El veto presidencial es una potestad conferida a los presidentes de la Nación por el Art. 83 de la Ley Suprema, y consiste en rechazar una ley previamente sancionada por el Congreso de la Nación. A pesar de ser un instrumento conocido como “veto”, la Constitución utiliza los verbos “desechar” u “observar”.
Es una facultad discrecional por cuanto no está sujeta a requisitos, y constituye un acto político no judiciable, ya que el decreto a través del cual se realiza el veto solo podría ser declarado inconstitucional si tuviera un defecto formal, como por ejemplo si no llevara la firma del presidente o del ministro del área correspondiente al tema sobre el que versa la ley.
No hay leyes que no puedan ser vetadas por el Presidente, a excepción de la ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, y cualquier ley que haya sido sometida a consulta popular vinculante y el pueblo se haya pronunciado en su favor.
En el caso que el presidente vete o deseche una ley, ella regresa al Congreso, a ambas Cámaras, ya que éstas tienen la posibilidad de insistir con la ley que han sancionado, pero para eso necesitan los dos tercios de los votos en cada Cámara.
La polémica potestad de vetar ha sido justificada por uno de los dos principales redactores de la ley fundamental, Juan María Gutiérrez, manifestando que la existencia del veto presidencial, si bien puede generar un conflicto de poderes, es válida en la medida que tanto el Congreso como el Presidente sean "responsables”, expresión con la cual puso un adjetivo calificativo a esa facultad presidencial de vetar leyes, para que, precisamente, el rechazo de las mismas respondiera a circunstancias muy específicas y meditadas, y no a una política permanente de obstruir la labor parlamentaria.
En la Argentina, los diferentes treinta y cuatro presidentes constitucionales que hubo vetaron leyes en casi cuatrocientas ocasiones. La mitad de todos esos vetos fue llevado a cabo por Carlos Saúl Menem, que ha sido el presidente que mayor cantidad de tiempo gobernó la Argentina de modo continuado. Ello no obstante, el que porcentualmente mayor cantidad de leyes ha vetado, en función de la extensión de su mandato presidencial, fue Eduardo Duhalde, quien gobernó al país durante un año y medio, vetando el veinte por ciento de las leyes sancionadas.
La facultad presidencial de vetar una ley es polémica, porque podría interpretarse como una vulneración del sistema republicano de gobierno, pero no por ello constitucionalmente inválida.
