El Presidente eligió la cadena nacional para capitalizar el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York por el caso YPF y para volver a cargar contra los responsables políticos de la estatización. El problema es que, más allá del alivio judicial y financiero y del eventual rédito narrativo, el mensaje presidencial dejó pasar una excelente oportunidad. Con fatiga social creciendo y con una credibilidad más frágil por los escándalos de corrupción, cada semana sin definiciones claras vuelve más costosa cualquier corrección y reduce la potencia de los anuncios. Dicho de otro modo: cuando se acumulan tensiones, corregir temprano suele ser menos caro que corregir tarde.
En efecto, desde hace algunas semanas, la discusión económica argentina entró en una fase incómoda: el Gobierno acumula hitos, pero la economía real no acusa recibo. Se ganó una elección, se aprobó un presupuesto, se pagó deuda en dólares, el Banco Central compra divisas, se sancionan reformas. En cualquier manual de construcción de confianza, esos pasos debieron ser suficientes para que las expectativas dieran un vuelco visible. Sin embargo, el clima sigue siendo de cautela y espera. Por lo que no debería extrañar que en diferentes ámbitos hayan surgido especulaciones acerca de lo que podrían hacer el Presidente y su equipo económico si la realidad sigue sin acompañarlos.
El dato duro es que la estabilización dejó de ser una carrera contra la hiperinflación para convertirse en una carrera contra la inercia. Y en esa carrera el margen se achica. La inflación no baja con la velocidad prometida, con la inflación núcleo al 3%, el shock energético global amenaza con volver más difícil cualquier sendero de desinflación. El Gobierno insiste en que la corrección de precios relativos explica la persistencia inflacionaria. Puede ser. Pero entonces aparece la contradicción: si esa corrección continúa –y todo indica que continuará–, la promesa de un “cero” en pocos meses se vuelve un problema de credibilidad antes que un objetivo económico.
En paralelo, el costo de sostener el mix macro actual se acumula en el lugar más sensible: rentabilidad y empleo. Tasas reales altas y tipo de cambio real apreciado son funcionales a la reducción de la nominalidad, pero complican el capital de trabajo, encarecen el financiamiento y aprietan a los sectores transables y a los que compiten con importaciones. Cuando empiezan a aparecer cierres, suspensiones o recortes en rubros muy distintos, la lectura “micro” deja de servir: no es una empresa, es el contexto. Y el contexto es macro.
Entonces, ¿por qué el Gobierno insiste en que no hay nada que corregir? Hay una respuesta política y otra económica. La política es obvia: admitir cambios suena a concesión. En un liderazgo que construyó identidad sobre la idea de convicción, recalibrar puede leerse como duda. Sobre todo en momentos en que la legitimidad (y por ende la credibilidad) del Gobierno está puesta en duda por varios escándalos de corrupción. La económica es más sutil: el equipo parece creer que la confianza se construye por acumulación de cumplimiento. Si se siguen cumpliendo metas fiscales, se sigue desinflando y se siguen aprobando leyes, tarde o temprano la confianza despega y la inversión y el consumo deberían “arrancar”.
El problema es que la economía real no siempre espera a que esa coordinación ocurra. Hay decisiones empresarias que se toman por flujo de caja, no por fe. Y hay hogares que ajustan por restricción, no por expectativas. Cuando el crédito se encarece y los ingresos no se recomponen, sube la mora, se alargan cadenas de pago y la transición se vuelve más frágil. El programa puede seguir exhibiendo cierto orden nominal, pero el tejido productivo empieza a deshilacharse. Y cuando ese daño se acumula, ya no se trata de si el Gobierno quiere corregir: se trata de cuándo la realidad lo obligará a hacerlo.
¿Qué es lo que puede obligarlo a corregir? Tres factores. El primero es externo: si el shock energético se prolonga, el dilema tarifas-subsidios vuelve a ser central. Absorber el aumento cuesta fiscalmente; trasladarlo a los consumidores cuesta políticamente y suma presión inflacionaria. El invierno está cerca y la disponibilidad de GNL importado para cubrir el pico estacional es, cuando menos, incierta. El segundo es financiero: sostener desinflación con un tipo de cambio real persistentemente apreciado y tasas reales altas puede funcionar un tiempo, pero si empieza a afectar renovación de deuda en pesos, crédito y actividad, el costo se multiplica. El tercero es social: la paciencia no se rompe siempre con un estallido; a veces se erosiona con la sensación de que el sacrificio no mejora la vida cotidiana. Y cuando se erosiona, crece la demanda política por opciones alternativas y los espacios que hoy están vacíos se ocupan. El camino hasta las elecciones de 2027 es muy largo y ya se escuchan algunas voces que sugieren que hay que esperar hasta entonces para convencerse de que esta vez sí es diferente.
Quizás el mayor riesgo del programa no sea una crisis repentina, sino algo más argentino: la creencia de que se puede ganar tiempo especulando que la macro se acomodará sola. La experiencia del TMAP (“todo marcha de acuerdo al plan”) de los meses previos a las elecciones de octubre pasado parece no haber servido de suficiente aprendizaje: la corrección que se evita no desaparece. Llega más tarde, y llega más cara.
*Economista de la consultora Perspectiv@s
