Cuando le fue dado a Rusia el estatus de sede, el gobierno prometió a la gente que el 90% de las inversiones en infraestructura irían a satisfacer las necesidades de las ciudades y sus habitantes. Que la copa adelantaba una agenda de desarrollo cuyos recursos se usarían de un modo u otro para ese fin, que trascendía el Mundial.
Sin embargo, el 100% fue para infraestructura específica del mismo, sin beneficios para la ciudadanía. Una apropiación del evento por las elites facilitada por: una estructura vertical que concentra poder federal, y que deja fuera de la toma de decisiones a las ciudades que pelean por la repartija y ligan migajas: el 52% del presupuesto se repartió entre Moscú y San Petersburgo, el resto entre las otras nueve sedes. Una organización en manos del Ministerio de Deporte, en lugar del de Desarrollo Económico, que prioriza aspectos deportivos por sobre los de vivienda, transporte y servicios comunitarios.
Las elites manejan el Estado, gravitaron en la disolución de la URSS y en el ordenamiento político posterior. Sin elecciones libres, sólida institucionalidad e interferencia política en la economía, cambian poder por recursos. Un sistema “neopatrimonial” que los redistribuye a cambio de lealtad torna a los eventos en fuente de extracción de renta.
Las ciudades presentaron 1.129 proyectos a un costo de 42 billones de dólares. En 2013 mientras el costo de los juegos de Sochi se iba para arriba y la economía para abajo, se aprobaron 271 por 20 billones: 7 estadios nuevos, 86 campos de entrenamiento, 62 hoteles, mejoras en aeropuertos y vínculos entre estos y los estadios.
Fuera quedaron las extensiones de metro, las renovaciones de hospitales y rutas que dan accesibilidad interna, un tren de alta velocidad entre Moscú y Kazán. La prioridad: la finalización, con dinero público, de las megaarenas en capitales regionales, que impone FIFA (solo el de Spartak en Moscú con capital privado) y de negativa utilidad futura en un país con un 2% promedio de asistencia a los estadios. Saransk, Kaliningrado, Sochi y Volgogrado ni siquiera con clubes en primera.
El sentido de urgencia que se impuso fomentó sobrecostos: un atraso para evitar equipamento caro de último momento no es posible. Una sola compañía estatal ganó las licitaciones para la construcción de todos los estadios, sin ser la oferente más baja, y, a veces, única licitante. En algunos casos subcontrató a terceros y se quedó con el 30% en concepto de supervisión.
Facilita la transferencia de recursos detrás del evento una literal “suspensión” de la legislación vigente, común a otras copas, que asegura los beneficios de FIFA y elites asociadas, como la exclusividad de toda actividad comercial en un radio de 2 km de los estadios, protección a marcas y derechos de publicidad. Las excepciones impositivas a ciertos grupos son un subsidio indirecto que no se calcula como costo.
En un contexto de excepcionalidad, una serie de enmiendas debilita los derechos de la gente frente al Estado, como el de reunión. Se restringe la libre circulación, se prohíben eventos no vinculados a la copa para evitar el “efecto Brasil”. No hay audiencias públicas ni publicación de rezonificaciones obligatorias según el código urbano. Los contratistas pueden deforestar a piacere. Una enmienda del Código Civil facilita las expropiaciones masivas para desarrollos privados, y la sobreexplotación de trabajadores vinculados al evento.
En tiempos en que nuestro país impulsa una agenda para ser anfitrión en un futuro juego, vale destacar que, más que un catalizador para el desarrollo, los mundiales o juegos conducen a incumplidas quimeras. Subestimación de costos, que acaba pagando el pueblo. En lugar de una ciudadanía aprovechando el evento para el crecimiento, es el evento el que dispone de las ciudades y su gente, una abrupta intrusión externa que reescribe las prioridades de desarrollo según un libreto ajeno a los intereses de las mayorías, y reorganiza las relaciones sociales y económicas por un breve período para el beneficio de pocos.
*Geógrafo UBA. MA, UA, UNY.
