No por hablar mucho se supera, eso lo aprendimos; pero no podemos dejar de reconocer que la violencia de género es muy grave, que continúa y no se consigue no solo erradicarla, sino también disminuirla. En primer lugar, hay que reconocer que en un mundo tan inestable y donde reina la incertidumbre no solo a nivel del país, sino mundial, la violencia en general es una consecuencia “normal” o habitual y es la reacción que se debe esperar frente a las vicisitudes e inestabilidad actuales. Pero esta violencia no es ajena al sexo, y menos aún al género, por eso crece la violencia de género, no solo la violencia. Y lo hace con una intensidad y gravedad mayores que se condicen con un mundo donde la portación de armas es alta y se justifica en la necesidad de defenderse de la violencia existente, con lo cual se cierra el círculo vicioso. Porque tener un arma para defenderse es algo muy nocivo, no solo no previene los delitos de robo y otro tipo de ataque, sino que facilita el ejercicio de la violencia entre las personas y en ese sentido las mujeres y niñas son las más afectadas. Ante los nuevos datos del observatorio de violencia de género en el país “Ahora que sí nos ven” registra en este mes seis mujeres asesinadas por sus parejas policías o militares, con el uso del arma reglamentaria que la emplearon para atacar a sus compañeras. Frente a esto la Justicia en la persona de los jueces, fiscales y los equipos que los secundan, no terminan de incorporar la ley Micaela, que no es para colgar un cuadro más en su escritorio y decir que hicieron otro curso: es para revisar las conductas y adoptar las que consideran a la violencia de género como un hecho que no puede permitirse, porque si no, quedan indemnes o no se perciben responsabilidades que si no se consideran promueven la impunidad, que a su vez sostiene la violencia de genero. No es menor que entre las mujeres asesinadas por violencia de género: feminicidios hay un porcentaje que denunció violencia antes, pero que el sistema de protección no funcionó. ¿Qué pasó? Nadie se ocupó de acompañar a esa mujer para que no la maten, la denuncia fue la alerta, pero ésta quedó como un dato más y no como una necesidad de acompañarla, de buscar cómo protegerla. El dictado de una medida de no acercamiento deja tranquilo a quien la dicta, pero no a quien está dirigida a ser protegida porque sabe que no se respeta, o que como se limita a la vivienda, están los otros ámbitos donde circulan las mujeres adonde no llega esa protección. Además, la no consideración de los antecedentes de violencia de genero disminuye la pena que se aplica en los juicios, y así los femicidas tienen penas más breves, incluso con buena conducta consiguen reducirlas aún más, y al ser liberados, vuelven a repetir la conducta violenta con otra mujer.
En tanto no logremos ese acompañamiento de las mujeres y el acceso a la Justicia en forma gratuita, y solo sigamos apoyándolas económicamente –algo que es muy bueno, pero solo es insuficiente–, ni logremos que todos los integrantes de la Justicia estén sensibilizados y revisen sus mecanismos de funcionamiento a través de cursos de ley Micaela permanentes y orientados no solo a dar una clase, sino a revisar conductas y que sea continuo, no nos permitirá disminuir realmente los femicidios y los episodios de violencia. A esto se deben sumar la realización de campañas de desnaturalización de la violencia y de difusión que establece la ley y que hasta ahora han sido insuficientes. A esto desde otro nivel de acciones se debe controlar y restringir el acceso de la población a las armas de fuego, descartando los motivos de seguridad que se aducen, ya que debe ser a través de las fuerzas del orden y no por mano propia y en el país es algo que no se realiza. Entender que esto es parte de la lucha contra la violencia de género es clave.
