La principal empresa productora del herbicida que contiene glifosato, parte indisociable del paquete técnico del agrobusiness que vende también la semilla resistente al plaguicida, basa su defensa en el mismo principio del derecho anglosajón que permitió a O.J. Simpson evitar la prisión, y que en la práctica denota sesgo social: el que sostiene que la culpabilidad se cuestiona si se sustancia una “duda razonable”, y que permite a poderosos contratar expertos con pericia para impugnar procedimientos de recolección y gestión de pruebas, para sembrar luego la duda de que hay errores en tales pruebas, lo que es frecuente.
La empresa es “ayudada” por la prohibición de ensayos en humanos, y el delay causa-efecto inherente a alteraciones del ADN, a pesar de correlaciones entre zonas de alta incidencia de enfermedades y uso intensivo, de pruebas en mamíferos, de que parte de la comunidad científica haya dado su veredicto, y la OMS lo declarara “probablemente cancerígeno”. Nuestra legislación invierte la carga de la duda en temas ambientales: in dubio pro societate: ante la duda, se protege a la sociedad. Pero designar funcionarios vinculados a pools de siembra, y bajar retenciones refleja no solo un espíritu de gestión: in dubio pro privado, sino una visión de crecimiento con la soja como puntal, y el ambiente como variable de ajuste.
Un argumento de la empresa es que el problema está en el modo de manejo y cantidad de herbicida usado, no en el producto, lo que en parte es verdad, tanto como su ligazón a la agricultura moderna, que sufriría el impacto económico de una remoción drástica. La controversia en torno a la toxicidad, central para países desarrollados, está subordinada a un problema mayor en los países en desarrollo, mucho más afectados, que no atañe solo a la química del producto, sino al modo de articulación del paquete técnico del que es parte, con su realidad socioterritorial. Los desplazamientos masivos asociados al modelo extractivo sojero impulsan una dinámica de crecimiento continuo de asentamientos en áreas de transición urbano-rural. Su carácter informal, la negación institucional, los expone a fumigaciones que se llevan a cabo de acuerdo con normas de “distancias seguras” desde el límite de ciudades y pueblos: fuera del mapa oficial, lo que expulsa también enferma. Un paradigma que mina el ambiente, endeuda y rechaza a productores periféricos carentes de “escala”, y que lejos de satisfacer la necesidad social de alimentos, por su carácter global, impacta sobre el precio de la tierra y del producto, aumenta la brecha social e impide el avance hacia un mayor grado de soberanía alimentaria. Cuando el objeto único es la ganancia en el vacío de la falta de planeamiento del sector, el ambiente se subordina al mercado, su manifestación territorial, el monocultivo que naturalizamos como paisaje de convivencia. Pero su orden geométrico aparente oculta un quiebre con la biodiversidad inherente a la naturaleza originaria, que lo hace vulnerable a pestes que se combaten con cantidades nunca suficientes de herbicidas debido a la resistencia que los organismos desarrollan a ellos. Por ello, la singularidad del modelo es su potencial negativo de impacto sanitario al margen del marco en el que se implante.
No se puede volver atrás sin hacer tabla rasa de nuestra geografía agraria, pero hay que poner freno a su expansión sobre ecosistemas con variedades salvajes de especies con potencial de uso futuro, que portan en su genética “aprendizajes adaptativos”, claves que podemos decodificar y aplicar en hibridación o medicina. Reguladores climáticos cuyo compromiso torna la incertidumbre y el riesgo en desastre natural. No es tarde aún para la procura desde el Estado, y la sociedad civil, de alternativas realistas al modo traumático de vínculo de las economías regionales con el paradigma extractivo-sojero. Para integrar la nación en un proyecto común con respuestas locales a las necesidades, en el que seamos más sujetos de nuestra naturaleza que objetos del mercado.
*Geógrafo UBA. Magíster Urban Affaires.
