Nuestra Constitución dice que se “adopta para su gobierno la forma representativa”. Hasta 1853 fuimos gobernados por caudillos provinciales, y de hecho, tuvimos gobiernos no elegidos por el pueblo hasta 1916, cuando se aplica la Ley Sáenz Peña. Se cumplía así con el mandato constitucional y se esperaba que los futuros gobiernos pondrían en el centro de su atención, y de su acción, las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, la distancia entre lo que esperaban los representados y lo que hacían sus representantes, fue creciendo hasta llegar a un presente en el que la clase política está en el centro de las críticas, y del desencanto ciudadano. Fruto de que esos gobiernos ponen esa representación al servicio de sus propios y variados intereses, esta perspectiva de que la llegada al poder sirve como solución a las necesidades económicas, influye para que en cada elección el número de candidatos a representantes crezca hasta multiplicar por mucho el número de cargos a cubrir.
Candidatos que se organizan en partidos políticos para llegar al poder y así alcanzar beneficios como: ingresos altos y seguros; negociados con la obra pública; concesiones; eximiciones de obligaciones y un sinfín de subterfugios que siguen creciendo al compás de la imaginación de los hombres públicos. Y para garantizar el goce de esos beneficios se han preocupado por establecer en nuestra Constitución Nacional normas como el artículo 38 que declara a los partidos políticos “instituciones fundamentales del sistema democrático”, o la garantía de estabilidad en el empleo público (artículo 14 bis) para proteger a todos aquellos amigos, parientes o correligionarios que han ingresado al Estado, sin reunir las capacidades que se requieren para las funciones a desempeñar, y en muchos casos sin que exista una necesidad institucional que los justifique.
La clase política está en el centro de las críticas y del desencanto ciudadano
Y como resultado de las elecciones a nivel nacional, cada uno de los ciudadanos argentinos pasamos a ser representados por un presidente de la Nación y un vicepresidente; quienes se sirven de aproximadamente veinte ministerios, los que a su vez crean departamentos o secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones y otras varias denominaciones que dan lugar a una burocracia enorme e ineficiente con el solo objetivo de contratar a su gente. A todos estos funcionarios del Poder Ejecutivo se suman representantes legislativos nacionales, ya que se eligen cientos de diputados y senadores, los que cuentan a su vez con numerosos empleados, pasajes, viáticos, asesores, una biblioteca con miles de empleados y hasta un departamento de automotores.
Pero como la residencia de cada ciudadano se da en alguna de las provincias (incluida CABA), debe elegir también a sus representantes en las instituciones provinciales. Por eso elegirá: un gobernador y un vicegobernador, quienes nombran ministros, con sus secretarías, subsecretarías, direcciones y toda la burocracia conocida. Pero también elegirán representantes legislativos, con Congresos provinciales (que en algunos casos cuentan además con una Cámara de Senadores); todos munidos de los privilegios ya mencionados a nivel nacional, y con su tropa de empleados, asesores y demás.
Pero la sobrerrepresentación no termina ahí, ya que cada ciudadano reside en un municipio; y por lo tanto elegirá también a un intendente y un Concejo Deliberante, quienes crearan secretarías, direcciones y demás reparticiones, cada una de las cuales con una nutrida planilla de empleados.
El resultado de esta sobrerrepresentación muestra que mientras una casta política consume buena parte de los recursos del Estado, las mayorías ciudadanas reciben pésimos servicios de salud y educación, sin seguridad para sus bienes y vidas, y con casi la mitad de los ciudadanos en la pobreza. Todo por no contar con quienes efectivamente los representen.
*Sociólogo.
