“A mi mamá le mandaron un mail supuestamente de su banco diciéndole que tenía que actualizar sus datos en un enlace falso”.
“Entré a un link creyendo que era de Epec para descuentos a jubilados, pero era un fraude”.
“Se hicieron pasar por mi hijo en WhatsApp para pedirme dinero por una supuesta emergencia”.
Estos relatos reflejan una realidad en expansión: los ciberdelitos crecen de manera sostenida desde la pandemia. Mientras los robos tradicionales en la vía pública disminuyen, las pantallas se consolidan como el principal escenario del delito en Córdoba y el país.
Los expertos coinciden en que la ciberdelincuencia es cada vez más sofisticada, impulsada por bandas organizadas, bases de datos filtradas e inteligencia artificial para clonar voces y rostros.
Enrique Dutra, especialista en ciberseguridad (Punto Net Tech), aclara que no existe aún una serie pública homogénea para medir estos delitos con el mismo criterio a nivel nacional y provincial. “Crecieron con fuerza desde la pandemia y hoy se mantienen en un nivel muy superior al previo a 2020”, sostiene.
En junio pasado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que las modalidades virtuales aún no están estandarizadas como indicador en el Sistema Nacional de Información Criminal (Snic).
Sin embargo, los registros judiciales y policiales permiten trazar un mapa del ciberdelito: desde el fin de la pandemia, el crecimiento interanual supera el 21%.
A la par de la estadística, Alejandra Pedano —psicopedagoga, analista en sistemas, exdocente de Delitos Informáticos en la Policía de Córdoba y vicedirectora de la Fundación Habilidades 4.0— aporta datos sobre la percepción social sobre los usos y peligros de redes e internet.
Un sondeo realizado por alumnos de la Escuela de Oficiales de Policía (240 casos) revela que el 95% de los consultados no cree en los riesgos de internet, nueve de cada 10 se sienten inmunes y el 75% confía en todo lo que lee en la red.
Los datos evidencian la necesidad de educación en ciudadanía digital.
Las cifras
Los datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) confirman que la pandemia marcó un quiebre. Entre abril de 2019 y marzo de 2020 se recibieron 2.581 reportes, mientras que en 2024 la cifra trepó a 34.468 (un alza interanual del 21,1%). Estos números representan solo las denuncias recibidas, no el total de delitos cometidos.
En paralelo, el Snic registró 50.155 estafas virtuales en el país, al tiempo que los robos tradicionales cayeron un 21,2%. “La lectura es clara: el delito callejero baja y el engaño digital se consolida”, analiza Dutra.
En el primer trimestre de este año, el Observatorio de Seguridad y Convivencia de Córdoba contabilizó 3.816 denuncias por estafas (presenciales y virtuales), lo que equivale a 1.272 casos mensuales o 42 diarios.
En Río Cuarto, los casos en la Defensoría del Pueblo casi se triplicaron en un año. Asimismo, la Jefatura de Policía provincial reportó en 2024 un incremento del 150% en las actuaciones por cibercrimen.
Dutra advierte sobre la existencia de una “cifra negra”: un volumen significativo de víctimas que no denuncia por tratarse de montos menores, por vergüenza o por asumir que no recuperará el dinero.
“Lo que más cambió es quién comete los delitos. Hoy son bandas organizadas con roles definidos que explotan bases de datos filtradas y atacan el eslabón más débil, la persona”, agrega.
Los delitos
Las modalidades más denunciadas son el fraude en línea (63%), la usurpación de identidad (13,5%), el acceso ilegítimo a cuentas (phishing) y el acoso.
En Córdoba, el crecimiento más marcado en fraudes financieros incluye inversiones engañosas en criptoactivos, esquemas piramidales con “rendimientos imposibles” y el pig butchering (seducción y manipulación prolongada antes del desfalco).
A esto se suma el uso de cuentas de terceros (“mulas”) para diluir el rastro del dinero.
Otras mecánicas habituales son las siguientes:
El robo de cuentas de WhatsApp mediante el pedido engañoso del código de verificación.
El phishing bancario a través de correos o mensajes que imitan a entidades financieras para dirigir a sitios falsos y capturar datos de homebanking o solicitar créditos preaprobados.
Los engaños biométricos mediante videollamadas para capturar la imagen de la víctima y burlar validaciones faciales en billeteras virtuales.
Los sitios patrocinados falsos o anuncios clonados en buscadores. En este punto, Dutra alerta que este año circularon falsificaciones del ITV y de Rentas Córdoba, este último aún visible en la red.
Respecto a la vulneración hacia niños, niñas y adolescentes, Pedano advierte sobre el material de abuso y violencia sexual infantil, una red que —dice citando al fiscal general de la Nación, Ricardo Sáenz— “mueve tanto o más dinero que el tráfico de armas o drogas”.
Pedano señala que entre los delitos más frecuentes se encuentran el grooming (adultos que simulan ser menores de edad para ganar la confianza de los chicos con fines de abuso), el sexting (envío de contenido íntimo) y la sextorsión (chantaje con publicar imágenes comprometedoras para exigir material de mayor contenido explícito).
Las víctimas
“Las fuentes oficiales muestran que las víctimas se agrupan por el tipo de maniobra más que por su edad o condición social”, apunta Dutra.
No obstante, Pedano subraya que los adultos mayores y los menores de edad resultan ser los más vulnerables. Los mayores son el blanco predilecto de engaños telefónicos o correos falsos debido a su menor familiaridad digital y la confianza que, en general, tienen en los demás.
Según los datos de la Ufeci, los compradores y vendedores online concentran el 56% de las estafas virtuales mediante transacciones o comprobantes falsos y productos inexistentes.
Mientras que los usuarios bancarios y de billeteras virtuales representan el 18% de los fraudes por accesos no autorizados.
Según este organismo, las denuncias por delitos sexuales digitales contra menores de edad crecieron un 73,7% entre 2024 y 2025, pasando de 848 a 1.476 casos.
Además, la Ufeci registró más de 1.400 reportes de acoso digital, destacándose la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Enrique Dutra puntualiza que también las empresas y organismos públicos sufren ataques de ransomware (secuestro de datos) y filtraciones masivas expuestas en la red oscura (Deep Web). El especialista en ciberseguridad dice que las estadísticas existentes al respecto, en base a denuncias o reportes, son inferiores a las reales y no reflejan la magnitud del problema.
Engaños hiperrealistas
La irrupción de la IA potenció e hizo más sofisticados los engaños. “La IA no inventó el fraude, pero lo hizo más fácil, masivo y creíble”, indica Dutra.
Por su parte, Pedano lo sintetiza como “nuevas formas de cometer delitos tradicionales”.
Dutra detalla que la automatización permite redactar mensajes sin errores ortográficos, crear perfiles falsos, operar chatbots masivos y simular voces o rostros (deepfakes) con solo unos segundos de grabación. En Argentina se han documentado desde fraudes afectivos hasta causas judiciales en Córdoba contra estudiantes que manipularon imágenes de sus compañeras.
Asimismo, Pedano advierte que la velocidad de conexión facilita la transmisión inmediata de material de explotación infantil desde celulares sin necesidad de almacenarlo en la nube, lo que dificulta la investigación penal.
Aún sin estadísticas oficiales sobre delitos cometidos con IA en el país, estimaciones globales presentadas en el Congreso Córdoba Cibersegura 2026 proyectan un incremento superior al 3.000% en el fraude con deepfakes entre 2022 y 2025.
Qué dice la ley
Argentina cuenta con un marco normativo integrado por la Ley 26.388 (Delitos Informáticos), la Ley 26.904 (Grooming), la Ley Olimpia (Violencia Digital de Género) y la adhesión al Convenio de Budapest. Sin embargo, la velocidad tecnológica suele superar al tiempo del derecho.
Dutra explica que persisten vacíos legales sobre figuras como la suplantación autónoma de identidad digital, la difusión no consentida de deepfakes y el uso punible de IA en estafas. “Aunque existen proyectos de reforma integral del Código Penal en el Congreso Nacional, la actualización de herramientas procesales e investigativas sigue siendo la asignatura pendiente para combatir con eficacia la delincuencia del siglo XXI”, remarca.
Cómo prevenir
Frente a la evolución del cibercrimen, los especialistas remarcan que la prevención es la principal defensa.
Autenticación de doble factor: activarla de forma obligatoria en WhatsApp, correo y aplicaciones financieras.
Regla de oro bancaria: ningún banco ni organismo público solicita claves, códigos ni la instalación de aplicaciones de acceso remoto (como AnyDesk o TeamViewer). Ante la duda, cortar la llamada y comunícarse al número oficial.
Navegación segura: no ingresar a portales de pago desde enlaces patrocinados en buscadores; escribir la URL oficial directamente en el navegador.
Protección familiar: acordar palabras clave en el hogar para verificar emergencias. En el caso de menores de edad, priorizar el diálogo y la configuración estricta de privacidad sobre la prohibición.
Pautas clave: mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, revisar los permisos antes de instalar una app, instalar antivirus y evitar conectar dispositivos USB desconocidos.
Redes y juegos online: no compartir datos personales, no aceptar citas con desconocidos y supervisar el uso de computadoras en espacios comunes de la casa.
Qué hacer ante un ataque o estafa
En caso de hackeo o fraude financiero: corte el contacto inmediatamente, bloquee cuentas y tarjetas con su banco, cambie contraseñas desde un dispositivo seguro y conserve las pruebas (capturas de pantalla, datos de CBU/alias y chats).
Dónde denunciar: en Córdoba, se puede hacer la denuncia virtual en el portal del Ministerio Público Fiscal (denunciasmpf.mpfcordoba.gob.ar) o ante la UFECI ([email protected]). Si perdió el acceso a WhatsApp, solicite la suspensión a [email protected].
En casos de grooming o acoso: contenga a la víctima, resguarde las capturas de pantalla, no borre conversaciones ni confronte al agresor. Recurra a las líneas gratuitas de orientación: 137 (violencia digital), 102 (niñez) o 149 (asistencia a víctimas).
