—¿Cómo interpreta la decisión del juez Martínez de Giorgi de apartar a las querellas de la causa Libra?
—Tiene una lectura política y una jurídica. La política es que el fallo va en sintonía con lo que pretende el Poder Ejecutivo. Antes de asumir como viceministro de Justicia, Santiago Viola hizo gestiones para convencer a los damnificados de desistir de la acción penal en la Argentina. También Fernando Burlando realizó movimientos en ese sentido antes de conocerse esta resolución. Además, poco antes de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las querellas, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para designar jueza nacional a su esposa. Ese dato genera, como mínimo, un interrogante político muy fuerte sobre el contexto en el que se tomó esta decisión.
—¿Qué implica concretamente sacar a los querellantes del expediente?
—Los querellantes son víctimas reconocidas por distintas instancias judiciales. La causa pasó por cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, que acreditaron documentalmente su condición de damnificados. Apartarlos significa quitarles participación en una investigación donde fueron reconocidos como víctimas. A mi juicio, es el primer paso para pavimentar la impunidad del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y del resto de las personas involucradas.
—¿Quiénes integran ese grupo?
—Además del presidente y Karina Milei, aparecen el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense que previamente había participado del lanzamiento de las criptomonedas Trump y Melania junto al entorno de Donald Trump.
—¿Cuál es la diferencia entre aquellos lanzamientos y el caso Libra?
—La diferencia central es que Donald Trump todavía era candidato cuando impulsó esos proyectos. En cambio, Javier Milei ya era presidente en ejercicio cuando promocionó Libra. Ahí radica una diferencia jurídica y política enorme.
—¿La causa queda cerrada con esta decisión?
—No. La causa penal continúa abierta. Lo que se resolvió es apartar a las querellas. Esa decisión será apelada ante la Cámara Federal y, si hace falta, llegará hasta Casación, la Corte Suprema e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
—En su libro sostiene que el presidente no puede desligarse del episodio.
—Claro, porque hay hechos objetivos. Milei dijo que encontró el contrato de Libra navegando por Internet. Eso es falso. Nadie tenía los 44 caracteres alfanuméricos del contrato y él fue la única persona en el mundo que los publicó siendo presidente. Además, sostuvo que no había argentinos perjudicados, pero la plataforma Ripio informó que solamente allí hubo más de 1.850 damnificados argentinos.
—¿Qué peso tiene eso en la investigación?
—Es central. Miles de personas invirtieron porque confiaron en la palabra del presidente. La máxima autoridad del Estado validó un negocio privado que terminó generando ganancias por más de 300 millones de dólares para un grupo reducido y pérdidas para unas 85.000 personas distribuidas en distintos continentes.
—La investigación también tiene un capítulo internacional.
—Exactamente. Además de la causa penal en la Argentina existe una demanda civil en Nueva York impulsada por unos 75.000 damnificados. Allí se reclama la devolución del dinero a quienes financiaron el token Libra. Incluso Hayden Mark Davis intenta que ese expediente deje de tramitar en Nueva York y pase al distrito de Texas.
—¿Por qué tituló su libro Historia de una trampa?
—Porque mientras escribía el libro la investigación estaba desarrollándose en tiempo real. Empecé a trabajarlo cuando estalló el caso, lo terminé a fines del año pasado y se publicó en marzo. Mi intención fue reconstruir paso a paso cómo se gestó esta presunta estafa y quiénes participaron de ella. Creo que es una causa que todavía le traerá muchos problemas judiciales y políticos al presidente.
