No está claro si las protestas en Israel tienen solo el propósito de oponerse a la reforma del Poder Judicial presentada por la coalición de gobierno o si están dirigidas a forzar la renuncia de Benjamin Netanyahu y sus socios a pesar de haber ganado las elecciones de noviembre del año pasado. El dirigente del Likud ha sido la figura dominante de la política israelí desde 1996, cuando fue elegido primer ministro por primera vez, y luego desde 2009 hasta 2021. El ejercicio del poder por más de 15 años creó una profunda división en la clase política, que vio bloqueada sus posibilidades de reemplazarlo, y también en la sociedad, como suele suceder con los líderes que permanecen largos períodos en el poder.
La reforma judicial tiene el propósito de modificar la composición actual del Comité de Selección de nueve miembros compuesto por tres jueces, dos del colegio de abogados, dos ministros de gobierno y dos legisladores. El nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere siete votos y los de otras cortes, simple mayoría. La reforma propone integrar el Comité con tres ministros, tres legisladores, el presidente de la Corte Suprema y dos jueces elegidos de mutuo acuerdo entre el ministro de Justicia y el presidente de la Corte. Mientras en el Comité actual los jueces controlan las designaciones y promociones, la reforma otorga una incidencia mayor a los representantes surgidos de las elecciones.
La Corte actual tiene el derecho de rechazar la legislación aprobada por el Parlamento, basada en un criterio de “razonabilidad” ante la falta de una Constitución que pueda servir de referencia. La reforma exigiría que esa facultad solo pueda usarse cuando sea aprobada por 12 de los 15 jueces que integran la Corte y el Parlamento podría revertir el dictamen por mayoría simple. También prohibiría a la Corte juzgar las leyes básicas.
Los jueces permanecen en sus cargos hasta los 70 años. Está previsto que la presidenta de la Corte, Esther Hayut, nombrada en 2004, cese en sus funciones en octubre de este año y el vicepresidente, Uzi Vogelman, designado en 2009, en octubre de 2024. Los próximos reemplazos serían recién en 2028 y 2032.
La crisis refleja las oscilaciones que llevaron a cinco gobiernos en tres años
La reforma del Comité de Selección implica una significativa reducción de la intervención de los jueces en las designaciones en favor del partido o coalición mayoritaria al igual que una mayor limitación de la Corte Suprema para impugnar las leyes aprobadas en el Parlamento. La actual coalición, de mantenerse en el gobierno, tendría la posibilidad de nombrar un juez de la Corte Suprema este año, otro en el siguiente y un tercero en 2028, sobre un total de 15.
La oposición ha señalado la hipotética posibilidad de que la coalición actual apruebe leyes que limiten la libertad de prensa, supriman el derecho de los árabes israelíes a participar en las elecciones, restrinjan los derechos de las minorías Lgtbq y mujeres, incorpore Cisjordania, legalice como ciudadanos de segunda clase a la población palestina y cree condiciones para perpetuarse en el poder. También considera que Netanyahu pretende con la reforma bloquear los juicios en su contra por abuso de poder. El profesor Menachem Hofnung sostuvo en una conferencia en la UTDT, donde dedicó el 90% de su exposición a denostar a Netanyahu, que no habría razones para efectuar cambios en el Poder Judicial porque hasta ahora “anduvo bien”.
Los cuestionamientos van más allá de consideraciones técnicas que podrían resolverse modificando uno o dos nombramientos en el Comité de Selección o en el mecanismo de aprobación de las leyes. La controversia apunta a la necesidad de definir los alcances de la democracia en Israel, que “hasta ahora” fueron plasmados en leyes básicas previstas en la Decisión Harari de 1950 por el fracaso para redactar una Constitución, como estaba previsto en la Declaración de Independencia de 1948. La última fue la ley Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío, aprobada por 62-55 y dos abstenciones sin requerir una mayoría extraordinaria a pesar de su extrema importancia.
La crisis refleja las oscilaciones políticas que llevaron a cinco gobiernos en tres años. Será muy difícil encontrar un equilibrio hasta no definir el carácter del Estado en una Constitución y sus instituciones, que sea producto de un consenso que garantice a todos los mismos derechos.
*Diplomático.
