El sector agropecuario cordobés enfrenta un escenario cada vez más complejo, marcado por la suba de costos, la caída de la rentabilidad y una creciente presión impositiva. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en la provincia el Estado se queda con el 60,2% de la renta agrícola, en un contexto donde los márgenes productivos se achican de manera sostenida.
El dato se ubica apenas por debajo del promedio nacional, que alcanza el 62,5%, pero refleja la misma tendencia: una mayor participación del Estado en un escenario donde producir resulta cada vez más costoso y menos rentable.
El informe señala que el incremento del índice se explica por una combinación de factores. Por un lado, el fuerte aumento de los costos de producción, y por otro, la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales a comienzos de año, que elevan el peso relativo de la carga fiscal. “Cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, al describir la dinámica que atraviesa al sector. En términos concretos, de cada $100 que genera una hectárea agrícola, más de $60 se destinan a impuestos, lo que deja un margen cada vez más reducido para el productor.
El impacto internacional
Uno de los factores clave detrás de este escenario es el impacto del conflicto en Medio Oriente, particularmente el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global. Por esa zona circula aproximadamente el 50% de la urea a nivel mundial, un fertilizante esencial para cultivos como el trigo y el maíz. La tensión internacional provocó un fuerte aumento en su precio: subió un 43% desde diciembre, lo que impacta directamente en los costos productivos.
A esto se suma el encarecimiento del combustible, que elevó los costos de transporte y logística, afectando especialmente a provincias como Córdoba, donde la distancia a los puertos incide en la competitividad.
El deterioro de la rentabilidad se refleja con mayor fuerza en algunos cultivos. El caso más crítico es el trigo, donde la carga impositiva alcanza el 104,4% de la renta, lo que implica que el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir los impuestos. En otros cultivos, como soja y maíz, la participación del Estado también es elevada, con niveles del 61,6% y 56,8% respectivamente, lo que confirma una tendencia generalizada de márgenes ajustados. Este escenario está fuertemente condicionado por el aumento de costos y la dependencia de insumos importados, lo que vuelve al sector especialmente sensible a las tensiones internacionales.
Un sistema productivo bajo presión
El informe también advierte que los costos operativos continúan en alza. Las labores agrícolas aumentaron un 33% desde diciembre, muy por encima de la inflación estimada, mientras que los fletes registraron subas impulsadas por el precio del combustible. A su vez, la actualización de impuestos provinciales y municipales incrementó su peso dentro de la estructura tributaria, pasando de representar el 6,4% al 9,7% del total en pocos meses.
En este contexto, la relación insumo-producto se deteriora: hoy se necesitan más toneladas de maíz o trigo para adquirir fertilizantes, lo que reduce aún más los márgenes del productor.
