Contra lo que sugieren las apariencias, no debería llamar la atención que la Policía haya comprendido con mayor rapidez la necesidad de revalidar su legitimidad con la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires. Es una fuerza basada en el despliegue territorial y de contacto permanente con la sociedad. Suficiente para palpar el deseo de un cambio de época: el 97% de los efectivos cumplió con la presentación de la declaración jurada patrimonial.
Los que eludieron ese régimen obligatorio impuesto por María Eugenia Vidal apenas asumió fueron intimados y en algunos casos sancionados por Cristian Ritondo. Tal vez por eso el ministro de Seguridad se entusiasme con recibir la oferta de postularse a un cargo electivo el año que viene. Parecía imposible dar desde esa fuerza alguna señal de transparencia.
Pero la demora del Poder Judicial y la Legislatura bonaerense en completar ese trámite no es extraordinaria. Guarda una inquietante relación con la percepción que tiene de esas instituciones la opinión pública. Casi el 80% las evaluó entre las más corruptas, en el sondeo efectuado por Taquión 3.0 la primera semana de julio. Podio compartido con sindicatos y empresarios.
El 76% de los consultados también expresó insatisfacción con la democracia por la falta de igualdad de oportunidades (46%) y de igualdad ante la ley (34%).
Combinados con la reticencia a respetar la regulación que legisladores y magistrados se impusieron por distintos mecanismos, esos datos confirman un fenómeno más peligroso que la crisis de las representaciones políticas: cierto confort de los involucrados para convivir con ella.
Tampoco parece un hecho aislado que las denuncias de supuesta inclusión indebida de aportantes a la campaña del PRO cobren volumen a un mes del 31 de agosto. Es el plazo máximo para presentar las declaraciones juradas. En especial, por el esmero dispuesto para mellar el prestigio de decencia ganado por Vidal. El capital más importante acumulado por la gobernadora para restaurar los niveles democráticos de control público sobre los poderes del Estado.
Daño. Es un desafío planteado en terreno resbaladizo. Por las restricciones de la ley de financiamiento, todos los partidos tienen dificultades para rendir esos fondos. Lo admite la Coalición Cívica, uno de los miembros de Cambiemos con altos estándares de control. Es el argumento por el que Elisa Carrió no preside la fuerza: preservar su liderazgo de este tipo de denuncias. La nueva ley enviada por el Ejecutivo pretende cubrir ese bache legal en el futuro.
Más difícil es que pueda preservar a Vidal de un daño político calculado con frialdad. El nivel de detalle de la información despierta en el PRO la sospecha de una filtración en la Justicia Electoral. El conflicto con el Poder Judicial está dado por los cambios en las declaraciones juradas, avalados por la Corte con la acordada 3880 del 21 de diciembre de 2017 pero cuya aplicación viene dilatándose.
Además de exigir que sean anuales y no quinquenales, y que el soporte digital reemplace al de papel, el cambio drástico es que una versión enunciativa de esa declaración deberá figurar en la página web del máximo tribunal bonaerense. Con reserva, el cuerpo colegiado insiste en dudar de la eficacia del sistema informático propuesto y en funcionamiento en la Procuración General desde 2017, con la aprobación de la Oficina Nacional de Tecnología en la Información (ONTI).
Ni la inclusión de cónyuges e hijos mayores de 21 años como beneficiarios patrimoniales persuade a los magistrados, sensibles a los convenios de cooperación suscriptos con la AFIP y ARBA por la Procuración: activará de modo automático el entrecruzamiento de datos. La especulación en el Poder Judicial es que sobre 3 mil jueces bonaerenses, al menos la mitad no paga el impuesto a los bienes personales.
Es sugestivo que algunos de ellos promuevan negociar una extensión del vencimiento a dos años, para sumar de modo progresivo a los 19 departamentos judiciales. Además de obligar a una nueva acordada de la Corte para rectificar la 3880, daría lugar a suspicacias. ¿La expectativa es ganar tiempo hasta un eventual cambio de gobierno y con la esperanza de acceder a algún programa de blanqueo?
El amparo para desconocer su propia decisión sería provisto por una jurisprudencia no escrita de la Suprema Corte de la Nación. La mayoría de sus miembros cree que el patrimonio de los jueces debe ser secreto de Estado.
Legisladores. El 15 de diciembre de 2017 la Legislatura comprometió por ley la adhesión de sus miembros a ese régimen de declaraciones juradas anual, con una versión pública en la web de cada Cámara y con idéntica fecha de vencimiento que la prevista para los jueces. Hasta hoy, ninguno de los 46 integrantes del Senado presidido por el vicegobernador Daniel Salvador se ajustó a ese requisito.
Con 92 integrantes, solo seis lo hicieron en la Cámara de Diputados: Carolina Barros Schelotto, Carlos Barragán, Jorge Giacobbe y Manuel Mosca (Cambiemos); Rubén Elaisman (Frente Renovador) y Avelino Zurro (Unidad Ciudadana). De estrecha relación con Vidal y presidente de la Cámara de Diputados, Mosca fue el primero en presentarla. Algo sin completar todavía por Maximiliano Abad, jefe del bloque Cambiemos e interesado en convencer a Vidal de competir en primarias por la intendencia en Mar del Plata. Salvador y Abad conducen el radicalismo bonaerense.
Pero más que por eso, la sesión de ese día es recordada por el intempestivo ingreso al recinto de Mario Secco. El intendente de Ensenada tiene una causa judicial abierta por ese incidente y se espera que sea elevada a juicio oral en septiembre. Si la Justicia le aplica una condena de cumplimiento efectivo, sentará un precedente significativo.
Sería también una paradoja. El ingreso de Secco al Palacio Legislativo habría sido facilitado por la pasividad de los encargados de custodiarlo. La policía bonaerense, embarcada en una modalidad de protesta con su sello: el trabajo a tristeza. En este caso, para expresar molestia con el nuevo régimen de declaraciones juradas.
