A dos semanas del macabro hallazgo de un cadáver en el placar de un departamento céntrico, la Justicia continúa trabajando para identificar a quién pertenece el cuerpo. Si bien existe un ADN, no hay con qué comparar esa huella genética. Será trascendente conocer con la mayor precisión posible la data de la muerte para analizar si en ese período hubo denuncias de mujeres desaparecidas en Córdoba.
Durante la feria judicial, el fiscal Guillermo González tuvo a su cargo la investigación. Desde el viernes pasado, el expediente quedó radicado en la fiscalía que corresponde por territorio –Distrito I Turno 6–, del fiscal José Bringas.
Sin embargo, hay un hilo conductor: la secretaria Silvana Scarpino –quien trabajó en la feria– tomó las riendas de la pesquisa desde el minuto cero y continúa en esa tarea. Ella fue la primera en ingresar al departamento cuando se comunicó a la Policía el hallazgo del cadáver en el interior de un placar. Encontró instalaciones en estado deplorable. Hoy se sabe que el expolicía Horacio Grasso cumplía su condena en el mismo sitio donde los restos de una mujer atravesaron todo el proceso de descomposición. Lo que encontraron fue un esqueleto vestido.
La funcionaria desarrolla un trabajo paciente y minucioso. Cuenta con colaboración de Policía Judicial e Investigaciones Criminales. A modo de rompecabezas, intenta encastrar cada indicio que aparece: pericias forenses, análisis de laboratorio y testimonios. Cada detalle es importante. Aún no hay certeza sobre cuándo ocurrió el asesinato, cómo fue el ataque mortal ni cómo o por qué llegó la víctima a ese lugar.
La fiscalía de Bringas no ha posado aún la mirada sobre Horacio Grasso, el condenado que residía en ese departamento desde el año 2021 por disposición del juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve, ni de su hermano que estuvo detenido tiempo atrás y fue excarcelado por el fiscal González.
Aquel año intervino el juez de Río Cuarto porque Grasso cumplía la condena a 27 años de prisión en el penal de esa ciudad por el homicidio de Facundo Novillo Cancino.
Qué se sabe de Horacio Grasso.
Según pudo conocer Perfil Córdoba, el Servicio Penitenciario sugirió la prisión domiciliaria por su configuración psíquica, alto consumo de fármacos y una cardiopatía crónica. Es decir, razones de salud y los conflictos que generaba entre los internos.
Si se tienen en cuenta los relatos de terror que narraron sus vecinos del edificio a este medio, la conflictividad se trasladó a su nueva residencia. A una mujer que se negó a repararle la computadora le dejó ropa interior con sal en la puerta. A otro, le arrojó orina y excremento en el ingreso de su departamento. En el Juzgado de Ejecución Penal dicen: “Acá nadie vino a denunciar”.
Sí hubo una presentación formal, pero se tramitó en una Unidad Judicial. Fue la de un vecino que se quejó por el alto volumen de la música en el departamento de Grasso. Como represalia, le quemó la puerta. En tribunales dicen que, al no haberse mencionado su nombre en la denuncia, el sistema judicial no vinculó el hecho al condenado con domiciliaria.
Cadáver en el placard: los vecinos del expolicía Grasso vivieron una película de terror
Grasso no tenía prohibido recibir visitas. Por esa razón, lo que cuentan sus vecinos es altamente probable: que contrataba servicios sexuales.
Era controlado por dos vías. El Patronato del Liberado concurría al domicilio, tocaba el timbre y constataba si atendía o no. Se reportaba una u otra novedad. Hasta el 2023 todo parecía normal. Sin embargo, el año pasado, el personal del Patronato fue al domicilio 10 veces y en cinco oportunidades no lo encontró. Este año, hasta el 6 de junio pasado, las visitas fueron 11 y en nueve ocasiones no les respondió.
Según informaron desde el Juzgado de Ejecución 1 de Facundo Moyano Centeno, él después acudió a tribunales y presentó decenas de certificados médicos para acreditar haber asistido a consultas. También dijo que el timbre no funcionaba. En el juzgado analizaron cada certificado. En dos de ellos hubo inconsistencias sobre el nombre del centro asistencial o los datos del médico que lo habría atendido. Por eso se giraron antecedentes a las fiscalías de Instrucción del Distrito II Turno 5 y a la del Distrito I Turno 2.
El centro de monitoreo de la tobillera electrónica registró 225 “eventos”. Son episodios donde Grasso se alejaba del departamento. Pudo haber ido al médico o haber bajado al ingreso del edificio, por ejemplo para recibir algún delivery de comidas. En algunos casos fueron minutos en otros dos, se alejó por cuatro y seis horas, respectivamente.
La mugre en la que vivía nunca fue constatada porque el personal del Patronato del Liberado sólo realiza un estudio socio ambiental al inicio. Después, únicamente toca el timbre, su personal observa si está y se marcha. Nunca ingresaron al departamento ni registraron la inmundicia en la que vivía.
Cadena 3 informó que Grasso, desde su prisión domiciliaria, ofrecía servicios de mantenimiento y limpieza de armas de fuego. En el Juzgado de Ejecución Penal no tenían noticia de esa circunstancia.
Hacia fines de junio, quien era su tutor, Damián Reartes –portero del edificio– renunció a la tarea. El juez Moyano Centeno le revocó la prisión domiciliaria y ordenó que Grasso regresara a Bouwer. En los últimos días, hubo consultas informales para que lo trasladen a ver a su madre, quien padece cáncer y estuvo en terapia intensiva. Pero al no haber un pedido formal, el juez no resolvió nada al respecto.
El regreso a Bouwer permitió que albañiles ingresaran al departamento para arreglar pérdidas en la cañería que causaron enormes perjuicios a los departamentos inferiores. Allí encontraron el cadáver.
Horacio Grasso cumplirá la totalidad de la condena en 2034. Por todo lo que sucedió es poco probable que pueda acceder a beneficios, como la libertad condicional que el juez Moyano Centeno le rechazó, por primera vez, en junio.
