que apelara el fiscal Moldes.
La Corte Suprema revió esas decisiones y le encargó al juez Casanello que la reactive, proceso que culminó ahora con la elevación a juicio.
Como en los 90 hicieron IBM y Siemens ante escándalos de corrupción en la Argentina, la casa matriz de Skanska en Suecia culpó a sus directivos locales por el supuesto pago de coimas, lo que obviamente rompía los códigos nórdicos de prácticas empresarias. Odebrecht fue luego menos hipócrita.
Por entonces, en privado y mucho antes del Cuadernogate, los empresarios admitían que pagar comisiones era la única forma de conseguir contratos del Estado. Y, en público, el kirchnerismo negaba todo. El jefe de Gabinete era un tal Alberto Fernández.
