Donald Trump ni se imaginó antes de la elección que el sistema electoral contra el que descargó su furia lo favorecería tanto. Como Al Gore, con más de medio millón de votos arriba de Bush, Clinton lo superó por más de 200 mil. Con menos sufragios, ganó la Casa Blanca y las dos cámaras. Esto ya había ocurrido tres veces en la historia, en beneficio republicano.
El Colegio Electoral se organiza con electores proporcionales al número de congresistas por estado. El sistema mediatiza la representatividad popular en sentido amplio. Quien consigue más votos en el total del estado dispone de todos los electores del mismo por más reñidos que los porcentajes hayan sido (winner takes all), lo que torna una contienda política nacional en la adición de fragmentos de batallas que se libran en cada recorte. Dándole a los estados indecisos un poder desmedido. Pero una nación es más que un troquelado para armar sumando sus partes.
Los demócratas que ganan los estados más poblados con grandes áreas metropolitanas y gran cantidad de electores son desfavorecidos. Si los republicanos los vencen en uno solo de estos, les suprimen todo el capital de voto presidencial por tomar todos sus electores, pero no sufren el mismo daño a la inversa, porque dominan los estados rurales despoblados –más de la mitad de la unión– con muy pocos electores, el “Outback”. Bastión conservador “WASP” de la Norteamérica profunda porta otra ventaja oculta: por su escasa población necesita menos votos para consagrar un elector o representante a ambas cámaras que el resto. El resultado es la brecha entre voto popular y colegiado.
Le alcanzó a Trump un 27% del electorado para el triunfo. La excusa: la desproporción que de otro modo surgiría en el número de electores por estados, llegando en casos a carecerlos, alterando lo que para los acólitos del método consagra el espíritu de la Constitución: el federalismo expresado en la mirada de sus padres fundadores. El problema no es tanto el de una sobrerrepresentación de los estados con poca población, como el de la subrrepresentación de aquellos densamente poblados. Los habitantes de las grandes metrópolis con mayor desarrollo de la sociedad civil, mejor educación, una rica experiencia participativa, y una profusa herencia de luchas obreras –factores que en su conjunto permiten inferir decisiones más informadas al margen de suspicacias del “voto calificado”– ven minimizadas sus chances, lo que afecta más a demócratas y a corrientes alternativas al bipartidismo.
Cada sistema electoral contiene sutiles formas de manipulación territorial que ofrecen ventaja a sectores, al margen de la erosión de su poder político real en la sociedad. El problema replica en países cuyos sistemas, aun sin Colegio, comprometen la representatividad directa de la voluntad popular.
En Argentina, que modificó el suyo en 1994 empoderando a Buenos Aires, que pasó de 27% a 38% del total de representantes –aunque en desmedro de diez provincias pequeñas, cuya influencia decreció del 23 al 3,6%– no sólo habría ganado Hillary: habría obtenido más ventaja en ambas cámaras. En Brasil el criterio de “proporcionalidad” da a cada estado una cantidad mínima obligatoria de representantes en relación a su población, por lo que un voto de Acre vale 17 paulistas.
Hay fuertes argumentos para el cambio. Los estados con vastas metrópolis piden más peso, un voto que los proyecte directamente a la pelea nacional donde la voluntad de cada elector no se confine al escaque estadual, y con más electores allí donde el ratio por habitante es más bajo. ¿Por qué aceptar un voto devaluado si aportan la parte del león del PBN? El resto expresa preocupación frente a lo que perciben como una amenaza por la posible pérdida de poder bajo diseños distintos, basados en criterios restitutivos de influencia ciudadana y comarcal por encima del recorte estatal o provincial, de débil razón funcional e identitaria en las jóvenes naciones americanas.
