“Si un fiscal federal de Buenos Aires tuviera una causa como la de Viaut, el caso sería un escándalo digno de portada de los principales medios nacionales”. El comentario pertenece a un alto funcionario de los tribunales del Parque Sarmiento y se refiere al procesamiento recientemente confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba del fiscal federal de San Francisco –actualmente de licencia–, Luis María Viaut.
La semana pasada, la Sala B integrada por Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, confirmó el proceso al magistrado por tráfico de influencias y concusión agravada. Esta última figura representa un tipo de cohecho o pedido de coimas con la promesa de beneficiar a un investigado.
En abril pasado, el juez federal Roque Rebak había dictado el procesamiento de Viaut, de un empleado de la fiscalía, Darío Fabián Rivarola, y de otras cuatro personas. Son dos hechos los que forman parte del expediente. Un presunto pedido de coimas por $2,5 millones a dirigentes de la Cooperativa Las Cañitas de El Tío, denuncia que fue presentada por Pablo González, gerente de la entidad, con el patrocinio letrado del abogado Juan Alberione. Por este hecho están acusados el fiscal, Rivarola y Santiago Badino.
El otro consiste en el cobro de US$17.100, pagados por el empresario Víctor Brugnori ante la promesa de hacer gestiones para beneficiar la situación procesal de su hijo, detenido e imputado por abuso sexual por una fiscalía provincial. En este caso, además del fiscal y Rivarola, están acusados Gerardo Agustín Panero, Walter Gustavo Fattore y Brugnoni. Este último por cohecho activo.
El camarista Sánchez Torres, entre otras cuestiones, analizó las conversaciones telefónicas entre Viaut y el empleado judicial Rivarola. “Surgen indicios numerosos y concordantes”, advirtió.
Modus operandi. Deteniéndose en ese particular, el juez consideró oportuno citar una serie de diálogos que “si bien no se encuentran íntimamente vinculadas al hecho bajo análisis, dan cuenta de maniobras que se caracterizan por su habitualidad y que demostrarían la existencia de un modus operandi” en el proceder del fiscal federal y del ordenanza de la oficina. Lo define como el aprovechamiento de la posición funcional que posee para “acercar propuestas ilícitas a terceras personas, con el fin de obtener aparentes beneficios económicos y que según se advierte de las constancias de la causa, los hechos que se ventilan en los presentes no serían la excepción”.
Sánchez Torres subrayó que no es solo un diálogo que posee ese tenor, sino que son patrones de conductas que se deducen en varias escuchas telefónicas o intercambio de mensajes de WhatsApp. Este dato tampoco pasó inadvertido. Se sabe que la mensajería a través de esa red está encriptada y es imposible acceder al contenido, incluso para los organismos judiciales, “lo que revela el conocimiento de la ilicitud del modus operandi desplegado”.
Claramente, según se lee en la resolución el tribunal de Alzada, Viaut dirigía las conductas. En una ocasión –dice Sánchez Torres– mientras conversaban sobre un acuerdo ilícito en trámite, le dio directivas y le indicó que había que “hacer desaparecer una cosita”. Sobre los beneficios económicos, Viaut los rescata como logros y dice “…levantan el ánimo (…) Cómo te cambian el humor la p… m…” ; “…enloquecido, no, no, no, soy como un león enjaulado (…) el número es una cosa de loco …”.
Respecto a un diálogo entre Panero y Fattore –intermediarios con el empresario Brugnori que quería que liberaran a su hijo– ellos se refieren al fiscal Viaut como “el mandamás”, el “capo”, “es el que sabe todo” y “…si hay que esconder algo lo saca él antes de pasárselo al juez”.
Los análisis de la Cámara contradicen la defensa que esgrimió Viaut. En la causa judicial y también en diálogo con PERFIL CÓRDOBA –en una nota publicada el último 18 de abril– el magistrado se despegó de la conducta de Rivarola y reconoció que había cobrado por un “asesoramiento” particular que, a su entender, no es delito sino, a lo sumo, una falta administrativa.
Sin embargo, el tribunal señaló que Viaut no solo estaba al tanto de las maniobras que llevaba a cabo Rivarola, sino que era quien fijaba los parámetros de las negociaciones para concretar las coimas.
Otro aspecto analizado al confirmar los procesamientos es que Viaut dijo que, en el caso de la cooperativa de Las Cañitas, no existe ninguna investigación penal y por lo tanto no podría haber beneficiado la situación de personas que no eran perseguidas por la Justicia. “Si bien se invocó la existencia de una supuesta investigación penal, extremo que dotó de verosimilitud a la intimidación, fue precisamente la función pública que ostentaban los sujetos activos que abusaron de su autoridad, el requisito suficiente para la configuración del tipo penal”, retrucó el tribunal. Algo similar ocurrió con el expediente provincial sobre el que prometieron influir a cambio de la coima.
