Después de cuarenta años de democracia ininterrumpida no hemos superado el estancamiento económico que está en la base de la grave situación social expresada en altos niveles de pobreza, indigencia, marginalidad e informalidad laboral, sumada a una mala atención de la salud y de la educación, y una inseguridad generalizada potenciada por el avance del narcotráfico. Estancamiento fruto de la desidia y la impericia de los gobiernos que se han sucedido por décadas, en cuanto a los problemas materiales del conjunto de la sociedad.
En paralelo a esta inacción e impericia, con frecuencia se recurre a instituciones formales que sólo intentan ocultar aquellos fracasos: los Consejos Económico y Social. El último creado en nuestro país el año 2021 no fue la excepción ya que no produjo acción alguna que intentara siquiera enfrentar los problemas señalados. Una experiencia en parte diferente fue la creación de este tipo de instituciones durante la primera presidencia de Perón. Y esto como consecuencia de su decisión en cuanto a dinamizar una economía que resultaba imprescindible para atender con empleos genuinos (y no con asistencialismo) las demandas de un movimiento que lo reconocía como su líder indiscutido. Decisión que favorecía de paso los proyectos productivos de los empresarios, facilitando así, además, acuerdos entre ambos actores de los procesos económicos.
El Consejo Económico y Social creado en 2021 no produjo ninguna acción
Lo anterior parece indicar que la recurrente falta de logros de estos Consejos creados como pantalla de la inacción económica no debiera ocultar la conveniencia de contar con los aportes que estos dos actores centrales del desarrollo (empresarios y trabajadores) pueden y debieran hacer a la solución de nuestros problemas socioeconómicos. Y para ello debemos pensar en nuevas formas de participación de los mismos, ocupando ahora un lugar institucional legítimamente reconocido, lejos de la manipulación presidencial, desde el cual aportar sus experiencias y requerimientos, junto con tejer acuerdos y formas de convivencia que aseguren un desarrollo económico eficiente y equitativo para el bienestar del conjunto de los ciudadanos.
El primer paso de estas nuevas formas de participación apunta a revisar la ubicación institucional de estos Consejos, los que hasta ahora, han sido una herramienta de propaganda del Ejecutivo; poder que por sus funciones institucionales ha estado concentrado en el corto plazo. Más pertinente parece institucionalizarlos como una Comisión Permanente del Congreso de la Nación, al que la Constitución en su artículo 75, inciso 18, le fija como atribuciones la de “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias… y promoviendo la industria… la importación de capitales extranjeros…”. Otra ventaja de su ubicación en el Congreso es la mayor continuidad en las tareas del mismo, dado que, aun cuando las elecciones periódicas pueden cambiar su composición, siempre se trata de renovaciones parciales que permiten desarrollar una tarea de mediano y largo plazo. Comisión que deberá ser creada por una ley de la Nación que definirá sus funciones, el carácter permanente de la misma y las formas de rotación de sus integrantes, así como una composición que incluya tanto a parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas en proporción a su número, como a representantes de las diferentes organizaciones empresariales y laborales. Los acuerdos de esta Comisión deberán ser aprobados, y convertidos en leyes de cumplimiento obligatorio, por las Cámaras de diputados y de senadores de la Nación.
El deterioro económico y social, así como los peligros de desintegración de nuestra sociedad, obligan a encarar desafíos que además de mostrar una mayor consistencia con las necesidades que nos apremian, se ajusten mejor a la distribución de funciones que nuestra Constitución (Segunda Parte) asigna a las diferentes “Autoridades de la Nación”.
*Sociólogo.
