Los fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso sometidos actualmente a juicio político, defendieron su actuación, negaron negligencia y cuestionaron las críticas en su contra. Sin embargo, sus exposiciones ante el Jurado de Enjuiciamiento no solo buscaron justificar decisiones pasadas, sino que también dejaron al descubierto debilidades estructurales y contradicciones en las distintas teorías que guiaron la causa.
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro coincidieron en un punto: sostuvieron que actuaron conforme a derecho en un expediente complejo y atravesado por dificultades probatorias. Pero más allá de esa defensa común, cada intervención expuso grietas en la construcción de las hipótesis que marcaron años de investigación.
Di Santo: múltiples hipótesis, sin una teoría consolidada
Javier Di Santo estuvo al frente del caso desde el momento del homicidio en noviembre de 2006 hasta 2015, durante casi nueve años. Rechazó las acusaciones de desidia y dijo que su investigación fue “seria, profunda y honesta” y que se trabajaron numerosas líneas, desde el entorno íntimo de la víctima hasta obreros y allegados, incluyendo a Roberto Bárzola.
Hay que recordar que a fines de 2024, el último fiscal instructor Pablo Jávega sometió al parquetista a un examen de ADN y descubrió que coincide con la huella genética identificada en el cinto de la bata de Nora Dalmasso con la cual fue asesinada. El Tribunal Superior de Justicia determinará si está o no prescripta la acción penal que lo incrimina.
La autodefensa de Di Santo, sin embargo, puso en evidencia uno de los principales cuestionamientos: la ausencia de una teoría del caso definida. El mismo reconoció que durante su gestión coexistieron múltiples hipótesis —amantes, familiares, trabajadores— sin que ninguna lograra imponerse como eje central. Esa dinámica derivó, según surge de su exposición, en una investigación que fue cambiando de rumbo sin consolidar una reconstrucción clara del hecho. Primero imputó al pintor Gastón Zárate. Después al hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y finalmente a Rafael Magnasco, navegando sobre hipótesis totalmente disímiles.
También defendió decisiones clave, como no ordenar extracciones masivas de ADN sin sospecha fundada, y justificó imputaciones como la de Facundo Macarrón -hijo de la víctima- en base a los elementos disponibles en ese momento. Durante su declaración, incluso se quebró emocionalmente ante el jurado.
Miralles: una imputación sin pruebas concluyentes
Daniel Miralles dirigió la pesquisa entre 2016 y 2017. Sostuvo con énfasis que era “obligatorio” investigar a Marcelo Macarrón y defendió su imputación como autor material del crimen, basada principalmente en la presencia de ADN en el cuerpo de la víctima.
Miralles calificó ese elemento como la “prueba madre” y argumentó que la complejidad del caso exigía revisar una década de actuaciones previas. No obstante, ante las preguntas de la fiscal general adjunta Betina Croppi -acusadora ante el Jury- no logró precisar cuáles eran las pruebas concretas que permitían sostener que el viudo había ejecutado el homicidio, viajando desde Punta del Este a Río Cuarto, mientras participaba de un torneo de golf en el país vecino.
Su exposición se apoyó en indicios, pericias y testimonios, pero sin reconstruir de manera consistente la mecánica del hecho. Además, justificó no haber retomado la pista de Bárzola al considerar que ya había sido investigada sin resultados y sin elementos nuevos que la reactivaran.
Miralles también señaló que fue apartado de la causa antes de completar medidas clave, como pericias técnicas y una reconstrucción en 3D solicitada a Policía Judicial que incluyó el supuesto recorrido aéreo clandestino de Macarrón.
Pizarro: autor intelectual sin autor material identificado
El último en declarar fue Luis Pizarro, quien asumió la causa en 2017 y la elevó a juicio en 2019. Su exposición se centró en las falencias del expediente: habló de “graves problemas probatorios”, cuestionó la recolección de evidencia y describió una escena del crimen con “promiscuidad”, sin registros claros sobre el origen de las pruebas. Demostró ante el Jury un estudio pormenorizado del expediente.
Pizarro defendió la elevación a juicio contra Marcelo Macarrón, pero lo hizo bajo una hipótesis distinta: lo señaló como autor intelectual del homicidio. Según su teoría, el crimen fue “sexualizado” para simular un abuso.
Sin embargo, su planteo también quedó bajo fuertes cuestionamientos. El fiscal no pudo explicar a quién le habría pagado Macarrón para cometer el crimen, cuál habría sido el móvil concreto ni avanzó en la identificación de un supuesto sicario. Es decir, sostuvo la existencia de un autor material desconocido sin haber desarrollado una investigación sólida que permitiera individualizarlo.
Además, relativizó la hipótesis que hoy apunta a Bárzola, al considerar “improbable” su participación por falta de logística y elementos consistentes.
Un expediente marcado por inconsistencias
Las declaraciones de los tres fiscales dejaron un panorama complejo: cada uno defendió su actuación y su enfoque, pero al mismo tiempo expuso inconsistencias en las distintas etapas de la investigación que explican por qué la causa prescribió sin culpables. Desde la falta de una teoría unificada en los primeros años, hasta imputaciones sin sustento concluyente o hipótesis incompletas sobre la autoría, el caso aparece atravesado por dudas persistentes.
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento analiza si hubo mal desempeño, el expediente por el crimen de Nora Dalmasso continúa siendo una muestra de una pesquisa errática que no pudo construir una verdad sólida en uno de los casos más emblemáticos del país.
