Con motivo de la discusión en la Cámara de Diputados de la ley ómnibus pudimos escuchar por primera vez, en muchos casos, a los nuevos funcionarios del Gobierno, especialmente a los del Ministerio de Capital Humano. Reconozcamos que el Dr. Barra no es nuevo, por el contrario es muy conocido, representa a la casta en su estado más puro, esa casta que el Presidente quería acabar y ahora muchos son sus funcionarios predilectos. Todos tienen en común: su pensamiento conservador y que estuvieron, en general, en los sectores minoritarios que se opusieron sistemáticamente a la igualdad de género y otros derechos humanos, en estos 40 años de democracia. Por eso ahora niegan la desigualdad de género, nunca la reconocieron y ahora creen que tienen la posibilidad de imponer eso, en un contexto opuesto, excepto algunos grupos que ellos vienen a reivindicar, desde Trump a Bolsonaro. Entre los cambios los referidos al Código Civil son inadmisibles. Un Código ampliamente discutido y consensuado por los parlamentarios y la sociedad civil durante tres años, quieren cambiarlo dando unas dos horas como mucho para discutirlo. Entre ellos, propone cambiar el Art. 34 del Código Penal en el inciso 1. Incorporar: “la facultad de castigar encerrándolo en el ‘manicomio’del que podrá salir, solo por resolución judicial”. Esto recupera a los manicomios con su capacidad de ser lugares de destierro y castigo, no de atención de la salud.
Otra modificación importante es la de la ley de los mil días, ley sancionada hace tres años junto con la del aborto. Interesante que si bien es una ley directamente vinculada a la salud, lo plantea el secretario de Niñez, por eso tiene una mirada muy sesgada. De la Torre dijo que es para ampliar derechos porque: “la anterior solo cubría lo económico y hasta el noveno mes del embarazo”. Esto es falso e indica que no leyó la ley que quiere cambiar, porque lo económico seguía hasta los mil días, y además se agregaba a la atención integral según las normas del cuidado materno-infantil, ampliamente conocido en salud. No solo no excluye otros cuidados, sino que los reforzaba. Por eso para esta modificación debería haber participado el ministro de Salud y su equipo que no pueden ignorar esto. Además, la propuesta se limita a la atención de las madres. No incluir a las mujeres y personas con capacidad gestante es dejar a un grupo que requiere más atención, para iniciar esa gestación. O sea quienes más apoyo necesitan son excluidas. No parece que así se amplían derechos.
Otra propuesta es “la identificación de las embarazadas” para poder acompañarlas y apoyarlas. Esto sin la ayuda económica es lo que cualquier Manual de cuidados materno-infantiles indica. Lo fundamenta en la investigación desde hace diez años, con un resultado que no se registra en ninguna bibliografía de la vasta existente, entonces, ¿por qué no mejorar el sistema de salud? Incluso, habló de un seguimiento territorial asignando un funcionario para seguir cada veinte embarazadas. Esto es muy llamativo, porque las embarazadas en Argentina van en una alta proporción al control prenatal, salvo casos extremos, ya sea por lejanía geográfica o por problemas culturales, como las indígenas.
Sobre el uso de “niño por nacer”, término que en la medicina no existe, lo justificó porque “hay que cuidar al niño desde la concepción en el seno materno”, algo obvio en cualquier Tratado de atención materno-infantil. Esto no justifica llamar niño al feto, creando confusión porque en salud “niño” es una vez que nació, o sea que respiró fuera del seno materno. Incluso, esto contradice la definición en nuestro Código Civil, algo muy sensible por los problemas vinculados a los derechos hereditarios. Es evidente que no se puede aceptar.
Por último se propone un cambio de la ley Micaela que tergiversa el objetivo central: sensibilizar a todo el personal sobre la perspectiva de género. La limita a solo el personal destinado a tareas relativas a la violencia. Otro cambio que no se puede aceptar.
