Un inspector que trabajaba en el área de Habilitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba fue detenido y acusado de extorsionar a comerciantes que buscaban completar los trámites para habilitar sus locales. Según la investigación, les habría exigido entregas sucesivas de dinero para evitar trabas y garantizar el avance de los expedientes.
La información fue brindada en diálogo con Punto a Punto Radio por Pablo Bazán, integrante de la Unidad Judicial de Delitos Económicos que interviene en la investigación. El funcionario explicó que "hasta el momento se detectaron dos comerciantes damnificados" y que los pagos investigados oscilaban entre $500.000 y $700.000, aunque los hechos corresponden a 2024.
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El procedimiento se realizó este martes en una vivienda de la ciudad de Córdoba, donde fue detenido e imputado Félix César Escobar, quien se desempeñaba como inspector en el área de habilitación de negocios. “El delito que le atribuye el fiscal es el delito de extorsión”, explicó Bazán, quien detalló que la decisión fue tomada por el fiscal Guillermo González, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.
Según explicó Bazán, los comerciantes se encontraban realizando de manera regular el trámite para obtener la habilitación definitiva de sus locales. Sin embargo, Escobar tenía “injerencia y poder de decisión en el destino que podía tener ese trámite”, una posición que, de acuerdo con la investigación, habría utilizado para exigirles dinero.
“Le exigía dinero para que el trámite pudiera prosperar”, afirmó el funcionario. En ese sentido, aclaró que no se trataba de un único pago, sino que “era un accionar sostenido, eran entregas sucesivas de dinero”.
El inspector, según la investigación, habría aprovechado su lugar dentro del área municipal para condicionar el avance de los expedientes. Bazán explicó que los trámites “necesariamente debían pasar por esta área” y que Escobar se valía de ese poder “para influir y exigir en este contexto de forma coactiva las sumas de dinero”.
La esposa también fue imputada
Durante el mismo procedimiento, el fiscal González dispuso la imputación de Flavia Paola Freites, esposa de Escobar, quien no trabajaba en la Municipalidad y permanece en libertad. Bazán explicó que la investigación permitió determinar que “está vinculada con la percepción del dinero, una colaboración en las acciones tendientes a hacer efectivo el cobro”, señaló el integrante de la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos, documentación relacionada con la causa y alrededor de 3.000 dólares. Además, encontraron ocho armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas, que pertenecían al inspector detenido.
Bazán aclaró que, por el momento, las armas no tienen una relación directa con los hechos de extorsión investigados. Sin embargo, señaló que no se descarta que puedan existir otros hechos similares y que el armamento pueda haber tenido alguna vinculación. “La evidencia reunida no nos permite descartar de que puedan existir otros hechos similares”, sostuvo.
Por ese motivo, desde la Fiscalía se decidió dar a conocer el procedimiento y convocar a otros comerciantes que hayan atravesado situaciones similares a presentarse para realizar una denuncia.
La denuncia que inició la investigación
El actual presidente del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, tuvo un papel clave en el inicio de esta investigación. Según Bazán, fue quien formalizó la denuncia después de que uno de los comerciantes le contara lo que estaba ocurriendo. “Al tomar conocimiento, inmediatamente formalizó la denuncia respectiva”, explicó.
Por ahora, los investigadores continúan trabajando para determinar el alcance total de las maniobras y establecer si existen más comerciantes afectados. Bazán también aclaró que “no hemos detectado elementos que nos den cuenta de un pasar económico acomodado o algo que nos llame poderosamente la atención”, afirmó, aunque remarcó que ese aspecto todavía debe ser profundizado.
Una ramificación de la causa Bomberos
La investigación forma parte de una de las más de 40 líneas de investigación que surgieron como ramificaciones de la denominada causa Bomberos. “Esta es una de las más de 40 líneas de investigación que se desprendieron y son ramificaciones de la causa principal”, explicó Bazán.
Según detalló, esas investigaciones abarcan distintas maniobras presuntamente delictivas, entre ellas irregularidades vinculadas con habilitaciones de negocios y expedición de carnés de conducir. El funcionario aseguró que ya se detectaron otros casos similares al que derivó en la detención de Escobar
El caso también se enmarca en una política del Ente Municipal de Fiscalización y Control orientada a denunciar ante la Justicia las presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de las tareas de fiscalización. En ese sentido, el organismo acumuló más de 100 denuncias, actuaciones y presentaciones ante distintos organismos judiciales durante los últimos años, ya sea como denunciante, testigo o aportante de documentación e información para las investigaciones.
