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Córdoba sumó al menos 8 días sin clases en un mes y Familias por la Educación exige declarar la educación servicio esencial

La presidenta de la asociación civil, Soledad Cabral, sostuvo que el reclamo salarial docente es legítimo pero cuestionó el paro como método. En un mes de ciclo lectivo, los alumnos cordobeses perdieron al menos 8 jornadas de clases entre medidas de fuerza y feriados, con un nuevo paro de 72 horas en puerta.

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Soledad Cabral, presidenta de Familias por la Educación, cuestionó los paros como método y pidió declarar la educación servicio esencial. | Cedoc Perfil

Córdoba acumula al menos 8 días sin clases en poco más de un mes de ciclo lectivo, entre paros docentes y feriados. Desde la Asociación Civil Familias por la Educación cuestionaron la medida de fuerza como método de reclamo y pidieron que se declare la educación servicio esencial para garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

Soledad Cabral, presidenta de la organización, planteó en diálogo con Es por Acá, Punto a Punto Radio (90.7 FM) que el reclamo salarial de los docentes es legítimo, pero advirtió que los paros reiterados generan un daño acumulativo en los alumnos y profundizan la brecha de desigualdad educativa.

Su pronunciamiento llega en un momento crítico: la UEPC rechazó la tercera oferta salarial del Gobierno de Martín Llaryora y convocó a un nuevo paro de 72 horas para el 8, 9 y 10 de abril.

UEPC rechazará la tercera oferta de Llaryora y no se descarta un nuevo paro docente

"No se puede defender un derecho anulando otro"

Cabral reconoció que el salario docente es bajo y necesita mejoría, pero trazó un límite: "El salario es necesario, pero la presencialidad es innegociable. Entendemos que el reclamo es legítimo, que es necesario que el docente perciba un salario digno, que supere la línea de la pobreza. Sin embargo, sostenemos con más énfasis que no se puede defender un derecho, el laboral, anulando otro de jerarquía superior y más vulnerable que es el de aprender".

La presidenta de la asociación civil aportó un dato que refleja la repetición del problema: según su relevamiento, en los últimos 15 años solo en dos oportunidades el ciclo lectivo comenzó sin paros de la UEPC en la primera semana.

"La repetición sistemática del paro como método ha fracasado en resolver el problema salarial de fondo, porque si no, no tendríamos estos últimos 15 años cuando nunca se empezaron a tiempo las clases", sostuvo.

Un mes de clases con más interrupciones que normalidad

El conteo de días perdidos refuerza la preocupación. En marzo hubo al menos cuatro jornadas de paro docente, a las que se sumaron los feriados del 23 y 24 de ese mes. Eso dejó apenas 17 días efectivos de clases sobre 23 hábiles. A eso se agregan los feriados del 2 y 3 de abril, y la interrupción que generan asambleas, salidas fuera de hora y problemas de infraestructura que Cabral también mencionó.

La referente señaló además que la discontinuidad afecta sobre todo a la escuela pública, mientras que las instituciones privadas mantienen actividad normal. "No solo es una discontinuidad pedagógica que genera un daño acumulativo, sino que también abre la brecha de la desigualdad", advirtió, y trazó un paralelo con la pandemia: "Las familias de mejor poder adquisitivo tenían una computadora, tenían el acompañamiento familiar. Los que no, hablaban de virtualidad y en realidad la virtualidad era en fotocopias. Esa brecha educativa, con estas cosas, no logra achicarse".

El gobierno busca destrabar el conflicto con los docentes y prepara nueva oferta

Servicio esencial: la propuesta que impulsa la organización

Consultada sobre cómo resolver el conflicto, Cabral reiteró que la asociación impulsa desde su fundación la declaración de la educación como servicio esencial. "El objetivo es que se garantice el cumplimiento del calendario escolar, que asegure que las escuelas permanezcan abiertas como condición indispensable para el aprendizaje", explicó.

La propuesta implica un debate de larga data a nivel nacional. Actualmente, la Ley 25.877 solo considera servicios esenciales a los sanitarios, el agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo. El Gobierno nacional intentó incluir la educación en esa categoría a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, pero ambos intentos fracasaron.

Cabral apeló a la voluntad política de ambas partes, tanto el gremio como el Estado, para destrabar la situación: "Si la mesa de negociación está abierta, quizás deberíamos pensar un poquito menos en lo sectorial. Si las aulas se cierran, se interrumpe la única promesa real de progreso y el proyecto de vida de un montón de niños y jóvenes".