Argentina ingresa a partir de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por el Senado de la Nación en la madrugada del 30 de diciembre de 2020 dentro de los países que admiten la práctica como legal si se sujeta a determinadas condiciones que la ley indica. Si bien el ejercicio de este derecho es un reclamo de feministas desde hace más de un siglo, ya Victoria Ocampo reclamaba en 1919 el derecho de la mujer a elegir la maternidad aunque sin referirse en forma explícita al aborto, las fuerzas políticas le dieron recepción hace muy poco tiempo. El primer proyecto en ingresar al Parlamento data de 2018, aunque las organizaciones sociales presentaron un proyecto desde el 2007. Aun se recuerda el rechazo del Senado a la norma con media sanción proveniente de la Cámara de Diputados en una agitada noche de agosto, donde brilló el senador Pino Solanas con un memorable discurso que fundamentaba el derecho y anunciaba su sanción futura más allá de las pérdidas transitorias.
En la región es el segundo país que lo regula legislativamente, ya que en Uruguay rige en forma ininterrumpida desde el 2012. La diferencia entre ambas naciones, es que en Uruguay tuvo vigencia en el siglo pasado cuando en 1933 José Irureta Goyena presentó un proyecto aprobado en 1934 permitiendo la práctica en los hospitales públicos. Tuvo corta vigencia porque en 1935 durante el gobierno de facto de Gabriel Terra se derogó la norma.
En la siglo XXI, la medida fue impulsada nuevamente en el 2002 y tuvo un prolongado tratamiento legislativo que culminó con el rechazo de la propuesta en el 2004. En el 2007 ingresó un nuevo proyecto que obtuvo la sanción de ambas Cámaras en el 2008, pero que el presidente Tabaré Vázquez vetó en base a sus convicciones científicas.
En el 2011 nuevamente se inicia el tratamiento legislativo de un nuevo proyecto, que logra su sanción en el 2012. Un grupo opositor intentó someter la ley a referendo popular, instituto que existe en el derecho constitucional uruguayo, pero no logró el 25% de las adhesiones que la norma exige y solo obtuvo un 8% .
La diferencia entre la recepción en el ámbito político del impulso de otorgar este derecho a las mujeres y legalizar su práctica proviene de la laicidad del estado uruguayo frente a la categoría de culto preferido que tiene la religión católica en el sistema constitucional argentino. Si bien en ambos países se reconoce la libertad de cultos, en Argentina no hay igualdad de cultos porque el Estado sostiene la religión católica, apostólica y romana en su art. 2do.
Si bien en la Argentina las luchas para la obtención de este derecho provenientes principalmente de las organizaciones feministas y también de otras entidades promotoras de derechos humanos tiene antigua data, su recepción en las fuerzas políticas fue nula aun con los avances que en materia de derechos obtuvieron las mujeres, a partir de la culminación de la última dictadura militar, a excepción de la iniciativa de la diputada radical Florentina Gómez Miranda en 1988. La ley de cupo femenino vigente desde 1993 que permitió un acceso importante de mujeres a la representación parlamentaria no produjo un efecto inmediato para la consagración de este derecho.
Las objeciones a la interrupción del embarazo no provienen solo de la religión católica y en forma aún más enfática de otros grupos religiosos. También hay oposición a la medida por la determinación científica del comienzo de la vida, que lleva a agnósticos a no aprobar la práctica.
Pero la laicidad del estado ha permitido a Uruguay tener desde origen un sociedad más igualitaria y ser vanguardia en materia de otros derechos civiles a favor de la mujer, como el divorcio que sanciona en 1907 y en 1912 se otorga al solo pedido de la esposa o el voto femenino en 1928.
La terminación de una año tan difícil con una ley que amplía derechos y que nace de un consenso político que permite pensar que la grieta puede ser superada y que hay temas que unen más allá de las diferencias partidarias es un soplo de aire fresco en tan agobiante atmósfera.
*Profesor de Derecho Constitucional.
