La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 1, a cargo de Ernesto de Aragón informó que se dictó la prisión preventiva de dos imputados y hubo 12 sentencias condenatorias en el marco de las causas por los “saqueos” del 21 y 22 de agosto de este año.
Algunos de los condenados en los fallos dictados por la jueza de Control y Faltas Anahí Hampartzounian recibieron penas de hasta cuatro años y medio de prisión efectiva.
En uno de los casos el condenado ofreció una reparación proporcional a las víctimas por los daños causados, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
“En casi todos los casos fueron hechos de flagrancia y en otros teníamos filmados a los autores”, detalló De Aragón a Cadena 3.
Además se precisó que se lograron avances en la individualización de otros participes y no se descarta la ampliación de imputaciones por esos hechos delictivos.
Fundamentos
La jueza sostuvo que “la actuación organizada y conjunta (…) mermó -hasta anular en cada uno de los casos- las concretas defensas que las víctimas pudieron oponer frente al ataque”.
Además argumentó que “la pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo”.
Entre los fundamentos publicados por la página de la Justicia de Córdoba, la magistrada consideró que la lista de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron causados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”.
“El sentimiento de inseguridad y desasosiego que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas (…); sino que se extendió a todos los ciudadanos que observaron con perplejidad de modo directo o por los medios de comunicación, a bandas (…) que impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso”, prosiguió en su argumentación.
“Se generó, en la sociedad toda, un estado de razonable y justificado temor, ante la probabilidad cierta de que hechos similares características se tornaran masivos y la situación se desmadrara por completo, circunstancia que felizmente no aconteció merced al accionar oportuno y eficaz de las fuerzas policiales, que lograron prevenir, interrumpir o reprimir los desapoderamientos planeados, tentados o consumados, según el caso”, añadió la jueza.
De todos modos enfatizó que “se originaron a nivel social severos cuestionamientos respecto a la capacidad del Estado para cumplir, en un contexto como el descripto, con la función de seguridad que indelegablemente le compete y emergieron conductas compatibles con una desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social, situación que –huelga decirlo- socava las bases mismas del sistema republicano y democrático".
